Un país huérfano
Muertes en las que la Justicia y la política quedan atrapadas por la sospecha
La muerte de Alberto Nisman, fiscal especial de la causa AMIA, por la excepcional circunstancia y oportunidad en la que ocurre, ha conseguido, en lo inmediato, algo mucho más profundo y dañino que conmover al país. Lo ha envuelto en la sospecha.
La hipótesis del suicidio o del asesinato, tema dominante desde que se conoció la noticia, consiguió desde el primer momento dividir a la opinión pública. Son argumentos que cada uno improvisa sin pruebas, a su saber y entender, pero que no consiguen otra cosa que ampliar la brecha, las suspicacias y estado de crispación en el que vivimos en la década ganada. De ahí su peligrosidad en un año electoral y en momentos en que se acusa a la presidenta Cristina Kirchner, al canciller Héctor Timerman y a un grupo de dirigentes kirchneristas de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado contra la AMIA. No hay una causa de mayor gravedad institucional en el país.
Nisman, que llegó al cargo de la mano del ex presidente Néstor Kirchner, tenía en su poder más de 300 CD de grabaciones que comprometerían a la Casa Rosada, a funcionarios y dirigentes oficialistas que participaron en el acuerdo con Irán. Afirmar que una de las máximas prioridades de la Justicia debe ser la protección de las escuchas puede sonar a obviedad, salvo que se tenga conocimiento y memoria de lo ocurrido durante años con tantas pruebas de la voladura de la Embajada de Israel y la sede de la AMIA. ¿En una investigación tan próxima a los intereses del propio Gobierno, quién está en condiciones de asegurar que las cosas se harán de otra manera?
La muerte de Nisman, en un país que después de dos siglos no ha logrado superar el trauma de repetir su propia historia, instala el pasado en el presente, muertes en las que la Justicia y la política quedan atrapadas por la sospecha.
Instala el pasado en el presente, muertes en las que la Justicia y la política quedan atrapadas por la sospecha
El primer caso de la era menemista fue el del brigadier Rodolfo Echegoyen que había dirigido la Aduana en los noventa, que investigaba la llamada "Aduana paralela" y cuya muerte fue presentada como un suicido. La autopsia pedida por la familia reveló que había recibido golpes de karate en la frente y tenía rotos los huesos de la nariz, todo antes del disparo. Marcelo Cattáneo, un empresario imputado en el caso IBM-Banco Nación, después de ignorarse su paradero durante cuatro días fue encontrado colgando de una cuerda de nailon en la Ciudad Universitaria. Tenía en la boca un artículo de LA NACION referido a la investigación del caso. Lourdes Di Natale, secretaria de Emir Yoma, fue la primera en hablar con el periodismo de los sobresueldos que el gobierno de Menem pagaba a ministros y funcionarios con despachos en la Casa Rosada. Murió en un curioso accidente al caer por el patio interior de un edificio, aparentemente mientras intentaba cortarle el cable de la televisión a un vecino.
El clima que instala la muerte de Nisman, con una nueva victimización de quienes perdieron a familiares y amigos en los dos mayores atentados ocurridos en la Argentina, alienta por estas horas un debate en el Congreso para crear una comisión especial destinada a continuar lo investigado por el fiscal. Una de las prioridades de la comisión sería evitar la disolución del equipo que lo acompañaba en la fiscalía especial.
Todavía es un misterio la respuesta que dará la opinión pública al hecho que más impactó desde la muerte de Néstor Kirchner y la elección del papa Francisco. La magnitud y la civilidad de ese reclamo serán una clara señal para saber dónde está parada hoy la sociedad ante el país estremecido.
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