Violencia de género: poco cambia si sólo cambia la ley

En 2014 se cumplieron 5 años de la aprobación de la ley para la protección integral contra todas las formas de violencia. Un repaso por su grado de implementación muestra los claroscuros de importantes esfuerzos puestos en marcha desde el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales, que todavía no terminan de mostrar sus logros por la falta de producción y difusión de estadísticas oficiales, de mecanismos de monitoreo y de evaluación participativa.

La violencia de género es reprobada en forma casi unánime. Pero no todas las formas de violencia, sino sólo las más brutales y obvias. Y sin embargo, son las formas más sutiles las que permiten que la otra siga existiendo. Si el agravio a una mujer política por parte de un colega pasa desapercibida para el resto de quienes integran esa Cámara (recordarán, tal vez, el "¡Callate, atorranta!"), si los avances en las políticas que se implementan (muchas veces con esfuerzo y compromiso) desde los poderes ejecutivos y judiciales no son destacados con el máximo nivel de relevancia por las autoridades cuando se hace un balance de los logros de gestión, entonces la violencia contra las mujeres no ocupa el lugar que merece en la agenda política.

Eliminar la violencia de género requiere cambiar la cultura de una sociedad que todavía ignora las marcas de las violencias invisibles: la humillación, el descrédito de la palabra, la vulnerabilidad económica, la dependencia afectiva. Una sociedad que reserva para las mujeres un papel de subordinación, fragilidad y dependencia. Identificadas en esos roles, las niñas y jóvenes comienzan a construir sus vínculos a partir de un papel que pareciera serles otorgado socialmente. Si queremos mujeres plenas, capaces de dirigir sus vidas con autonomía y libertad, necesitamos transmitir este mensaje desde todas las formas posibles: la educación temprana, los medios de comunicación, las publicidades, la literatura, la cinematografía, la política.

Todas las semanas los medios de comunicación dan cuenta de nuevos episodios de violencia de género. Se trata, en la mayoría de los casos, de hechos de violencia física y sexual contra niñas, mujeres jóvenes o adultas, a manos de parejas, ex parejas u otras personas de sus círculos de confianza. En algunos de estos casos la violencia, como punto final de una realidad cotidiana que las marcó hasta entonces (a veces en silencio, otras veces con pedidos de ayuda desoídos) se cobra la vida de esas niñas o mujeres. Es entonces que, en ocasiones, pasan a ser casos "paradigmáticos": los recordamos por el nombre de sus víctimas.

Las estadísticas de la ONG La Casa del Encuentro muestran que en Argentina una mujer es asesinada cada 30 horas. Se nombra a estos hechos como femicidios, como forma de denunciar que son las mujeres quienes mueren a manos de parejas y ex parejas o en crímenes signados por la violencia de género. Estas estadísticas, que recogen la información publicada en los medios de comunicación, indican que en 2013 murieron 295 mujeres. Seguramente no es ésta la mejor fuente estadística, pero es la única con la que contamos (a diferencia de Colombia, Perú, España, Chile, Honduras, Uruguay, que son sólo algunos de los países que cuentan con estadísticas oficiales de femicidios, como se puede ver en el Observatorio de Igualdad de Género de Cepal).

Si comparamos con el caso de España, un país con una población similar a la de Argentina, la cifra de las casi 300 muertes anuales a nivel local se torna aún más dramática: en España fueron 54 las mujeres que perdieron la vida a manos de parejas o ex parejas en 2013, un número elevado pero decreciente desde la implementación de las políticas contra la violencia que se impulsaron hace una década e inspiraron a otros países.

De todos modos, de la mano de una tendencia regional hacia el tratamiento de esta violencia como una violación de derechos humanos, el marco legal en Argentina se fue perfeccionando y con él se mejoraron las herramientas judiciales para responder a los pedidos de protección de las víctimas. Así, se comenzó a trabajar en la capacitación de quienes deben aplicar las leyes y garantizar la protección de las mujeres: distintos actores dentro del Poder Judicial, las Defensorías y Fiscalías han tomado un rol protagónico aunque sea un trabajo que todavía tiene mucho camino por andar.

El monitoreo del trabajo que se hace desde la Justicia permite evaluar críticamente los avances, señalar las deficiencias e identificar la falta de coordinación dentro del Poder Judicial y de éste con el Poder Ejecutivo en políticas públicas de salud, contención emocional, subsidios económicos, políticas de vivienda, empleo y cuidado, que todavía son insuficientes, desarticuladas y poco difundidas.

De cara al año electoral, un buen ejercicio sería que candidatas y candidatos planteen públicamente cuál es su plan nacional para la erradicación de la violencia de género.

La autora es abogada, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), autora del informe Claroscuros en las políticas contra la violencia de género

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