Una Corte no tan universal y en crisis

Poco más de un mes atrás, Burundi, Gambia y Sudáfrica anunciaron su retirada de la Corte Penal Internacional, una organización establecida en 1998 para juzgar a personas acusadas de cometer genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Kenia, Namibia y Uganda amenazaron luego con hacer lo propio. Sudáfrica afirma que las normas de la Corte, que le exigen apresar a líderes con orden de captura, entran en conflicto con normas nacionales y regionales a favor de la inmunidad diplomática de jefes de Estado. Burundi y Gambia fueron más directos y acusaron a la Corte de ser un instrumento de Occidente para apresar africanos.

El argumento no parece tan errado. Desde su puesta en funcionamiento en 2002, la Corte ha emitido 32 pedidos de captura, todos ellos de ciudadanos africanos. De los 10 casos hoy investigados sólo uno, Georgia, no es un Estado africano. Pero la historia es más compleja. En primer lugar, los Estados africanos, bajo el liderazgo de Nelson Mandela, tuvieron un lugar fundamental en la creación de la Corte. La mayoría de los casos llevados a la Corte fueron llevados por los mismos africanos. En segundo lugar, la mitad de los 10 países hoy bajo examen provisorio no son africanos, como Afganistán, Colombia o Ucrania. En tercer lugar, el problema no es el sesgo racial sino la universalidad de la Corte.

Actualmente, 124 Estados han firmado el Estatuto de Roma, la mayoría de África, Europa y las Américas. Pero aún queda la mayoría de los países de Medio Oriente y Asia, dos regiones donde los crímenes abundan. Si sumamos que Estados Unidos, China y Rusia no forman parte de la Corte, lo que tenemos es un serio problema de viabilidad. La Corte actúa cuando sus miembros así lo piden o cuando el Consejo de Seguridad lleva un caso frente a ésta. Los casos llevados por el Consejo han sido de países africanos. China, por ejemplo, no aceptaría llevar a Corea del Norte, como Rusia no aceptaría llevar a Siria. El enojo de algunos países africanos es comprensible pero equivocado. El problema no es estar dentro del régimen sino no presionar para que otros se sumen. Más aún, la decisión de Sudáfrica llega en un momento en el que Jacob Zuma, su Presidente, enfrenta cientos de casos de corrupción y fraude, además de una economía deshecha, una juventud universitaria enardecida y un partido político, el suyo, lleno de facciones que buscan derrocarlo. Algo similar ocurre con Burundi y Gambia, cuyos presidentes están en la mira de la Corte. Qué mejor que jugar la carta antioccidental y reflotar el nacionalismo africano. Total, salirse del juego parece estar de moda.

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