Volver a los ideales de 1983

Han pasado 40 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976. ¿Qué nos dice hoy ese traumático suceso? Cosas muy diferentes, a juzgar por las maneras de conmemorarlo. Para algunos, es el momento del recuerdo de sus víctimas. Para otros, se trata de una recordación genérica y ritualizada, como la prescripta por el Estado para los actos escolares. Desde 2011 se ha desarrollado otra variante: el "escrache" de personas acusadas de "colaboracionistas", consistente en masivas agresiones a sus fotografías, escupitajos incluidos. Otros, finalmente, se preguntan por qué sus muertos –otras víctimas de los años 70– no son incluidos en la conmemoración oficial.

Ciertamente, hay memorias en conflicto. En mi caso –sólo me atrevo a hablar en primera persona–, las interpretaciones fueron cambiando con los años, como ocurre siempre con nuestras miradas al pasado; reconstruir esos cambios me ayuda a entender cómo colocarme hoy ante la conmemoración.

Mi primera imagen global de la dictadura militar y el terrorismo clandestino de Estado se configuró con la Guerra de Malvinas.

También, con el "show del horror" que siguió, el derrumbe militar y las expectativas de la democracia. Se trataba sobre todo de Raúl Alfonsín, y de los horizontes que abría su convicción de que, para consolidarla, los responsables del terrorismo del Estado debían ser juzgados. Nunca Más primero y luego los Juicios a las Juntas me parecieron el mejor fundamento de una democracia ética y potente, exactamente lo inverso del Proceso, potente pero demoníaco.

Dictadura y democracia me parecían partes del mismo relato fundador. En 1993 escribí una historia de la Argentina en el siglo XX. Pensando en mis hijos y en otros lectores como ellos, dediqué un espacio extenso a describir en detalle lo que llamé el genocidio. Salvo este título erróneo –que hace poco reemplacé por "la masacre"–, todo lo que escribí entonces me parece válido hoy.

A fines de los años noventa, cuando la desilusión había erosionado la fe democrática de 1983, me cuestioné ese relato. Las expectativas iniciales habían sido excesivas. La ilusión ciudadana, imprescindible construir la democracia, había puesto muy alto el listón, y el salto fallaba, alentando no sólo la desilusión sino el rechazo a algunos valores centrales de la democracia.

A la vez, la imagen demoníaca del Proceso me pareció esquemática como reconstrucción histórica y contraproducente desde el punto de vista cívico y político. Era necesario mirar más atrás de 1976 para seguir el rastro de la violencia política y, sobre todo, su naturalización: la falta de asombro ante la muerte y hasta su celebración. Por otro lado, más allá del activismo cívico, en la historia son pocos los héroes o demonios; en general son hombres, cuyas conductas corresponden a una amplia gama de grises, la misma que descubrieron Hanna Arendt o Primo Levi con referencia a los campos de concentración del nazismo.

Desde entonces creo que la primera obligación cívica del historiador es la comprensión, sobre todo si espera que el juicio de los ciudadanos –y el propio, en cuanto tal– se construya sobre la única base sólida posible: la verdad. Esta preocupación está presente hoy en las investigaciones, muy profesionales, de jóvenes historiadores y avezados periodistas; también, en los trabajos dedicados a estudiar la memoria y sus problemas, cuyos autores se preocupan por el giro militante y faccioso de una versión que ya era muy fuerte antes de ser consagrada por el gobierno kirchnerista.

Esta versión se desarrolló gradualmente. En su comienzo, fue una vertiente intransigente del movimiento de derechos humanos, reticente a la propuesta de Alfonsín, para quien la verdad y la justicia debían confluir en una perspectiva responsable del futuro. Luego de un arranque promisorio, su impulso se detuvo, por la resistencia militar y también porque una corriente de opinión retaceó su apoyo y luego denostó sus logros. Por esa vía, Menem pudo decretar los indultos que en mi opinión fueron el gran punto de inflexión en la política de derechos humanos.

