A 29 años de las explosiones de Río Tercero, hubo acuerdo en la Justicia para el pago de indemnizaciones
El estado nacional viene pagando multas desde 2022 por el incumplimiento de las resoluciones judiciales; apenas asumió, Milei ordenó liberar fondos pero todavía no se canceló nada
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PARA LA NACION
CÓRDOBA.- A días de que se cumplan los 29 años de las explosiones en la fábrica militar de Río Tercero, en una audiencia realizada en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba hubo acuerdo entre los representantes del Estado Nacional y los de los perjudicados. Un comunicado de la Justicia indica que “se arribó a un acuerdo entre las partes presentes respecto a diversos aspectos que imposibilitaban la continuación de los procedimientos a los fines del cobro de las indemnizaciones, lo cual implicará en definitiva la finalización de las mencionadas causas judiciales y que las víctimas de las explosiones a casi 30 años de las mismas puedan recibir el resarcimiento correspondiente”.
Ya habían existido audiencias judiciales previas con las actuales autoridades. A los pocos días de asumir como presidente, Javier Milei firmó un decreto para liberar fondos y que se paguen las cerca de 10.000 indemnizaciones que el estado nacional les debe, desde hace casi 30 años, a los damnificados por las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurridas en noviembre de 1995. Hasta ahora no se giró nada.
En la audiencia estuvieron los camaristas Abel Guillermo Sánchez Torres, Graciela Montesi y Eduardo Ávalos recibieron a los representantes de los damnificados, encabezados por el abogado Mario Ponce; por Defensa participaron Laura Gauto y Carlos Guruciaga de Asuntos Jurídicos.
El gobierno nacional viene afrontando multas decididas por Justicia Federal de Río Cuarto en abril del 2022, son $400.000 diarios por no cumplir con el pago de indemnizaciones a damnificados por la explosiones. La sanción corresponde a 400 casos y se fijó en $1000 por cada uno. El Estado apeló oportunamente pero se confirmaron.
El pago de las indemnizaciones está contemplado en la ley 27.179 sancionada por el Congreso en 2015, que recién fue reglamentada tres años después. La Justicia determinó que el hecho fue intencional para encubrir un faltante de armas para venderlas a Ecuador y Croacia, durante el gobierno de Carlos Menem (el juicio al expresidente estaba previsto para días después de su muerte). Las condenas cayeron sobre mandos medios.
El 18 de diciembre pasado en el Boletín Oficial se publicó el decreto 56/2023 en donde se permite que el Banco Central emita hasta $3 billones más otros $4000 millones para hacer frente a “compromisos financieros inmediatos” y asegurar pagos, en un “esfuerzo” por garantizar la estabilidad financiera.
Entre los “compromisos” que menciona el decreto aparecen los establecidos por la ley nacional 27.139 de 2015, que señala el derecho a percibir una indemnización a aquellos que a esa fecha ya tenían reclamo judicial en marcha. Para cobrarlas, se debe desistir de toda acción judicial. El pago “se hará mediante la entrega de bonos de consolidación o bonos de consolidación de deudas previsionales”, agrega la resolución.
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