Una nueva mayoría para la integridad pública
El cambio político que se llevó a cabo en diciembre del 2015 estuvo signado por la demanda de calidad ética e institucional. Si las movilizaciones opositoras de 2013 y 2014 habían tenido esta misma marca y el electorado de Cambiemos fue aglutinado, al menos en parte, por esta motivación con posterioridad, esta demanda se multiplicó en la actualidad. En efecto, si la transparencia y la rendición de cuentas eran una demanda opositora antes de 2016, hoy suma la expectativa no sólo de quienes votan al oficialismo nacional, sino también de quienes apoyan otras alternativas. El cambio más importante que ya produjo Cambiemos es que la expectativa de un mejor funcionamiento institucional se volvió un suelo común de los argentinos.
La coalición oficialista viene dando respuesta a esta expectativa en varios niveles de gobierno. El primer paso fue la recuperación de las estadísticas económicas nacionales. Tanto a nivel nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad se han dado pasos clave. Nuevas leyes y reformas de normas deacceso a la información pública, portales de datos abiertos con declaraciones juradas patrimoniales y de seguimiento de presupuesto y de obra pública, son algunos ejemplos de un cambio real. Sin embargo, es legítimo que la ciudadanía pida más. La demanda de integridad en la gestión pública es uno de los pocos puentes que cruzan los antagonismos políticos actuales. Es una novedad para celebrar. Por eso, la demanda es más intensa que nunca, y las expectativas deben ser progresivamente satisfechas, ya que implica realizar cambios culturales tanto a nivel de los altos niveles de decisión política como en los niveles de administración cotidiana de la cosa pública. Se trata de evaluar cuánto esas expectativas son satisfechas, por supuesto, pero también de interpretar el sentido en el cual están encaminados los cambios que se realizan.
La transversalidad de esta agenda es temática -abarca muchos sectores de la administración- y es política: requiere la construcción de consensos que hagan de las medidas de transparencia y de gobierno abierto, un patrimonio común de los diversos partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas especializadas. En otros tiempos, estas banderas eran vistas como propias de un sector político. Hoy deben ser de todos. En efecto, en la medida en que todos los sectores políticos tienen expectativa de gobernar alguna vez, deben colaborar para la elaboración de un marco que, simultáneamente, mejore los controles de los procesos de toma de decisión en términos de integridad y de gobernabilidad. Por ese motivo, es fundamental experimentar con diversos mecanismos de participación y fomento de la discusión pública. Tanto a nivel nacional como de la ciudad de Buenos Aires se han realizado procesos de discusión valiosos, que enriquecieron propuestas de reforma institucional y ensancharon sus bases de consenso.
Recientemente el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, junto a referentes legislativos del bloque Vamos Juntos, lanzaron el Sistema de Integridad, un conjunto abierto de medidas en marcha, a implementarse próximamente y de proyectos de ley ya presentados o en proceso de discusión. Entre los proyectos de ley se destacan los que regularán y harán más transparente y más trazable la obra pública, la publicidad oficial, la conducta de los funcionarios (ética) y el comportamiento de los proveedores de bienes y servicios de la ciudad.
La integración al mundo requiere cada vez mejor gobernanza, como la que exige la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de la que tenemos expectativas de que nuestro país sea miembro pronto. La legitimidad de los gobiernos democráticos requiere de la confianza pública en la integridad de sus decisiones que sólo se construye con instituciones sólidas. Sigamos exigiendo y construyendo juntos estos pasos.
Subsecretario de Reforma Política y Asuntos Legislativos, Ministerio de Gobierno, GCBA
Por Hernán Charosky
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