A 15 años de su desaparición se ahonda el misterio sobre el testigo Jorge Julio López

LA PLATA.- La causa que investiga el destino de Jorge Julio López, el testigo desaparecido hace 15 años, es un laberinto insondable compilado en 45 cuerpos con 50 anexos de miles y miles de fojas y ningún resultado. Tampoco prosperaron los intentos por determinar si existió desprotección o responsablidad del Estado en el hecho.

La familia López expresa su desazón a través de Rubén, el hijo mayor del albañil desaparecido misteriosamente en el populoso barrio de Los Hornos durante la madrugada el 18 de septiembre de 2006. Ese día tenía previsto ir en el salón dorado del Palacio Municipal platense a escuchar los alegatos del juicio que el Tribunal Oral Federal N °1 de esta ciudad sustanciaba contra el exjefe de Investigaciones de la policía bonaerense Miguel Etchecolatz y en el que había oficiado como testigo clave.

“En el expediente no hay nada que sirva para poder sacar alguna conclusión de lo que pasó con mi papá”, repite el hijo de la víctima ante cada requisitoria periodística.

El caso se encuentra hoy en manos del juez Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, quien días atrás recibió a Rubén López acompañado por su abogado, Alfredo Gascón Coti. Durante la audiencia se plantearon algunos temas pendientes de larga data como la profundización del entrecruzamiento de llamadas telefónicas, el perfil psicológico de la víctima y el análisis de sus dibujos, algo que el magistrado se comprometió a derivar para seguimiento del ministerio público fiscal.

El procesamiento de la información surgida de unas 10 millones de llamadas telefónicas geoloalizadas por las antenas en la zona del barrio Los Hornos donde López vivía y fue visto por última vez. Asimismo, se habló de la tarea de identificación de cuerpos NN en diferentes puntos del país. En este punto se realizó recientemente el relevamiento de los 128 libros de inhumaciones sin referencia de identidad del cementerio platense.

Según los fiscales a cargo del caso, Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda, la actividad de la causa es permanente y existen varias líneas de investigación abiertas que los funcionarios prefieren reservarse por prudencia y respeto a los familiares.

“Se ha trabajado mucho pero sin efectividad, eso está a la vista”, dice a LA NACION Gascón Coti y se queja amargamente por el modo como se resolvió la demanda presentada en 2008 para que se investigue a quien le cabía la responsabilidad de protección del fiscal. En aquel momento, la esposa del albañil Irene Savegnano -fallecida hace cuatro años- y sus hijos denunciaron a jueces, fiscales e incluso a los abogados que asistieron a López en el juicio oral contra Etchecolatz, por no haber tomado medidas preventivas para preservar la integridad del testigo.

“Según los mecanismos vigentes eran los operadores judiciales los que debían solicitar a las autoridades del Poder Ejecutivo, la custodia para los testigos”, aseguró Gascón Coti.

El caso, identificado con el número 9857, quedó en manos del hoy fallecido juez Manuel Humberto Blanco y el fiscal Rodolfo Molina. A cinco días de presentada la denuncia, el fiscal Rodolfo Molina pidió que fuera desestimada. Indicó que la ley 25.764, sancionada a mediados de 2003 por la que se creó el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal, no contemplaba ente los delitos previstos a los casos de “terrorismo de Estado”. A su vez recordó que el gobierno bonaerense lanzó un Programa de Vigilancia y Atención de Testigos en grado de exposición el 21 de septiembre de 2006, es decir tres días después de la desaparición de López. Para Molina en ese momento “no se verificaba un contexto individual ni general que permitiera visualizar esa situación de riesgo que ameritara protección”, concluyó.

“Inexistencia de delito”

En marzo de 2009 Blanco ordenó el archivo de la causa alegando que “no se observa en ninguna de las varias declaraciones prestadas por López que haya manifestado formalmente sentirse amenazado o tener temor de represalias por sus dichos. Ello implica -prosigue- que hasta el momento de su desaparición no existían elementos que permitieran visualizar una situación de riesgo para su persona”. El magistrado determinó la “inexistencia de delito” y absolvió a los imputados. No obstante, la familia ordenó a sus patrocinantes apelar y se llegó hasta la Casación, máximo tribunal penal del país. Luego de varias idas y vueltas, finalmente, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones ordenó, a fines de 2014, el sobreseimiento de todos los acusados entre los que figuraban los jueces Arnaldo Corazza, Carlos Rozanski -entonces presidente del TOF 1-, Horacio Isaurralde y Norberto Lorenzo; así como el fiscal interviniente Carlos Dulau Dumm. Los integrantes de la querella, Guadalupe Godoy, Liliana Mazea, Fernando Molinas y Myriam Bregman, a quienes también alcanzó la denuncia, resultaron, asimismo, exculpados.

