1098 cargos judiciales sin activar, un anticipo de las trabas futuras

La reforma de la Justicia Federal que acaba de tener media sanción en el Senado deberá recorrer un largo y complejo camino para que pueda instrumentarse, aun cuando logre eludir el difícil obstáculo de lograr los votos necesarios en la Cámara de Diputados para que se convierta en ley.

Aun cuando el Gobierno tenga solucionado el problema político para que la reforma vea la luz, los inconvenientes para que se ponga en práctica son varios: 1) los cuestionamientos a su constitucionalidad, 2) los tiempos de instrumentación, 3) los recursos económicos necesarios, 4) los concursos para designar a los jueces y 5) la necesidad del oficialismo de acordar con la Corte para que habilite las nuevas cámaras y juzgados, un trámite indispensable para que esas creaciones en el papel tengan existencia real.

El texto aprobado en el Senado prevé que se van a crear 46 juzgados federales en Comodoro Py 2002. De ellos, 23 se conforman con la suma de los actuales 12 juzgados federales más los 11 juzgados en lo penal económico. Por lo tanto, no hay ninguna designación que efectuar. Al igual que en la Cámara Federal, donde se unen la existente con la Cámara en lo penal Económico.

Esta primera parte no exige mayores gastos, ni trámites, solo la aprobación de la ley, los cambios de denominación de los tribunales y a trabajar. Así, como por arte de magia, quedaría eliminado el monopolio de los 12 jueces federales de Comodoro Py sobre las causas de corrupción. De entrada, ya sería 23 y no 12.

Pero los otros 23 juzgados federales a crearse en la Capital Federal deberán tener un juez. Los empleados y funcionarios provendrán de las actuales secretarías de los juzgados federales y penal económico (tienen dos, una queda en el juzgado existente y la otra pasa al nuevo) pero deberán elegirse 23 nuevos jueces federales porteños. Se crean también cinco nuevos tribunales orales federales que se suman a los 8 existentes y hay que nombrar allí también, 15 nuevos jueces.

Es necesario convocar concursos para cubrir los nuevos 23 juzgados vacantes y los nuevos tribunales orales y la ley prevé que deben hacerse en un año y medio a lo sumo. Pero el Gobierno quiere jueces en lo inmediato, no quiere esperar tanto tiempo, y por eso la ley prevé designar suplentes. Provendrán de la justicia nacional ordinaria, con el acuerdo del Consejo de la Magistratura y del Senado.

Y acá empiezan a combinarse los problemas: la ley prevé que una vez que se cuente con el crédito presupuestario necesario y una vez iniciados los concursos, se designarán a los subrogantes. Sus nombres saldrán de una lista que debe hacer la Cámara Nacional de casación penal 10 días después de que la ley está en vigencia. A los 30 días a lo sumo -según la ley-, el Consejo debe elevar los nombres de esa lista con acuerdo del Senado, para que ocupen sus cargos como subrogantes, una vez que la Corte habilite los juzgados nuevos.

Los tiempos urgen, pero esta velocidad choca con la necesidad de aprobar un presupuesto con las partidas necesarias y con la convocatoria a los concursos.

El Consejo de la Magistratura acaba de publicar su presupuesto para el 2020 sin prever ni los cargos, ni los gastos que insuma la reforma judicial.

Eso sí, la planificación presupuestaria incluye los gastos del funcionamiento de juzgados y tribunales que ya fueron creados en el papel en distintos lugares del país, pero que todavía no han sido habilitados para funcionar. Son exactamente 1098 cargos judiciales (juzgados, cámaras, funcionarios, empleados, equipos técnicos) y en algunos casos hasta tienen jueces designados por concurso y en otros nunca se llegó a un acuerdo político para designar a esos magistrados. Lo cierto es que ninguno de esos tribunales vio aún la luz porque la Corte no los habilitó. Ese número incluye el personal de Cámaras de Casación, creadas años atrás, pero que la ley que les dio vida fue derogada por lo que esos cargos fueron descartados del presupuesto que analizó el Consejo de la Magistratura.

Este es otro fantasma que enfrenta esta reforma judicial, porque la Corte tiene la última palabra para habilitar el funcionamiento de los nuevos tribunales por crearse.

En la ley con media sanción en el Senado se crean en total 1739 nuevos cargos, de ellos 370 son nuevos cargos de jueces, fiscales, camaristas, defensores y fiscales, en todo el país, y 1369 son nuevos cargos de funcionarios y empleados. Este número es una proyección que surge de las estructuras específicamente descriptas en la ley y de otras mencionadas en general, pero que deberán crearse.

Una estimación del presupuesto necesario para instrumentar la reforma en todo el país, que hizo Junto por el Cambio, concluyó que de mínima hacen falta 10.046 millones de pesos. Solo de sueldos el costo anual de los cargos es de 5138 millones de pesos y la infraestructura para poner en marcha la reforma con las construcciones que son necesarias en todo el país demandarán unos 3537 millones de pesos, según evaluaron los equipos técnicos de Cambiemos.

Cuando el Gobierno anterior implementó el nuevo Código procesal penal sólo en Salta y Jujuy invirtió 122 millones de pesos, con 33 magistrados con sus equipos de trabajo, es decir que cada magistrado y su plantel insumió unos 3.700.000 pesos. Acá se están designando 370 magistrados y en la gran mayoría con equipos de trabajo. Si se proyecta ese número da un total de 1370 millones de pesos. A esto se suma un costo oculto de 5100 millones por ejemplo con los aumentos anuales del 40% en sueldos.

Una vez superados los problemas presupuestarios vienen los legales. La ley y el precedente Uriarte de la Corte indican que no pueden designar jueces subrogantes en juzgados nuevos. Por eso se prevé que habrá objeciones legales a las subrogancias. El Gobierno quiere emprolijar el asunto convocando primero a los concursos, pero no basta con ello.

El otro asunto constitucional es la estabilidad de los camaristas del crimen y los jueces de tribunal oral criminal, que no tiene lugar en la reforma, con lo que cuando se agoten sus causas, deberán jubilarse los que puedan, irse o quedarse y cobrar sin trabajar hasta jubilarse. Esto afecta su estabilidad como jueces y los magistrados anticiparon que podrían recurrir a la Corte para cuestionar la constitucionalidad de esta parte de la reforma.

Aún así, si el Gobierno aprueba el presupuesto, se convocan los concursos, aún deben superarse los cuestionamientos judiciales y la Corte habilitar los nuevos tribunales.

En el interior y el conurbano es otra historia. Allí se prevén crear 293 nuevos cargos de magistrados y 1226 funcionarios y empleados. Son en realidad 73 juzgados federales en el interior y en el conurbano, como en Tigre, Pilar, Tapiales, Reconquista en Santa Fe, Goya y Corrientes. Además, se sumaron nuevas cámaras federales en prácticamente todas las provincias y, en algunos casos, con más de una cámara. A los 73 jueces se les sumarán 92 fiscales y 53 defensores oficiales federales.

Este despliegue en todo el país requiere de concursos -que hoy duran en promedio cuatro años o más-, acuerdos políticos para designar a los candidatos, edificios para que trabajen y un presupuesto monumental para ponerlo en marcha.

La iniciativa que tenía Juntos por el Cambio de crear 94 juzgados federales en el interior del país, que nunca fue concretada, preveía un plan de instrumentación de 5 a 10 años.ß

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