Volver al país federal
Es necesario dejar atrás la declamación del federalismo -que conjuga la unidad con la diversidad- y lograr su plena vigencia según lo consagra la Constitución Nacional: "La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal?".
Un objetivo esencial que impulsó la intromisión del gobierno nacional en las provincias era, y es, lograr la conformación de gobiernos locales permeables a las influencias de la autoridad central. A ese fin contribuyen las agrupaciones políticas que exaltan la lealtad a un líder político nacional y privilegian ese predominio más allá de las reales necesidades de las provincias.
Otro nubarrón que afecta grandemente al federalismo es la absorción de recursos tributarios por parte del gobierno nacional. Las crisis financieras que, por diversas circunstancias, afectaron la economía del país concluyeron en perjuicio de las provincias. Así, para atender los gastos de la guerra con Paraguay (1865-1870), la Convención Constituyente de 1866 determinó que los derechos de exportación e importación quedaran como una renta exclusiva del gobierno federal. Luego la insolvencia que produjeron los episodios de 1890 -además, salpicados de corrupción- desembocó en la creación de los denominados impuestos internos concebidos como ingresos de la Nación.
De la hecatombe que conmovió al mundo en 1928-1930 surgió el tributo a los réditos que iba a durar dos años y que bajo la denominación de impuesto a las ganancias permanece hasta el presente. Después de la elevada inflación que azotó al país en 1975, se implementó el IVA, que durante la actuación de Domingo Cavallo (1991-1995) fue elevado al 21% y cuyo alcance se extendió a casi todos los alimentos.
Cabe señalar que durante la presidencia de Alfonsín, en 1988, se sancionó la ley 23.548, que estableció un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos. Allí se dispuso que de la recaudación tributaria correspondía el 44% a la Nación y el 56% a las provincias. Como surge de la norma, las provincias se vieron beneficiadas por el porcentaje asignado, que es superior al de la Nación. Por su lado, la reforma constitucional de 1994 determinó que todos los tributos son coparticipables con excepción de los derechos de exportación e importación, que continúan siendo exclusivos del gobierno federal.
De lo prescripto por la ley 23.548 y la modificación de la Carta Magna se desprende un reparto equitativo y razonable. Sin embargo, tal panorama fue distorsionado por Cavallo-Menem mediante pactos y leyes que elevaron al 60% la participación del gobierno federal y redujeron al 40% la parte de las provincias en el reparto asignado por la ley. Así, a título de ejemplo, para la seguridad social se destinó el 11% del IVA, el 20% de Ganancias y el 20% del impuesto a las naftas. Para ello se alteró sensiblemente la distribución establecida en la ley 23.548. El régimen kirchnerista acentuó esta distorsión: hoy la Nación se alza con el 74% de la recaudación impositiva y las provincias solamente reciben el 26% restante. De este modo continúa el despojo de las provincias, que no tendrían dificultades si la ley 23.548 se cumpliera.
En estas condiciones, el federalismo es una utopía, pues los gobernadores se limitan a recibir las dádivas que el presidente otorga según sea el grado de adhesión que se le preste. Mientras tanto, el nuevo régimen de coparticipación fiscal sigue aguardando que el Congreso Nacional dicte la norma pertinente -que debió sancionarse en 1996- tal como lo exige la cláusula transitoria sexta de la Ley Fundamental.
Los candidatos de la oposición han manifestado la urgencia de encarar un nuevo vínculo, consistente en preservar la descentralización que caracteriza al sistema federal, pero mediante la cooperación y participación mutua entre la nación y las provincias. Hasta ahora este federalismo de colaboración sigue siendo una asignatura pendiente. Con el propósito de hacerlo realidad, la Procuración General de la CABA ha organizado unas jornadas que se realizarán a partir de este lunes y hasta el próximo jueves.
Están soplando nuevos vientos que alientan la esperanza de que se instale un federalismo de nuevo cuño, lo cual constituye un venturoso augurio del porvenir.