En su fallo, la Sala IV, consideró que no hubo “delito alguno por parte de los magistrados y abogados intervinientes en los procesos en que la víctima compareciera como testigo”, ya que “hasta que ocurrió la desaparición no era visible un riesgo cierto contra la persona de la víctima”.

“Nunca quisieron investigar realmente esas responsabilidades ni el juez ni el fiscal”, opina Gascón Coti . Para el letrado, “López merecía ser cuidado como ciudadano y como testigo para esa causa y potencialmente para muchas otras y lo que se hizo resulta imperdonable”, sentenció.

La tensión y diferencias entre el abogado de la familia, Gascón Coti, y los miembros de Justicia Ya! es notoria. “A Julio no le hubiera gustado tener abogados como esos. Nos eligió a nosotros como abogados sabiendo que íbamos a acusar a Etchecolatz por genocidio”, disparó Bregman cuando se enteró que la acusaban de no proteger a López. Para la dirigente trotskista esa causa sólo sirvió para desviar la investigación sobre lo ocurrido a López.

En paralelo, los abogados de Justicia YA! elevaron en mayo de 2014 el caso López a la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para que se investigue la responsabilidad y aquiescencia del Estado argentino en la desaparición. Desde Justicia YA! creen que “durante estos 15 años de impunidad en el caso los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, con sus gobernadores Felipe Solá y Daniel Scioli, el de Mauricio Macri con María Eugenia Vidal y el de Alberto Fernández con Axel Kicillof, nunca impulsaron políticas concretas que permitieran el avance en la investigación. Ellos, junto a los distintos jueces que pasearon la causa, primero en la Justicia provincial y luego la federal, construyeron un verdadero monumento nacional a la impunidad”.

En septiembre de 2017 la CIDH aceptó el caso luego de recibir varios informes propuso iniciar una mesa de diálogo para intentar arribar a una “solución amistosa”. Si bien en un primer momento la entidad aceptó esa variante, ahora considera que “no puede haber solución amistosa cuando no sabemos qué pasó con López y cuando sus verdugos de ayer y de hoy siguen libres e impunes”.

Testimonio clave

La importancia del testimonio de López quedó de manifiesto esta semana cuando el registro audiovisual del testimonio ofrecido por López hace 15 años fue usado el lunes último por el TOF 1, presidido ahora por Andrés Basso, en la audiencia del juicio derivado de los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención conocido como “Pozo de Arana”. El testigo desaparecido también fue fundamental para probar crímenes cometidos por varios miembros de la policía bonaerense en las comisarías 5ta y 8va y la Unidad 9.

En la década de 1970 Julio López llevaba adelante una militancia barrial y participaba de distintas actividades sociales. En ese contexto se acercó a la Unidad Básica “Juan Pablo Maestre” ligada a la Juventud Peronista y Montoneros. El 27 de octubre de 1976, un grupo de tareas comandado por el comisario Etchecolatz lo secuestró de su casa. López estuvo en condición de detenido-desaparecido durante unos seis meses en diferentes centros clandestinos de detención donde fue torturado y asistió al asesinato de varias personas. En 1977 se dispuso su legalización y traslado a la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata de donde recuperó su libertad a mediados de 1979.

López mantuvo a su familia al margen de su militancia y sólo hacia finales de la década de 1990 comenzó a reunirse con otros sobrevivientes para reconstruir los hechos. En 1999 testimonió por primera vez en el Juicio por la Verdad sustanciado en La Plata. Su familia se enteró por el diario.

Al reabrirse los juicios tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, López volvió a ofrecer su testimonio. En noviembre de 2005 López declaró durante la instrucción de la causa contra Etchecolatz y participó de una jornada de reconocimiento en uno de los lugares donde estuvo secuestrado. El 28 de junio del año siguiente lo hizo en la audiencia pública el juicio oral. En la mañana del 18 de septiembre, tenía previsto asistir a la lectura de los alegatos del juicio pero nunca llegó. Desde entonces, falta López.

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