Una tesis jurídica inquietante para el poder
La justicia brasileña utilizó una novedosa tesis jurídica, la "teoría del dominio del hecho", para condenar por corrupción a José Dirceu, la ex mano derecha de Luiz Inacio Lula da Silva en su gobierno y figura emblemática de la izquierda brasileña. En la Argentina ya se aplica esta tesis, pero sólo en los juicios por violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura.
Este paso de los derechos humanos a la política, de los crímenes de lesa humanidad a la corrupción, podría poner en aprietos tanto a la presidenta Cristina Kirchner como a sus principales colaboradores si se repitiera también en este campo la natural influencia que Brasil ejerce en la región. Es decir, si el juicio por corrupción contra la cúpula del Partido de los Trabajadores (PT), en el gobierno desde 2002, fuera imitado en la Argentina.
La "teoría del dominio del hecho" fue creada por el jurista alemán Claus Roxin, muy citado en los diversos juicios al ex dictador Jorge Rafael Videla y a otros jefes militares, pero también en la causa en Jujuy contra el empresario Carlos Pedro Blaquier, presidente de Ledesma.
Roxin introduce el concepto de la "autoría mediata" y la figura del "hombre de atrás del escritorio", que no estuvo presente en la escena del crimen, pero que desde su posición de poder impartió las órdenes que permitieron que se cometiera el delito; sin su decisiva intervención, ese delito no habría podido realizarse.
Es decir que ya no es necesario, según Roxin, encontrar pruebas directas, concretas, irrefutables, fuera de toda duda razonable, sobre los acusados, quienes, de acuerdo con su tesis, resultan en última instancia los principales responsables de los delitos cometidos. Y son condenados a una pena similar a la de quienes cometieron efectivamente esos crímenes, los autores materiales. No es necesario que, por ejemplo, Videla haya secuestrado, torturado o matado a una persona; la tesis de Roxin permite condenarlo por su "rol decisivo en una organización delictiva".
Es similar al popular "no podía no saber" que en Italia guió los procesos judiciales por diversos casos de corrupción, conocidos como Mani pulite (Manos limpias), que veinte años atrás descabezaron al poder político del país.
La tesis de Roxin tiene sus detractores, no sólo entre los defensores de los jefes militares juzgados en nuestro país, que señalan que, de esta manera, el derecho penal entra en un terreno muy resbaladizo, muy sensible a los deseos e intereses del poder político de turno.
En la región, la tesis también se aplicó para la extradición y condena del ex presidente peruano Alberto Fujimori por diversos delitos. En el caso brasileño, "Zé" Dirceu fue condenado a diez años y diez meses de prisión, además de a una multa equivalente a 340.000 dólares.
Los miembros de la Corte Suprema de Justicia brasileña llegaron a la conclusión de que, por su rol de jefe de Gabinete y su influencia decisiva en el Partido de los Trabajadores, Dirceu era "el hombre de atrás del escritorio" que fue el creador de una red de corrupción para asegurar al gobierno de Lula una amplia mayoría legislativa. En concreto, el PT pagaba mensualidades de unos 13.000 dólares más un bono anual a diputados de distintos partidos; ese dinero era desviado del Estado a través de distintos mecanismos que involucraban a consultores, publicistas y banqueros.
En el caso argentino, tomando como hipótesis el caso Ciccone, ya no sería necesario encontrar pruebas de la supuesta amistad entre el vicepresidente Amado Boudou y el empresario Alejandro Vandenbroele; el atajo jurídico creado por Roxin podría incluso estirar el caso hasta la propia Presidenta. Esto explica por qué algunos medios de comunicación oficialistas pusieron el grito en el cielo al tratar la noticia sobre la condena a Dirceu y sus compañeros del PT, que ahora aceptan las penas con la resignación de militantes veteranos, tal vez convencidos de que han sido sacrificados para salvar a la estrella del partido, el ex presidente Lula, que, como tal, estaba por encima de todos los condenados.
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