Desde entonces la intransigencia se apropió de la causa. Al principio fue sólo un tonito de voz, un admonitorio dedo alzado, una apelación al "deber de memoria" y una pretensión de ser ellos los justos, entre los pecadores. Nada preocupante, hasta que se fue imbricando con la reivindicación de los años setenta, sus ideas y también sus prácticas. Las veteranas organizaciones de derechos humanos se nutrieron con los sobrevivientes del setentismo, superficialmente conversos a la fe democrática, y también con las nuevas generaciones, para quienes la épica democrática decía poco y los años setenta eran parte de un cautivante relato heroico.

Quienes en 1983 eran las "víctimas" pasaron a ser "combatientes" –lo que en general es cierto– y se invitó a reivindicarlos como tales. En el clima cultural e ideológico en torno de la crisis de 2001 emergió el setentismo en su peor dimensión: la reivindicación de la violencia y la muerte. Y esto ocurrió, asombrosamente, bajo el paraguas protector de los derechos humanos.

Las consecuencias de este giro fueron graves. Se instaló la demanda de verdad y justicia para todos, incluyendo las víctimas de las organizaciones armadas, un reclamo muy legítimo, pero desdichadamente mezclado por sus voceros con la justificación del terrorismo de Estado como un acto de guerra. Entre ambas versiones, el espacio para la comprensión y la búsqueda de una salida superadora se hizo cada vez más estrecho.

Fue entonces cuando el kirchnerismo, sorpresivamente, incorporó los derechos humanos, sus organizaciones y sus consignas. En 2004 Néstor Kirchner se proclamó fundador de las políticas estatales de derechos humanos, derogó las leyes que impedían el juicio a los represores y a la vez comenzó a enlazar su relato político con el de esta versión, radicalizada y setentista. La reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad tuvo una importancia extraordinaria, pues saldó una deuda importante de la democracia, retomando la política de 1983, que los indultos de Menem habían clausurado. Pero mucho de lo virtuoso se desnaturalizó por un sesgo de los juicios hacia la venganza facciosa y persecutoria, que afecta tanto al Estado de Derecho como a la propia causa de los derechos humanos, que deben valer también para los reos.

El Estado centralizó y disciplinó la tarea de construcción de la memoria, hasta entonces saludablemente dispersa en muchas organizaciones sociales. Movilizó un denso aparato de promoción y propaganda y le dio a la conmemoración un tono confrontativo, bien ensamblado con su política radicalmente facciosa, que es el mejor alimento para el faccionalismo inverso.

¿Cómo hacer para que las memorias sobre el Proceso se reencaucen de modo que las diferencias no bloqueen las discusiones? Los historiadores, siguiendo el consejo de Marc Bloch, deberíamos proponernos comprender, antes de juzgar. Tratar de distanciarnos del maniqueísmo, enfriar las pasiones, ampliar la mirada, buscar el matiz. Sobre todo, tenemos que desmitificar la densa construcción explicativa que el kirchnerismo instaló como verdad de Estado.

Para los ciudadanos el problema es otro y tiene que ver con los valores de cada uno. Personalmente valoro la democracia institucional, republicana y pluralista, y soy consciente de que es una rara avis en un país donde la intolerancia arrasa con la discusión, como suele advertirse en las conmemoraciones de los 24 de marzo.

También soy consciente de que esa democracia, de bases tan escuetas, necesita sostenerse en valores e ilusiones. Por eso me parece necesario volver a 1983 y al acuerdo construido en torno de la democracia. Entonces, la justicia significaba Estado de Derecho y gobierno de la ley; memoria significaba debate plural y búsqueda de un acuerdo superador, y verdad significaba poner todo el empeño en buscarla, donde fuera. Volver a 1983 y a las ilusiones iniciales de la democracia es a mi juicio la mejor manera de decir hoy "nunca más".

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