Voluntad política y gestión para fortalecer la justicia en Rosario

La tragedia de violencia, crimen organizado y muerte que se reactivó en Rosario en los últimos tres años tiene parte de su explicación en que la cuestión fue abordada como suele hacerse en la Argentina: intentando tapar el sol con las manos, poniendo pequeños parches aunque se sepa que no solucionan nada, y esperando que el tema se resuelva solo.

Me quiero detener especialmente en el tema de los parches, especialmente cuando son mediáticamente atractivos, aunque en términos prácticos no sirvan para nada. Pongamos por caso la ley para el “fortalecimiento de la justicia en Santa Fe”, aprobada hace días en la Cámara de Diputados. Un nombre grandilocuente y con intenciones que nadie podría contradecir, pero que no ataca el meollo de la cuestión.

En términos judiciales, respecto de la lucha contra el narcotráfico, Rosario tiene un problema cualitativo, no cuantitativo. No es la cantidad de jueces lo que va a modificar los resultados, ni siquiera es la cantidad de presupuesto que se destine si no vienen acompañados de una genuina voluntad política y una inmensa capacidad de gestión. Santa Fe necesita, y ya de una vez por todas, un cambio radical de sistema, que instale el sistema acusatorio en la provincia, que permita hacer política criminal y que permita armar un cuerpo de fiscales federales con el empoderamiento necesario para ir atrás de estas mafias asesinas que siempre parecen ir más rápido que la respuesta aletargada del Estado.

Como Consejera de la Magistratura podría quedarme en la necesidad de designar jueces, incluso dar detalles de los tres concursos que están en proceso en la provincia. Pero eso no resuelve el problema. Si no dejamos de decir lo que queda bien decir y empezamos a hablar de lo necesario, vamos a seguir condenando a los rosarinos a este presente de miedo, tiros y muerte en el que están envueltos.

El sistema acusatorio es la prioridad, pero no es lo único que se debe hacer para empezar a dar vuelta esta situación. Es esencial conformar una “task force”, una fuerza conjunta, en línea con la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que agrupe a los poderes ejecutivos nacional y provincial, a jueces, fiscales, y a fuerzas de seguridad de ambas jurisdicciones trabajando codo a codo con los organismos especializados de control, para formar un frente sólido que pueda pelearle al narco.

Por otro lado, la Justicia debe entender que no tiene todas las herramientas y que un problema multidimensional se aborda con un equipo interdisciplinario. Son problemas demasiado complejos y el Ministerio Público Fiscal debe rodearse de gente de distintos ámbitos que hagan su aporte si quiere tener alguna posibilidad de atacar la problemática con éxito.

Es una buena noticia, al menos, que esta ley haya decidido la creación de nuevas fiscalías. Pero es un paso que no termina de solucionar el problema, si no viene acompañado de un cambio de fondo y el debido presupuesto para su implementación. Se necesita concentrar a jueces, fiscales y defensores en una ciudad judicial diseñada para cubrir las necesidades de implementación que requiere el sistema acusatorio. Donde todos los fiscales puedan trabajar en un mismo edificio, con una planta abierta que les permita flexibilidad y fluidez en el trabajo y en el intercambio de información, para darle dinámica y cooperación a un flujo de trabajo cada vez más complejo, más caudaloso y más urgente. Debe prever también la conformación de salas de audiencias, alcaldías y otros espacios necesarios para un mejor servicio de justicia.

Ni que hablar de la necesidad urgente de la extinción de dominio y de la creación de cárceles federales en la zona, fundamentales para que los narcos no sigan manejando el negocio desde la cárcel y para ir atrás del dinero, que es condición absolutamente necesaria para poder tener alguna chance de derrotarlos.

Soluciones de fondo, valientes y sin excusas, no hay vuelta que darle. Hablar con la verdad, desde nuestro leal saber y entender, es una obligación que tenemos todos los que estamos involucrados, de la manera que sea, en el servicio de justicia. Y es también una obligación moral de todos los argentinos, especialmente de los que elegimos la función pública.

Rosario tiene esperanza, Rosario no puede quedar abandonada. Pero para eso tenemos que animarnos a hacer lo que nunca se hizo: encarar el problema de frente y atacarlo en serio de una vez por todas. Cueste lo que cueste.

Consejera de la Magistratura Nacional

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