Guernica, con final abierto. La tensión no se disipa y crecen las evidencias de utilización política
LA NACIONMaría José Lucesole
LA PLATA.- La provincia de Buenos Aires busca mostrar iniciativa política ante la explosiva toma de tierras en Guernica, en el municipio de Presidente Perón. En la cuenta regresiva ante el desalojo pospuesto para el 1º de octubre, intenta evitar un conflicto violento. El gobernador Axel Kicillof ordenó a dos de sus ministros y a tres subsecretarios reunirse ayer con seis intendentes peronistas del Gran Buenos Aires para encontrar una salida pacífica antes de que se concrete el desalojo.
Los intendentes de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; de San Vicente, Nicolás Mantegazza; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Ezeiza, Gastón Granados, y de Presidente Perón, Blanca Cantero, se reunieron con los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y de Justicia, Julio Alak, para determinar los pasos a seguir en los próximos días antes de la medida judicial pospuesta hasta el 1º de octubre.
De la reunión participó el subsecretario de Participación Ciudadana del ministerio de Seguridad, Pablo Fernández, un área clave ya que ese ministerio será el encargado de hacer cumplir la orden judicial de liberar las más de 90 hectáreas ocupadas de manera ilegal.
Tras la última reunión las organizaciones sociales manifestaron su preocupación ante la ausencia de un plan de acción para la relocalización de las familias de la toma. Además, junto a los delegados de la toma, los referentes sociales emitieron un comunicado en el que denuncian "intentos de coimas y sobornos" por parte del gobierno provincial.
Esta versión fue desmentida por voceros del ministro Andrés Larroque, quienes aseguraron que lo que se está haciendo es un "registro de cada grupo familiar para encontrar un camino pacífico de desalojo, ya que no hay una política integral que pueda abarcar la heterogeneidad de situaciones".
En el ministerio sostuvieron que "algunas organizaciones sociales han elegido el rumbo de obstruir el diálogo entre el ministerio y las familias". Además, indicaron que trabajan "contra reloj" para "devolver a la gente a su lugar" antes del jueves.
De acuerdo con el censo registrado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad hay 2344 hechos físicos (carpas o techos). No obstante, esos asentamientos son sustancialmente menos que los 1904 grupos de personas allí apostados. De estos 1309 son familias con niños. Otras 307 son adultos solos y 288 son parejas sin hijos o adultos sin menores. Los 1904 grupos censados declararon un total de 2797 niños y adolescentes. Hay 1859 personas desocupadas.
Entre estas 1544 personas declararon que llegaron a la ocupación por estar empobrecidas y con imposibilidad de pagar un alquiler. Otros 183, debido a conflicto familiares; 51, por violencia de género. Y 32, por estar en situación de calle.
Las 1904 familias o grupos de personas fueron encuestadas sobre su procedencia. De estas 806 se negaron a responder (42 por ciento). Y otras 1098 (57.7 por ciento) sí respondieron. De los que sí afirmaron su origen 840 son de Presidente Perón y 258 declararon que provienen de otros distritos del Gran Buenos Aires. "Yo tengo identificadas 500 personas del distrito sobre 1903 personas que estaban ahí cuando se hizo el censo, pese a que hay 2344 casillas. Muchos ni siquiera pasan la noche en el lugar", dijo la intendenta a LA NACION. "Hay mezcla de gente que tiene necesidad con otros que ven aquí una oportunidad", dijo la intendenta. "El desalojo se va a dar, pero primero hay que buscar solución para la gente de buena voluntad", expresó la jefa comunal. Cantero observa muchas realidades dentro de la toma: incluso detectó la presencia de líderes políticos ajenos al distrito. Fue clara con las autoridades provinciales: "El caos y la anarquía no le sirven a nadie -dijo-. De ninguna manera puedo absorber tanta cantidad de gente", advirtió.
La intendenta destaca: "Está más que claro que la toma fue organizada. Pero incluso a las organizaciones sociales se les fue la mano. Están los vivos de siempre que lucran", destacó. "Estamos buscando una salida pacífica. La gente de la gobernación se verá con los referentes de izquierda que están allí organizando la gente del lugar para desactivar esta toma compulsiva", informó Cantero.
Los jefes comunales de la tercera sección la apoyan, pero afirman que los pobladores de otros distritos son minoría. Los alcaldes vecinos no reconocen a más de 50 pobladores propios, por cada uno de los distritos en la toma de Guernica. "Estamos para apoyar a Blanca. Buscamos interceder para que el desalojo sea en forma pasiva", dijo Gastón Granados, de Ezeiza. "Los municipios que tenemos familias en el lugar buscaremos que vuelvan a los domicilios, no se pueden quedar ahí", dijo el intendente. "Buscamos que sea lo menos traumático posible", completó Granados.
"Creemos que solo 100 de los 1903 no tienen dónde vivir. El resto creyó ver una oportunidad. Todos coincidimos en buscar un plan de acción para los que no tienen hábitat, pero no a los que vieron la oportunidad con la usurpación", expresó.
"Se busca consensuar con la gente y con las organizaciones que vuelvan a sus lugares. Queda esperar a ver qué posición toman", dijo otro de los intendentes vecinos. "Se les está dando una oportunidad para que desalojen", agregó.
"Claramente detrás de la gente de la zona con necesidad habitacional hay organizaciones que llevaron gente de otros distritos", admitió otro de los alcaldes. "Está claro que hubo mala praxis", reflexionó uno de los interlocutores de la reunión citada para intentar llevar calma ante el inminente desalojo.
Los intendentes peronistas se muestran juntos para abordar el tema que excede al distrito de Presidente Perón. "Es un tema provincial que hay que resolver", sostienen los alcaldes. Los jefes comunales creen que "llegó la hora de separar la paja del trigo". "Los que son activistas están identificados ante la Justicia, en la denuncia original. En ese marco ahora habrá que esperar que actúe la Justicia y el Ministerio de Seguridad", dijeron. Polo Obrero, Barrios de Pie y MTR son algunas de las organizaciones que ya se pronunciaron en defensa de la toma de Guernica.
El Ministerio de Seguridad supervisa por aire el tamaño de la toma. Sobrevuela las tierras de manera constante, según se informó. Un dato de estos sobrevuelos permitió conocer que en el lugar hay 440 parcelas deshabitadas. Todos estos datos están volcados en un informe presentado en el Juzgado de Garantías de Cañuelas, que interviene en el expediente tramitado a partir de la denuncia por usurpación. Ese juzgado, a cargo de Martín Miguel Rizzo, monitorea el trámite de desalojo aplazado para el 1º de octubre.
El gobierno provincial quiere evitar que haya un enfrentamiento entre policías con orden de desalojar y ocupantes, pese a que los reconoce como ilegales. Busca contra reloj una solución a las deficiencias habitacionales de los pobladores. No será sencillo.
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