Una democracia degradada
Una de las más primitivas y elementales construcciones teóricas de la ciencia política sostiene que los regímenes democráticos funcionan bajo una lógica común. Desde esta perspectiva, el sistema se nutre de demandas sociales que los partidos políticos y otras instituciones preocupadas por la marcha de lo público agregan y que los gobiernos articulan y ejecutan a partir de la legitimidad de origen obtenida en las urnas. Esta legitimación surge de la identificación positiva (objetivada por el voto) hacia aquellas cuestiones que las distintas plataformas políticas proponen para dar satisfacción a las demandas que los votantes sienten como propias.
Cuando a través del ejercicio del gobierno se quiebra esta correspondencia, es decir, cuando se produce una disonancia entre la promesa refrendada por el voto y las acciones implementadas, se incurre en aquello que los politólogos han dado en llamar distorsión de los insumos originales. Esta distorsión vuelve a los gobiernos imprevisibles y erosiona la confianza política del sistema político en general.
"Salariazo y revolución productiva" fueron los dos ejes principales de la promesa menemista. La plataforma electoral del Partido Justicialista (1989) afirmaba que "la revolución productiva significa crecimiento económico y justicia social? Les dice basta a la especulación financiera, al gigantismo burocrático, al exagerado centralismo, a la injusta distribución del ingreso, al achicamiento de la producción y a la falta de premios para el esfuerzo nacional". Y agregaba: "El salariazo es el pilar de la economía popular".
A poco de andar, el gobierno menemista dio una señal clara de que sus objetivos reales nada tenían que ver con su promesa nombrando al frente del Ministerio de Economía a Miguel Roig y luego a Néstor Rapanelli, Erman González y Domingo Cavallo. El sueño de la descentralización se hizo pedazos al igual que la industria nacional; la distribución del salario fue hiperregresiva y, al ritmo del "ramal que para, ramal que cierra", la ola privatizadora barrió con todo, retomando el más férreo neoliberalismo de José Alfredo Martínez de Hoz.
Pero la corrupción menemista sólo vino a ser superada por la actual. El kirchnerismo supera con creces a sus maestros tanto en materia de cuantía y "desprolijidad" en la malversación de fondos públicos como en el olvido activo de lo prometido durante su campaña electoral.
El matrimonio Kirchner nos propuso "un país como Alemania", y en la plataforma del Frente para la Victoria se destacaban el compromiso de establecer una "lucha frontal y total contra la corrupción y el delito", la "construcción de un sistema financiero sano y una reforma del Banco Central, garantizando su independencia para que ponga la moneda al servicio de una política de desarrollo con estabilidad y la asistencia financiera a los bancos sólo para nuevos créditos a la producción". Prometían también la "aplicación estricta de la ley de defensa de la competencia y la vigencia de reguladores y regulaciones transparentes en el marco de las prestaciones de los servicios públicos".
Las trágicas consecuencias de su política de concesiones al transporte, la extrema dependencia del BCRA a los dictados del Poder Ejecutivo Nacional, la ausencia de crédito razonable para la industria, la falta de regulaciones y controles efectivos en las prestaciones de servicios públicos, la adulteración de las estadísticas oficiales y la aplicación del cepo cambiario son nada más que algunos "detalles" del quiebre deliberadamente ocasionado entre lo propuesto y el resultado de la actuación gubernamental. En este sentido, el kirchnerismo supera al menemismo con amplitud por más que Carlos Menem haya dado cátedra de sincero maquiavelismo al reconocer que "si decía lo que iba a hacer, nadie me hubiera votado".
Cuando se vacían, reemplazan, tergiversan o desnaturalizan los contenidos implícitos de las demandas populares mediante acciones distintas o contrarias a las suscriptas en el pacto electoral, la ciudadanía percibe que se ha roto el contrato democrático.
Esta sensación aumenta y se transforma en una certeza social de un espectro cada vez mayor cuando se advierte que el rupturismo gubernamental transforma a la democracia ya no en una delegación de misiones y responsabilidades (que bien vale la pena interrogar y mejorar), sino en un sistema antojadizo y discrecional.
Esto es lo que nos está pasando a los argentinos en la actualidad: hemos caído en la cuenta de que somos víctimas de un gobierno que toma a lo público y a la democracia como bienes propios y a los ciudadanos como rehenes.
Para que esta malversación política cese debemos reforzar nuestro compromiso republicano, denunciar estos abusos, entender que estamos ante un comportamiento anómalo y patológico; generar y ofrecer propuestas superadoras vinculantes y rescatar a la democracia mediante el sufragio.
© LA NACION
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