Una Justicia con pocas garantías

La Corte prevé elegir nuevo presidente la última semana de este mes. Una decisión adoptada antes que la pandemia forzara al gobierno a trasladar las PASO del 8 de agosto al 12 de septiembre. La idea de mantenerla es demostrar su impermeabilidad a cualquier evento externo. Pero también a la injerencia del sistema político en sus resoluciones. Por eso la mayoría tilda de “la impotencia de los falsos influyentes” al proyecto de ley que intenta facultar al Congreso para hacerlo. Es lo que trasciende por un ácido rumor que circula en Tribunales.

Algunos habrían pedido saber de antemano quién será el sucesor de Carlos Rosenkrantz para no quedar descolocados. La máxima autoridad del Poder Judicial tendría otro propósito menos visible que desairar lobistas: volver a marcar diferencias con las Cortes provinciales. En especial la de la provincia de Buenos Aires. Quizás la más importante. Y en apariencias, sensible como pocas a esas influencias. Si es la intención, podría resultarle conveniente seguir el derrotero de la causa Pay Diamond en el fuero Criminal y Correccional.

Desde mediados de 2020 está en poder de Guillermo Rongo, titular del juzgado N”22. El mismo que en 2017 cedió su competencia en este caso al juez de Garantías N”8 de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, que ya investigaba la asociación ilícita entre Enrique “Quique” Antequera, Mary Saravia y barras de Boca Juniors en la feria La Salada. Antequera y Saravia están involucrados en Pay Diamond. Una estafa de 60 millones de dólares con la supuesta compra de piedras preciosas que perjudicó a miembros de la comunidad boliviana.

Vitale tiene pedido de enjuiciamiento por su participación en esta causa. Uno de los cinco que la Procuración General elevó a la Legislatura bonaerense que sigue sin resolverse. Para suspender al juez y llamarlo a indagatoria es preciso que ese trámite avance. Vitale fraguó pruebas para facilitar el regreso del expediente al fuero inicial, como solicitó Fabián Améndola, abogado defensor de Saravia. Pero esta vez no al juzgado N” 22 sino al 46 de Jorge De Santo.

Para eso Vitale fingió que Améndola efectuó ese pedido antes de las 10.30 del 15 de marzo del 2019, cuando Saravia prescindió de sus servicios y pasó a ser representada por Fabián Visser. Las pruebas demostraron que Améndola no fue al juzgado de Vitale ese día y que el magistrado lo hizo después de las 12 proveniente de La Plata, donde tiene domicilio.

Allí fue secretario del juez de Garantías N”1, Guillermo Atencio, sindicado como un funcionario de afinidad con sectores de la policía bonaerense. Igual que a Fernando Burlando, a cuyo estudio de abogados reporta Améndola. A los fiscales del caso les resultó llamativa que Améndola asista a todas las audiencias testimoniales. En varias de ellas resultó aludido Burlando. Las habladurías más audaces que circulan en fueros platenses insisten en la estrecha relación que vincularía a Vitale y Burlando.

Vitale fue denunciado por el fiscal Sebastián Scalera y apartado de Pay Diamond, donde lo sustituyó Sebastián Monello. El juez de Garantías N”4 accedió a devolver la causa como había solicitado Améndola. Pero no al juzgado N” 46 sino al 22. Monello fue el primero de los 16 jueces en excusarse de investigar la denuncia de Scalera contra Vitale. Una conducta replicada por Jorge López, Javier Mafucci Moore, Gustavo Gaig, Marisa Salvo y Horacio Rihb, del mismo fuero.

Pero también por los de Responsabilidad Juvenil: Ángel Maciel, Mariano Alesandrini, Celeste Cebalo, Marta Pascual, Isabel Ación y Miriam Buso. Más los de Ejecución: Mario Valitutto, Ethel Bielajeu, Celeste Vázquez y Juan Ignacio Sorrentino. La Sala 3 de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora declaró nulas todas esas acciones y ordenó a Monello proseguir con las medidas de prueba contra Vitale.

Junto a Cecilia Grizutti, Andrea Nicoletti, Fernando Benítez, Washington Palacios, Luciano Noli, Rafael Paita y Carlos Baccini, Vitale se postuló a cubrir una de las tres vacantes en la única Cámara de Apelaciones de Garantías en el Departamento Judicial Lanús/ Avellaneda. Una creación de Julián Álvarez como viceministro de Justicia en la última presidencia de Cristina pero concretada recién en el gobierno de María Eugenia Vidal.

Ahora candidato a concejal en Lanús, Álvarez negoció en nombre del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, que Tomás Castro sea el fiscal general. El Senado bonaerense lo designó en 2016 pero recién pudo asumir a comienzos de 2020. Las denuncias contra Castro en esa Cámara ya habían impedido que ocupe el juzgado de Garantías N°4 de Lomas de Zamora. Mariela Bonafine, su esposa, es jueza del Tribunal Oral Criminal de Lanús/Avellaneda y citada en algunas versiones como contacto informal de los uniformados.

Paíta, Noli y Baccini suenan como candidatos a integrar la terna que enviará al Ejecutivo el Consejo de la Magistratura, que aún no se expidió sobre el tema. Paíta es camarista en Trenque Lauquen, pero antes fue policía. Noli es hijo de Marta Pascual, uno de los jueces que se excusó de investigar a Vitale. Baccini es fiscal interino de Lomas de Zamora y confía en su contacto con los intendentes Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Alejandro Granados (Ezeiza), Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Gustavo Menéndez (Merlo)

La indefinición en la causa por supuesta asociación ilícita entre Pablo Moyano y barras del club Independiente es el único problema que atisba para eso. Sobre todo por la relevancia que amenaza cobrar otra donde se investiga la aparente coacción de Daniel Llermanos y Víctor Hortel sobre Damián Lagarone para que cambie su testimonio por otro a favor del camionero.

Lagaronne es un exbarra que declaró en la causa en calidad de arrepentido. Igual que Bebote Álvarez, acaba de presentarse como damnificado en la investigación contra los defensores de Moyano para tener acceso a la causa que tiene el juez de Garantías N°10 de Lomas de Zamora, Jorge López. Álvarez y Lagaronne ya apelaron el rechazo de López a su participación. Lo mismo hizo Javier Martínez, el fiscal que la investiga y que tiene previsto citar a indagatoria a Facundo Melo.

En las escuchas ordenadas en la causa por supuesto espionaje a dirigentes políticos que investiga el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, aparecen los diálogos del exagente de la AFI y Leandro Araque con Llermanos. Demostraría el vínculo anterior entre el abogado y los servicios de inteligencia. La declaración que hizo prestar a Pablo Moyano en la investigación que lleva adelante el juez Juan Pablo Augé y la fiscal Cecilia Incardonna es uno de los reproches frecuentes del clan Moyano contra Llermanos.

El resultado de las elecciones podría marcar un cambio de tendencia en el ritmo de la Legislatura bonaerense para investigar el comportamiento de funcionarios judiciales. No tanto por el resultado sino por la interpretación que hagan de él las dirigencias. Si se cumplen las predicciones, los comicios no alterarían de forma significativa la composición de la Legislatura. Pero sí tal vez su comportamiento. Es probable que el mandato de las urnas haga inevitable introducir cambios que vuelvan más presentables las acciones del sistema judicial. Sobre todo en el conurbano, donde la desigualdad de acceso al servicio de Justicia es inocultable. Las pocas garantías que ofrece parecen reservadas a quienes deberían afianzarlas. Los jueces. Las nuevas autoridades de la Corte tienen oportunidad de volver a marcar diferencias.

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