Vacunas en farmacias, el eficaz derecho a la salud

En la lucha contra el Covid-19 durante 2020, el Estado no estuvo a la altura de las circunstancias. Falló en el control de fronteras al comienzo de la pandemia, después de haberla subestimado, y se contradijo avalando eventos multitudinarios en la vía pública mientras ordenaba cerrar actividades productivas. Omitió testeos y detección de contagios tempranos y, con cuarentenas extremas, debilitó la situación económica general, agotando las reservas de comercios e industrias.

En lo referido a la vacunación, al Gobierno se le deslizó el escándalo de la aplicación vip clandestina. También equivocó el rumbo en la gestión con todos los fabricantes de vacunas posibles, sea por impericia en la negociación o porque el Estado no tiene el dinero para pagarlas. Y pagarlas por adelantado porque, a todo esto, el crédito argentino no goza de buena salud.

En esta misma línea, la percepción de la opinión pública sobre la gestión de la crisis del Covid-19 marca una caída progresiva en la imagen de los principales gobernantes, según lo explica el reciente informe del Observatorio de Política Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.

En todo este escenario el Gobierno decidió que únicamente el Estado Nacional sea quien pueda adquirir vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19, según la ley 27.573 y el decreto 260/20. Sencillamente prohibió que una persona o empresa esté habilitada para importar y comercializar la vacuna.

A un año de iniciada la pandemia –con sus zigzagueos políticos- sostengo que llegó el tiempo de revisar y sustituir ese obstáculo para habilitar a que toda persona, empresa o grupos de empresas pueda importar y traer estas vacunas al país. La colaboración público-privada será mejor aliado que el monopolio estatal en la protección del derecho a la salud de las personas.

¿Cuáles son los beneficios de la habilitación para adquirir y comercializar vacunas para toda la comunidad?

1) Acelerará la denominada “inmunidad de rebaño” o colectiva. Por cada persona más que se inmunice, se alcanzará más rápido la estadística sobre el número científicamente necesario para debilitar la cadena de contagios. 2) Liberará cupos a asignar sobre las pocas dosis públicas adquiridas por el país. Cada persona vacunada “por su cuenta” saldría de esa fila y consecuentemente acortaría el plazo de espera de aquellas que no puedan o no quieran comprarla. 3) Abaratará los costos del erario, ya que por cada dosis abonada por un privado habrá un ahorro por el Estado que podrá ser utilizado en otro fin. Por ejemplo, comprar más vacunas y los insumos médicos tan reclamados por el colectivo de la sanidad. 4) Generará ingresos por la recaudación impositiva a gravar por cada compra de dosis, que también podrá ser utilizado en otro fin. Utilizo el mismo ejemplo: el Estado podrá comprar más vacunas e insumos.

Puedo agregar otros beneficios asociados al ejercicio de la libertad individual –cercanía y comodidad del centro, elección del fabricante, precios, entre otros-, aunque estas ventajas colectivas ya ameritan la revisión de la reglamentación vigente.

Brasil autorizó el procedimiento de adquisición de vacunas privadas (ley 534/21), y Colombia se aproxima a hacerlo en poco tiempo. Por su parte, Italia y España se apoyan en la sanidad privada para la aplicación de las dosis en las farmacias.

En nuestro país recientemente ingresó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que autorizaría a cualquier interesado a importar vacunas y a la vez donar parte ellas al Ministerio de Salud.

No hay afectación a la igualdad ni mucho menos discriminación. ¿Acaso sería discriminatorio comprar y aplicarse una vacuna en un centro privado aunque esté pautada en la ley de vacunación obligatoria? ¿Dónde se aprecia una lesión a los derechos de otros? Ningún planteo serio cabe en pleno siglo XXI.

En síntesis, desaprovechar el aporte que puede acercar el sector privado implica mantener una soberbia estatal combinada con la mala praxis que demostró durante 2020.

El Gobierno tuvo mucho tiempo para comprar de manera exclusiva las vacunas. No fue exitoso. Es momento que derogue ese monopolio y admita la participación privada. La salud es demasiado importante para no permitirlo.

Catedrático de derecho (Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires), abogado y doctor en Derecho (Universidad Complutense de Madrid)