“Por favor, dejame trabajar. Estamos reunidos”. Esa frase, escueta, me llegó como una respuesta a mi Whatsapp después de insistir para conocer qué novedades había en torno a cómo iba a seguir el cepo a las exportaciones de carne vacuna.
Fue en la noche del 15 de junio. Y el mensaje me lo mandó un industrial de la carne, atribulado, desbordado por interminables idas y vueltas con funcionarios del Gobierno, más concretamente del Ministerio de Desarrollo Productivo, para destrabar con alguna propuesta las ventas al exterior que el presidente Alberto Fernández había frenado el 17 de mayo en una reunión con empresarios, y que luego se oficializó el 20 del mes pasado.
No fue el único empresario con el que me contacté, pero fue el que contestó de manera tajante. No lo entendí como un enojo hacia mí, periodista al fin que quiere buscar un anticipo. Lo comprendí como algo mucho más profundo: me respondía alguien de un sector puesto entre la espada y la pared por el Gobierno que, con la excusa de frenar la suba de la carne con un fin electoral, derrumbó la recuperación de una actividad que, después de un ciclo de debacle por cierres de exportaciones, controles y pedidos de permisos burocráticos para poder vender al exterior llevados adelante por el kirchnerismo entre 2006 y 2015, en los últimos años estaba en un círculo virtuoso. Ese impulso, que sobrevino luego que el gobierno anterior quitara las trabas para exportar, fue el que posibilitó que el año pasado se alcanzara un récord exportado de casi 900.000 toneladas.
Frenar a la carne limitando la actividad ya es algo, como se dijo, que ensayó y fracasó el kirchnerismo. Cuando lo hizo, hubo una baja temporal del precio al público que luego estalló al caer la producción por el desincentivo a la actividad. Ahora, en mayo pasado, la carne aumentó igual un 6,1% según un reporte del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva).
“No sabemos, estamos esperando, nada todavía. Nosotros ya hicimos una propuesta”. Frases como esas, entre otras, formaron parte de la respuesta casi automática que se repetía desde el lado del sector industrial. ¿Qué esperaban? Que el Gobierno les dijera cuánto estaba dispuesto a dejarlos exportar vencido el plazo de los 30 días cumplidos el fin de semana pasado. Al final, lo permitido quedó en un hasta un 50% del promedio mensual exportado en 2020.
Se exceptuaron cuotas que tiene asignado el país, como la Hilton (29.500 toneladas hasta el año pasado) y 481 de carne para Europa y un cupo a los Estados Unidos (20.000 toneladas). Por otra parte, se frenó hasta fin de año la venta al exterior de siete cortes populares que, más allá del consumo local, en efecto no son de una predilección desesperada de los compradores externos: asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío.
La misma incertidumbre que tenían en el sector empresario la tenían en las entidades del campo agrupadas en la Mesa de Enlace. A ellas no las llamaron para ninguna negociación. Asistieron a algo ya cocinado. En rigor, solo las invitaron para un encuentro en Casa Rosada donde se dio a conocer el nuevo cepo y una promesa de un plan ganadero para la actividad. Una receta casi calcada de Néstor Kirchner, cuando en marzo de 2006 cerró las exportaciones de carne. ¿Qué hizo? Cerradas las exportaciones ordenó avanzar con un plan ganadero. Una contradicción lisa y llana donde se promete fomentar la actividad mientras se la frena por otro lado.
Salvando las distancias con el conflicto de 2008 por las retenciones móviles para la soja (subían del 35 al 41% para tocar un máximo de 48,7%), que enfrentó a Cristina Kirchner con el campo y duró cuatro meses, aquí otra vez los días se hacían eternos: hasta última hora había que aguardar si se conocía alguna novedad en la negociación, o imposición, del Gobierno con la industria frigorífica exportadora. En una de esas noches, por ejemplo, un industrial le confió a este medio que lo que se venía era una imposición del 50%.
Del lado del Gobierno, hubo hermetismo, información que salía en dosis reducidas. Celoso de que se escape algo antes del anuncio que quería realizar, jugó a correr el arco de los empresarios cada vez que trascendía algo como si ya estuviera cerrado.
Todo este proceso dejó otras lecturas, en este caso más políticas. Quizá porque se trataba más de una cuestión de precios o más de una muestra de fortaleza del ministro, el titular de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, monopolizó la escena frente a su par de Agricultura, Luis Basterra. A Agricultura, la cartera natural para el campo, la dejaron casi como un actor de reparto, secundario al que no obstante se recurre para darle el marco legal a alguna medida.
Ahora hay una promesa de avanzar en los próximos 30 días con un plan ganadero con medidas de financiamiento y hasta de beneficio fiscal. Una suerte de querer mostrar que se algo por impulsar la actividad pero con la contradicción de que el daño ya está hecho con el cepo a las exportaciones.