Una amplia coalición social moderna y proexportadora como eje de la Argentina

La Ley Bases y el paquete fiscal están aprobados. El Acta de Mayo se firmó. Quedó comprobado que la enorme mayoría de los argentinos está dispuesta a hacer un sacrificio significativo para poner el país en orden y que se opone a cualquier intento de obturar, por medios políticos o violentos, el normal funcionamiento de las instituciones. ¿Qué más hace falta para recuperar la confianza, aumentar la inversión y revertir la profunda recesión en la que cayó la economía? Predomina la idea de que el Gobierno debe demostrar capacidad de gestión: aprovechar al máximo el potencial de los instrumentos que le otorgó el Congreso y que fueron presentados como indispensables para volver a crecer. Otros apuntan a la urgencia de avanzar con la agenda de reformas estructurales, sobre todo con la desregulación de la economía y la transformación del Estado, en manos del flamante ministro del área, Federico Sturzenegger. Asimismo, aparece una suerte de obsesión con la salida del cepo cambiario, que muchos consideran esencial para eliminar los obstáculos de cara a una eventual recuperación.

Sin menospreciar su importancia relativa, se trata en todos los casos de factores necesarios, pero no suficientes. Considerando la reputación ganada como consecuencia de nuestra larga historia de inestabilidad en las reglas del juego, siempre quedarán dudas respecto de la reversibilidad de este esquema de política económica. ¿Quién puede garantizar, en un país donde se votó la inviolabilidad de los depósitos bancarios apenas unos meses antes de que se confiscaran, que las normas actuales, como el RIGI, serán respetadas en el futuro?

Si pudiera construirse una mayoría electoral en torno de la figura de Javier Milei y si eso lo catapultara a la reelección, podría pensarse en un horizonte de ocho años para llevar adelante la gran transformación que requiere el país, suponiendo que las ideas del Presidente y su equipo son las que la Argentina necesita para desarrollarse, cosa que, como advirtió José Ignacio García Cuerva, arzobispo de la ciudad de Buenos Aires durante el tedeum del martes, es por lo menos discutible. El propio mandatario admite que su programa implica varias décadas de continuidad política. ¿Puede alguien asegurar 30 años sin interrupciones en un contexto tan incierto y ambiguo como el que se vive en todo el mundo? Suena improbable, por no decir utópico. De hecho, si hoy hubiera elecciones, LLA obtendría un 32% de los votos, lo mismo que UP, de acuerdo con un sondeo reciente de D’Alessio-IROL/Berensztein.

De todas maneras, construir ese tipo de coaliciones no resulta sencillo, en especial en un escenario en el que Milei prioriza los objetivos de índole macroeconómica, consciente de que su electorado lo juzgará en función de su éxito a la hora de controlar la inflación. Más: tiende a delegar las cuestiones políticas, como la construcción de una herramienta electoral, en Karina, estoica responsable de absorber todo aquello que a su hermano le resulta tedioso o secundario. En este contexto, se genera un natural debate sobre la estrategia más adecuada de cara a los comicios de 2025 que cruza todo el arco político-partidario no kirchnerista y que, sobre todo en Pro, precipitó una crisis de consecuencias impredecibles. ¿Conviene armar una coalición amplia o absorber a los sectores afines? ¿Deben mantenerse las primarias como método de selección de candidaturas o dejar eso a las negociaciones entre dirigentes o a internas administradas por las fuerzas intervinientes? La dimensión agonal de la política es crucial en todas las democracias y no puede menospreciarse la relevancia de este debate, pero está lejos de resolver la cuestión principal planteada: cuando el ciclo electoral se entromete en la lógica de la gestión, aun en gobiernos con agendas ambiciosas (como ocurrió en la década del 90), las cosas suelen complicarse.

Para darle sostenibilidad a este proceso y afirmar la continuidad en el tiempo, la Argentina necesita construir una nueva coalición de actores sociales que le den encarnadura, sentido y poder transformador a las autoridades políticas que tengan la responsabilidad de conducir los destinos de la nación. Al mismo tiempo, que no dependa de un político o partido determinado, sino que adquiera cierta autonomía relativa. Se trata de un gran espacio para modernizar y desarrollar un país que desperdicia desde hace décadas las enormes oportunidades que se le presentan. En particular, necesita incluir a los sectores de la economía con potencial exportador (en particular, agro-bio-industria, energía, minería, economía del conocimiento, turismo y pesca), así como a los de servicios (logística, finanzas, seguros, comercio) y a las asociaciones profesionales, ONG y trabajadores con ellos ligados.

Una gran coalición que trabaje activa y coordinadamente para influir en la agenda de política pública en los niveles federal, provincial y local con objetivos de mediano y largo plazo, más allá de cualquier coyuntura electoral. Sin prescindir de la política, debe actuar en todas las esferas y de manera permanente y efectiva, sobre todo en el plano comunicacional, para facilitarle al conjunto de la sociedad pruebas contundentes sobre la dirección y los beneficios colectivos que se obtendrán si se profundiza el camino de la modernización permanente. Esto no asegura que se ganen todas las elecciones, pero sí que se cuente con los recursos políticos y simbólicos para evitar una reversión en los fundamentos centrales del modelo económico, que fue lo que ocurrió a partir de 2001.

Se habla desde hace un tiempo de la conformación de algo parecido al denominado centrão brasileño: un bloque parlamentario pragmático que influye en el diseño y la sanción de leyes y que contribuye a moderar y hasta contrarrestar impulsos o desvíos populistas de izquierda y derecha, tan habituales en esta era de polarización extrema en las democracias, incluso las más maduras. Otros ponen énfasis en la proyección y en el eventual peso que pueden tener los gobernadores de la “región centro”, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, sobre todo si coordinaran acciones con sus pares de Cuyo y la ciudad de Buenos Aires. Estos actores tendrían un protagonismo medular en la gran coalición moderna y proexportadora aquí propuesta. La novedad consiste en la “Argentina árida”, como el noroeste ampliado y la Patagonia, que puede ahora impulsar con mas decisión la explotación sustentable de los recursos naturales y el turismo. Más otras provincias que, por su configuración política local, interés, o por contener segmentos dinámicos orientados a la exportación (Corrientes, Chaco, Misiones), pueden integrar este diverso y proteico conglomerado. A diferencia de lo ocurrido en la experiencia de la organización nacional, cuando se protegió la producción de azúcar y vino, en este caso los mecanismos de mercado constituirían el motor del desarrollo en todas las provincias por igual.

Que se trate de una gran coalición proexportadora no implica un desdén por el conjunto de la industria. Por el contrario, los sectores más competitivos podrán pagar mejores salarios que alimentarán el mercado interno, incluyendo la construcción. Y hay muchos sectores que, como demostró la experiencia de los 90, están en condiciones de reconvertirse y exportar en un contexto apropiado y con un mercado financiero ágil y profundo, en particular si baja la carga tributaria y mejora la legislación laboral, como dispone el Acta de Mayo. Esto permite pensar en una Argentina realmente federal, integrada, moderna, eficiente y con poderosos mecanismos de movilidad social ascendente, con el potencial de convertirse en un modelo exitoso de desarrollo sostenible, como pretende el Presidente y anhelamos los argentinos.

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