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Una Justicia paralela
En una situación marcada por la cada vez mayor presión sobre el sistema judicial, el Congreso aprobó recientemente un paquete de leyes que parece destinado a lesionarlo gravemente, tanto que la recuperación será un proceso largo y difícil. Si bien éste ya hace mucho ha dejado de ser -si alguna vez lo fue- un estandarte de independencia y eficacia, lo cierto es que en los últimos años se han impulsado varias leyes que han tenido por finalidad hacerlo aún más vulnerable. Una de éstas es la nueva ley de subrogancias que la mayoría automática del Consejo de la Magistratura rápidamente comenzó a utilizar y que le permite al Gobierno tener cada vez mayor control sobre los jueces y designarlos a dedo en cargos estratégicos. Pero no es la única, pues idéntica gravedad revisten la ley de implementación del Código Procesal Penal y las nuevas leyes orgánicas del Ministerio Público y el Poder Judicial.
Fue evidente en el caso de la "democratización" de la Justicia que no se trató de fortalecer la Justicia y su autonomía con respecto a otros poderes. El objetivo de todas las recientes leyes sancionadas no ha sido el de reorganizar el sistema para que brinde un mejor servicio a la población, o dotarlo de herramientas para que pueda enjuiciar de manera más eficiente a las organizaciones criminales cuyas acciones afectan de forma creciente la vida de toda nuestra sociedad. El objetivo es procurar la dominación del Poder Judicial y de la Fiscalía.
Tomando en cuenta la situación actual, es necesario destacar la nueva ley de subrogancias, que ya ha sido declarada en sus primeros artículos contraria a nuestro sistema constitucional. Al igual que sucedió en el Perú de Fujimori y con Chávez en Venezuela, esta ley busca generar una masa de jueces interinos ubicados en lugares estratégicos. Es decir, permeables al poder político, y cuya designación y permanencia quedan asociadas a coyunturales mayorías. Nada más gravoso para la independencia judicial. No estamos frente a hechos aislados, pues la reforma de las leyes del Ministerio Público van en la misma dirección y generan mecanismos que lejos están de garantizar mínimamente la independencia de los fiscales y, por ende, la imparcialidad de las investigaciones que se realicen.
La propia Constitución Argentina les otorga a los jueces e incluso a los fiscales una serie de garantías para evitar situaciones como la descripta, pero el poder de turno intenta seguir avanzando en su construcción de una Justicia paralela. Integrada por jueces militantes y jueces subrogantes (las primeras evidencias muestran que también serán militantes), esta Justicia paralela olvida el rol de contrapeso que tiene sobre los otros dos poderes. El Judicial debe ser un poder contramayoritario, que pone límites a los abusos del Estado como ente abstracto e impersonal, y a los gobernantes de turno para que no se conviertan en autoritarios.
Director de Unidos por la Justicia y consejero suplente del Consejo de la Magistratura de la Nación
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