50 testigos, cuatro causas y medidas amplias, las claves del pedido de juicio político a la Corte Suprema

El pedido de juicio político a la Corte Suprema que auspicia el presidente Alberto Fernández y que presentaron este viernes15 diputados del oficialismo en la Cámara baja apunta a los cuatro jueces del máximo tribunal –su presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- a los que solicita investigar por mal desempeño en sus funciones. Argumentan que los magistrados perpetraron, en forma reiterada, “ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, invadiendo de competencia exclusivas y excluyentes de los restantes poderes del Estado”

La acusación por mal desempeño engloba a los cuatro jueces de la Corte, aunque se los investigará por separado pues las responsabilidades que les imputan son distintas entre ellos.

1) Los hechos sobre los que basan las acusaciones son los siguientes:

• Consejo de la Magistratura. En diciembre de 2021 los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda declararon la inconstitucionalidad de la ley que impulsó el kirchnerismo en 2006 para regular el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Dispuso que hasta tanto el Congreso sancione una nueva norma, el Consejo se integraría según el régimen legal anterior. Acto seguido, Rosatti, como titular de la Corte, asumió la presidencia del Consejo. Los oficialistas acusan a los jueces de haber avasallado facultades del Congreso al revivir una ley derogada; dictaron sentencias e invalidaron un decreto parlamentario del Senado “para ejecutar el asalto al Consejo de la Magistratura”; desconocieron sentencias de jueces inferiores arrogándose competencias que les eran ajenas mediante acordadas e invalidaron resoluciones parlamentarias de la Cámara de Diputados.
• Coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Los cuatro jueces de la Corte dispusieron que el Estado Nacional entregue a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de los fondos coparticipables, de forma diaria y automática, a través del Banco Nación. Según el oficialismo, la Corte Suprema con su fallo –al que calificó de “político y parcial”- no solo perjudica al resto de las provincias, sino que invadió atribuciones del Poder Ejecutivo y del Congreso al disponer cómo deben asignarse los fondos coparticipables. Aseguran, además, que hubo connivencia entre el máximo tribunal y el gobierno porteño en esta sentencia; para ello se fundan en la filtración de chats que cruzaron Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño. “Entre ellos existe una espuria connivencia en la cual se coordinan fallos judiciales del alto Tribunal que explícitamente benefician, en general, a la alianza política Cambiemos y en particular al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Pero, además, los chats publicados demuestran claramente que Rosatti, a través de Silvio Robles, ha desarrollado operaciones políticas específicas ejecutadas a través de arbitrarios fallos judiciales”, acusan los oficialistas.
• Caso Muiña: Por esta resolución, los jueces Rosatti y Rosenkrantz dispusieron que era aplicable el beneficio del “2x1″ en los delitos juzgados por lesa humanidad. Sancionada una ley del Congreso en sentido contrario, la Corte emitió un fallo posterior en el que volvió sobre sus pasos, pero Rosenkrantz mantuvo su postura original “con un ostensible desprecio por la sensibilidad y consciencia ciudadana”, acusan los oficialistas “Este juez se mantuvo firme en su postura, absorto y ajeno a la realidad social de nuestro país, e ignorando nuevamente los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino”, alegan.
• Obra Social del Poder Judicial: Los oficialistas acusan a los cuatro jueces incurrieron en un “incumplimiento sistemático y deliberado de las funciones de control y de administración de dicha obra social”. Por ello los hacen responsables de los “desmanejos” detectados por la auditoría que designó la Corte.

2) Entre las citaciones que propondrá el oficialismo para sustanciar la prueba se encuentran las siguientes:

• Funcionarios y empleados de la Corte Suprema. Entre ellos el vocero y mano derecha de Rosatti, Silvio Robles, como así también el administrador general del máximo tribunal, Héctor Marchi
• El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro (de licencia).
• Los once gobernadores que suscribieron el enjuiciamiento a la Corte Suprema, entre ellos sus principales promotores Jorge Capitanich (Chaco); Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).
• Organismos de derechos humanos: Entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; H.I.J.O.S. Red Nacional y CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales.
• Funcionarios que intervinieron en la elaboración del pedido de juicio político, como Carlos Zannini.
• Juristas que respaldan la posición del oficialismo, como el exintegrante de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni.

3) Asimismo, para sustanciar la prueba, los oficialistas solicitarán en la comisión que se libren oficios a las siguientes dependencias:

• La Oficina de Presupuesto del Congreso, para que estime el impacto fiscal del fallo que reasigna recursos coparticipables a la Capital.
• A la Comisión Federal del Impuesto (CFI) para que informe si ha tomado intervención, y en su caso si se ha expedido informe técnico, sobre la coparticipación correspondiente a la ciudad.
• Decretos y resoluciones con las designaciones de Laura Latorre, esposa de Silvio Robles, en el gobierno porteño.
• La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y/o organismo que se entienda competente para establecer llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas que resulten relevantes a los efectos de la investigación.

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