¿Un país para todos?
El miércoles 30 de septiembre, la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires presentó el documento Hacia una cultura del encuentro, un país para todos (2020). La apertura del evento estuvo a cargo del señor presidente Alberto Fernández. En su discurso, como era de esperar, exaltó su propia gestión (denostando la precedente) y destacó la solidaridad que su gobierno demostraba hacia los pobres, hacia los jubilados y hacia quienes atravesaban dificultades económicas a causa de la pandemia; expresó su convicción sobre la necesidad de promover el trabajo y la producción, y lamentó que haya quienes instalan temas ajenos a las "preocupaciones de la gente".
La pregunta que se impone es qué hace un presidente, quienquiera que sea, abriendo un acto de la Pastoral Social. Esta es un servicio que representa a toda la Iglesia local, y que debe situarse por encima de tal o cual compromiso partidario, ya que sus miembros pueden tener opciones políticas diversas. Es necesario cuidar la imagen de imparcialidad de la Iglesia, es decir, su no alineamiento con ninguna expresión político-partidaria. Pero el hecho referido suscita la razonable sospecha de la existencia de un sesgo ideológico inaceptable en una institución oficial de la Iglesia, además de condicionar la libertad de reflexión crítica y el legítimo pluralismo que debe prevalecer en ese ámbito. Es dable suponer que no se hubiera invitado a un presidente de otra filiación política (por ejemplo, al presidente anterior).
La decisión de los organizadores no parece prudente en un momento de tanta tensión política, y en el que muchos católicos tienen motivos no triviales para cuestionar éticamente, por ejemplo, lo que consideran un apoyo del primer mandatario a la impunidad de la corrupción (que hasta hace poco tiempo él mismo denunciaba públicamente), la posición condescendiente del actual gobierno hacia el régimen dictatorial de Maduro, la promoción del aborto, etc
Finalmente, la decisión de los organizadores no parece prudente en un momento de tanta tensión política, y en el que muchos católicos tienen motivos no triviales para cuestionar éticamente, por ejemplo, lo que consideran un apoyo del primer mandatario a la impunidad de la corrupción (que hasta hace poco tiempo él mismo denunciaba públicamente), la posición condescendiente del actual gobierno hacia el régimen dictatorial de Maduro, la promoción del aborto, etc.
El contenido del documento, por su parte, es coherente con el tono indisimulable del evento. El texto comienza con un llamado a deponer intereses egoístas, para hacer posible "un proyecto de país que sea para todos, en un clima de amistad social donde la unidad sea superior al conflicto", lo cual implica "una convocatoria abierta, múltiple y plural". Para ello se propone la creación de un espacio nuevo, un "consejo nacional pospandemia", para definir un plan de desarrollo con un horizonte a diez años. El espacio debe rescatar la experiencia nacional en materia de "planificación del desarrollo", orientado a la creación de riqueza y la "distribución progresiva del ingreso", la reindustrialización, la superación del "neoliberalismo", la "progresividad tributaria", "un crecimiento que combine economía popular, desarrollo del mercado interno y capacidad exportadora configurando un modelo tridimensional". Las principales líneas de este proyecto deberían plasmarse en un gran pacto social de "orientación productivista".
El proyecto que propone el documento (estatista, distributivista y corporativista) no es nuevo. Tiene setenta y cinco años de antigüedad. Se llama peronismo. Muchos católicos y no católicos no lo comparten, y no deben ser excluidos por ello de un diálogo verdaderamente plural. Este es precisamente el gran desafío al cual una pastoral social políticamente cooptada no estaría en condiciones de contribuir: pensar un país para todos, donde "todos" no sea, una vez más, sinónimo de "los que piensan como nosotros".
Miembro del Consejo Consultivo del Instituto Acton de la Argentina
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