Vicentin, una pésima decisión en el peor momento

El mismo gobierno que había enarbolado la idea de un Consejo Económico y Social para fomentar el diálogo, fortalecer el consenso y desarrollar políticas de Estado toma una decisión clave para el futuro del país de manera arbitraria, unilateral y sorpresiva en el peor momento posible: el avance sobre Vicentin en medio de la agudización de la pandemia, la crisis económica y el creciente descontento social consecuente debilita políticamente a un presidente forzado a liderar los segmentos más extremos del kirchnerismo para no aparecer totalmente desdibujado. A la vez, la decisión de Latam de abandonar el país, que podría precipitar en breve la huida de otras importantes corporaciones internacionales, evidencia un clima de negocios cada vez más hostil a la inversión privada, tanto nacional como extranjera, particularmente atemorizada por las inesperadas credenciales hipernacionalistas de un gobierno que se suponía moderado: las alusiones al drama que implicaría la potencial "extranjerizacion" de Vicentin espantan a cualquier ejecutivo o inversor. En este contexto, y considerando las complicaciones en la negociación con los bonistas, que podría desencadenar uno de los defaults más estúpidos de la historia financiera internacional (por su tamaño en relación con el PBI del país, la mala praxis en la negociación y la escasa diferencia entre las partes), la Argentina presenta un panorama desolador en lo económico, que prenuncia un tembladeral político e institucional, con el costo social que estas crisis sistémicas siempre generan en los sectores más vulnerables.

Quedan a la vista las múltiples divisiones internas de la coalición gobernante. El Frente de Todos no es más que un conjunto de compartimentos estancos con fuertes desconfianzas entre sí, vinculados radialmente con un Fernández que debe contener en simultáneo a los segmentos más radicalizados y a los que son víctima de esa misma radicalización. Al tope de esa lista están los gobernadores de Santa Fe y Córdoba, Perotti y Schiaretti. Los recursos que les gira el Tesoro podrán calmar transitoriamente su mal disimulada ira, pero no apaciguan a buena parte de sus votantes, que el sábado volverán a protestar en las rutas.

Resulta absurda la idea de "soberanía alimentaria" –pilar conceptual en el decreto mediante el cual se interviene a la compañía– siendo el país un tradicional exportador de esos productos. No existe en el mundo la hipótesis de una "guerra por los alimentos", mucho menos la amenaza de que algún otro país invada nuestro territorio para apropiarse de nuestros recursos o romper silobolsas. Queda ratificado el grotesco anacronismo ideológico del kirchnerismo, que necesita retorcer arbitrariamente la realidad para que convalide su modelo: hermana la intervención estatal en empresas icónicas y sólidas como Lufthansa mediante la compra de acciones o de deuda corporativa, con un intervencionismo extremo y una onerosa expropiación de una empresa concursada.

Asombran las contradicciones argumentales del oficialismo

Escalan y asombran las contradicciones argumentales del oficialismo. El Presidente cuestionó que Vicentin importase soja de Paraguay o que enfrentara allí causas judiciales. ¿Es eso una violación de la supuesta "soberanía alimentaria"? También afirmó que tomar el control era una manera de intervenir en el mercado de trigo, sin explicar los motivos por lo cual eso es apropiado ni considerar que se trata de un segmento en el que la empresa tiene una presencia absolutamente marginal. Al mismo tiempo, se habla de contribuir con la oferta de divisas, que de todos modos pasan por el Banco Central; además, nada alimenta más la propensión de argentinos y extranjeros a sacar los dólares del país que esta clase de medidas. Y la falta de coordinación entre las áreas del Gobierno es cada vez más preocupante. Los principales funcionarios vinculados –como reconoció el ministro de Agricultura, Luis Basterra– ignoraban la movida presidencial (mejor dicho, del Instituto Patria) y se enteraron por los medios.

No tiene asidero que la expropiación de Vicentin permita mejorar la regulación de la industria, evitar los supuestos excesos de otros jugadores o ayudar a los pequeños productores: se trata de una incongruente manera de intervenir en el sector más competitivo del país como lo es la cadena agroindustrial. Esta decisión podría disparar nuevos mecanismos dirigistas y autoritarios para controlar el mercado de alimentos. ¿De qué otra manera el Estado lograría, por ejemplo, que le vendan los productores que ya se manifiestan en contra de esta violación a la propiedad privada, que rechazan desde siempre las retenciones y que, además, se expresaron en las urnas en contra de este gobierno? Lo más probable, por lo tanto, es que se promuevan medidas coactivas (como obligar a sostener el volumen previo de negocios como condición para cobrar la deuda acumulada) o que se establezca la obligación de venta al Gobierno por cuotas.

La expropiación de Vicentin solamente se comprende como una tardía vendetta por la derrota de la 125 y sus consecuencias. De esa rebelión fiscal surgió la semilla que luego derivó en la constitución de Cambiemos. Se agiganta la grieta que despedaza a la sociedad y se promueve la movilización de un actor social que puede darle a la oposición el electroshock que necesita para posicionarse ventajosamente de cara a las elecciones de 2021 y 2023. Y se aviva el fantasma del "vamos por todo", que aterroriza y podría aglutinar a amplios sectores del electorado decepcionado por la debacle económica y la ceguera política de Macri, que buscó en 2019 otras opciones. ¿Cómo hará el Gobierno para mitigar los costos electorales de la radicalización ideológica, que puede poner en riesgo la sustentabilidad del Frente de Todos? La creatividad vernácula en materia de reglas electorales puede ayudar a controlar el daño. La excusa de la emergencia es ideal para suprimir el gasto que representan las PASO y evitar revelar la debilidad del partido gobernante en un escenario como el del año próximo, que muy probablemente combinará recesión, desempleo, inflación e incremento de la inseguridad: imposible que esto no influya en las preferencias de los votantes. La debacle del anterior gobierno como consecuencia del desastre electoral del 11 de agosto constituye un argumento muy consistente para eliminar unas primarias que, vale recordarlo, fueron impuestas por Kirchner como corolario de la dura derrota sufrida en las elecciones de mitad de mandato de 2009.

A la vez, el caso Vicentin viene como anillo al dedo para justificar una estatización total del financiamiento de las campañas electorales. ¿No se puede argumentar que el apoyo que dio la empresa a Cambiemos antes de las elecciones volvió en forma de generosos créditos de la banca pública? Es cierto que en estas cuestiones nadie tiene más expertise que el kirchnerismo, incluido el escándalo de Antonini Wilson y el triple crimen de General Rodríguez. Esto surgiría en cualquier debate parlamentario, donde además se requiere de una mayoría calificada. Pero Vicentin deja al descubierto una concepción autoritaria y anacrónica del poder, tanto en lo económico como en lo político, con el riesgo potencial de provocar nuevas reformas que restrinjan las posibilidades de la oposición de capitalizar en votos esta energía negativa que ya se expresa en un segmento creciente de la sociedad. Una vez más, lamentablemente, la Argentina tiene todo el pasado por delante.

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