Una soberanía hipócrita
En 1994 dictaba mis clases de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Promediaba el año y mis alumnos eran jóvenes que abordaban la materia entre las primeras de sus carreras de abogado. Había tomado y corregido los exámenes parciales y comencé aquella clase informando la calificación obtenida a cada estudiante. Fue entonces cuando alguien me anunció que Paola ya no conocería el ocho que había merecido su prueba. Pocos días antes, el criminal atentado a la AMIA había acabado con su vida.
Pasaron muchos años y, siendo jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, pude conocer a los padres de Paola. Llegaron a la Casa Rosada buscando que el Gobierno garantizara una investigación adecuada que les permitiera sobrellevar el dolor que cargaban. Con todo lo que les había tocado pasar, aún sacaban fuerzas no sé de dónde en procura de la verdad. Con su hija muerta, sólo reclamaban castigo para los autores.
Durante muchos años nuestro país demoró la averiguación de lo sucedido. Una cadena de encubrimientos distorsionó la investigación inicial y limitó la persecución a la "conexión argentina". Finalmente, una sentencia anuló lo actuado y todo volvió casi a foja cero.
Kirchner reclamó rápidamente una nueva pesquisa y puso en manos de la Justicia toda la información con la que contaba el Estado. Tiempo después conocimos el dictamen fiscal que señalaba la presunta responsabilidad que tuvieron en el hecho funcionarios del gobierno iraní . Desde entonces, la Argentina reclamó infructuosamente que esos imputados se sometieran a la Justicia mientras Irán los protegió poniendo en duda la imparcialidad de nuestros tribunales.
En ese cuadro controversial, venimos a enterarnos ahora de boca de la misma Presidenta que negociaremos con Irán dónde juzgar lo ocurrido. Nos ha advertido también que ya le ha ofrecido al gobierno islámico que un tercer país juzgue los hechos, por lo que es razonable pensar que por ese carril pasará la propuesta.
En estos últimos tiempos hemos escuchado discursos oficiales que reivindican la soberanía nacional. Para ser más soberanos "recuperamos" una empresa petrolera, intervenimos la producción y distribución de papel de diario y hasta "expropiamos" a los amigos del vicepresidente una empresa quebrada dedicada a la impresión de billetes. También para ser más "soberanos" le decimos al FMI que no se meta con nuestras estadísticas.
Sin embargo, no hay mayor gesto de soberanía de un país que aplicar sus leyes en su territorio. Cuando la Presidenta reconoce su disposición para "negociar" la jurisdicción en donde se investigue el atentado a la AMIA anuncia, lisa y llanamente, la posible renuncia a que nuestros jueces apliquen nuestro derecho cuando los hechos criminales ocurren en nuestra tierra. Toda una renuncia a la "soberanía" que deja en evidencia con qué flexibilidad el gobierno nacional administra ese concepto.
Más allá de lo que la Presidenta expresa, todos debemos saber que el Gobierno está proponiendo discutir con los imputados de aquel fatídico atentado sobre quiénes serán sus juzgadores. Implícitamente, ello supone poner en tela de juicio a la justicia argentina y dar aval al argumento iraní sobre la falta de imparcialidad de nuestros tribunales. Intuyo que la Presidenta sabe de qué hablo y que conoce también la hipocresía que conlleva invocar la búsqueda de justicia cuando se formula semejante propuesta. Por eso reclama a todas las fuerzas políticas del país que se "involucren" junto a ella aceptando tan enorme claudicación.
Pero la decisión adoptada tiene un alcance mayor por encima de semejante resignación soberana: también posterga las legítimas aspiraciones de quienes aún hoy reclaman poner fin a la impunidad. ¿De qué sirvió marchar cada 18 de julio por la verdad y la justicia si todo queda reducido a una lamentable negociación diplomática? Extraña ironía de estos tiempos en los que el Gobierno reclama en las marchas castigo para los culpables y favorece en la diplomacia la fuga de los acusados.
No sé cuál es el objetivo que encubre la negociación diplomática, pero no dudo de que existe y que nada tiene que ver con el esclarecimiento del hecho. Es entonces cuando queda al descubierto la hipocresía de un discurso en el que mientras se enarbola el derecho soberano de vivir sin estadísticas -porque tan erróneas son las apreciaciones del FMI como falsos los datos oficiales- se declina la soberanía de nuestros tribunales sobre sucesos ocurridos en nuestra tierra.
Mientras tanta hipocresía se adueña del poder, me pregunto cómo habrán recibido la noticia los padres de Paola. Supongo que sentirán lo mismo que cada uno de los familiares de aquellas victimas que aún no encuentran el consuelo de la justicia. Los mismos a los que la Presidenta ignora en procura de hacer más llevadero el "reclamo" de los acusados.
Soy de los que piensan que ninguna sociedad vive en paz si la justicia no impera. Por eso no quería quedarme callado en esta hora. La memoria de Paola y de quienes murieron ese día junto a ella así lo exigen.
© LA NACION
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