Una Cancillería para el siglo XXI

El diseño de la política exterior (PE), al igual que en el caso de cualquier política pública con impacto transversal en el conjunto de la sociedad: no se da en el vacío sino, en un contexto doméstico e internacional dinámico.

En este sentido es claro que las futuras administraciones enfrentarán, independientemente de la orientación política, el crecimiento exponencial de la volatilidad de todas las variables relevantes en el orden tanto multilateral como bilateral.

La crisis medioambiental, el debilitamiento del esquema multilateral de gobernanza mundial, la incertidumbre del mapa geopolítico ante conflictos localizados entre grandes potencias (actuales y potenciales), la bipolaridad creciente en materia de valores, los efectos disruptivos del desarrollo tecnológico y el cambio de paradigma en cuanto la globalización de las cadenas de valor son algunos de los elementos a considerar adecuadamente por quienes tengan responsabilidad en el ámbito externo.

La Argentina tradicionalmente ha basado su política externa sobre la base de valores compartidos por la comunidad internacional y consagrados en instrumentos legales multilaterales y bilaterales en áreas como la gobernanza mundial, seguridad, medio ambiente, derechos humanos y comercio internacional, entre otros.

Sobre esa base, todo futuro esquema de política externa debería tener, como objetivo principal, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos tanto en aspectos tangibles como intangibles en el marco del contexto descripto.

A este respecto, el instrumento profesional por excelencia de la política exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, también debería ser objeto de una adecuación, al igual que el estado argentino en gran medida, que refleje las necesidades funcionales de nuestro país en el siglo XXI y potencie el valor de una herramienta clave dentro del andamiaje público.

Específicamente, la hoja de ruta debería, sobre la base de consideraciones cuanti-cualitativas, responder a un interrogante muy simple: dónde tenemos que estar, porqué y cómo en términos de recursos y objetivos.

Asimismo, la adecuación del instrumento se debería dar en función de tres variables: reclutamiento, formación y mayor integración funcional en el tejido de la sociedad en su conjunto.

El primer aspecto implica ir hacia un nuevo modelo que priorice profesionales con habilidades cognitivas adecuadas a los desafíos del siglo XXI por sobre esquemas intensivos en información y carentes de un correlato casuístico con la realidad de nuestro país. Esto, lejos de ser una propuesta abstracta, es el modelo que tienen desde hace décadas países que pueden constituir una referencia adecuada, tanto desarrollados como en desarrollo.

En segundo lugar, la formación debería tener un enfoque esencialmente de “practitioner”, por contraposición a uno teórico e intensivo en información como el actual, y en función de los intereses concretos, actuales y potenciales, de nuestro país.

A modo meramente ilustrativo, si bien la utilización de herramientas digitales, plataformas de IA o nuevos esquemas y tecnologías en las relaciones económico-financiera no suplantan el rol de un diplomático ni definirían cuestiones geopolíticas o de inserción económico-comercial, hoy por hoy son claves para potenciar tanto el proceso de decisiones como la operatoria en un sinfín de áreas.

Los dos elementos precedentes constituyen una suerte de condición necesaria. La condición suficiente es una efectiva inserción tanto con todo el sector público nacional y provincial como con el privado y los centros de investigación aplicada.

A este efecto deberían diseñarse esquemas de colaboración operativa en determinados organismos y grupos empresarios, de modo tal que los futuros representantes tengan no solo una idea teórica del perfil productivo tecnológico nacional, sino un conocimiento efectivo que facilite la interacción con los mismos y sobre todo la búsqueda de oportunidades para nuestro país en todos los campos.

Diplomático de carrera, exembajador en Finlandia, Estonia y Letonia