Una deuda pendiente en inclusión educativa: la participación de la familia
En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es importante recordar este derecho humano fundamental para su efectivo cumplimiento
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La educación inclusiva es un derecho humano fundamental, pero, ¿qué ocurre cuando quienes deberían ser pilares en su implementación son relegados? Las familias de los estudiantes con discapacidad son, sin duda, los protagonistas invisibles en este proceso. Su voz, el conocimiento sobre sus hijos y su compromiso son esenciales para la inclusión efectiva. Sin embargo, enfrentan un camino lleno de barreras que el sistema educativo aún no logra derribar.
En la Argentina, las cifras reflejan una realidad preocupante. El dato del Indec nos interpela: el 25,3% de los hogares tiene al menos una persona con discapacidad. A la vez, según la Secretaría de Educación Nacional, en 2023 la matrícula de estudiantes con discapacidad en el nivel inicial y primario común representa un 2,4%, mientras que en el nivel secundario común representa un 1,6%. Y el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas señaló que el 45,2% de estudiantes con discapacidad asiste a escuelas de modalidad especial. Y aunque la inclusión en el nivel común ha avanzado, estos porcentajes nos obligan a cuestionarnos: ¿estamos haciendo lo suficiente para garantizar su plena inclusión?
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, por ejemplo, las leyes 26.061 y 26.206 reconocen la importancia de la participación de la familia en la educación, en cuanto agente natural y primario. Incluso el Consejo Federal de Educación, con la resolución 311/16, subrayó la importancia de escuchar a los estudiantes con discapacidad y a sus familias durante toda su trayectoria educativa. Pero el contraste entre la normativa y la realidad es alarmante. Ello implica que, lamentablemente, el marco legal no se traduce en acciones concretas.
El rol de las familias es marginado ya que no solo enfrentan el desconocimiento de sus derechos, sino también la falta de protocolos claros que faciliten la interacción con las escuelas. Muchas veces, su participación se limita a una firma, dejando de lado el valioso aporte que podrían hacer para garantizar un aprendizaje significativo y adaptados a las necesidades de sus hijos.
A nivel nacional, según Unicef, solo el 14% de las familias conoce la resolución que garantiza su derecho a elegir y participar en las decisiones educativas de sus hijos, y apenas el 31% de las familias participan en la elaboración de los Proyectos Pedagógicos Individuales (PPI). Además, la carencia de información y formación adecuada perpetúa la exclusión. Entonces, ¿cómo pueden las familias ejercer su derecho a participar activamente si el sistema no las empodera y no las hace partícipe?
Las familias necesitan protección y asistencia para contribuir a que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones.
Es hora de pasar del discurso a la acción, es necesario fortalecer el espacio de la familia en el ámbito educativo inclusivo atendiendo a la difusión de la resolución, incluirlas en programación del PPI, y facilitar la comunicación y colaboración mediante protocolos.
La inclusión no es un esfuerzo aislado de docentes o políticas públicas, es una construcción colectiva. ¿Qué sucedería si se reconociera y potenciara las familias como aliadas clave en este proceso? La respuesta a esta pregunta podría transformar la educación inclusiva y la vida de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
Calamante, licenciada en Ciencias para la Familia. Profesora de enseñanza primaria. Profesora del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral.
Trinadori, licenciado en Ciencias para la Familia. Abogado. Profesor del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral
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