Un país en vilo por los saqueos

El país vive un shock postraumático desde la gran crisis de principios de siglo. Siempre teme repetir la peor parte de aquella pesadilla colectiva. Desde entonces, cada tanto se asusta ante la posibilidad de que regresen los asaltos y saqueos a comercios y supermercados. Sucedió en los últimos días, cuando hubo, en efecto, varios robos (o intentos frustrados de robos) a comercios en Mendoza, Córdoba, Neuquén, Santa Fe, el conurbano y el interior bonaerenses. Pero ¿qué sucedió en esos días de excesos y extravíos? ¿Hubo realmente un clamor de los sectores más pobres porque padecen hambre? ¿O, acaso, existió alguna conspiración política, supuestamente urdida por el oficialismo para quedarse solo con Javier Milei en el escenario electoral y desplazarla a Patricia Bullrich? Estas preguntas se las hicieron, antes que nadie, los intendentes del conurbano, el sector geográfico del país más vulnerable frente a eventuales estallidos sociales. La primera constatación es que ahora, a diferencia de 2001, existen varios y amplios planes sociales, que incluyen la provisión directa de alimentos a los más carenciados. “Nadie se muere de hambre en este país”, asegura un intendente del conurbano que no es peronista. Sin embargo, el trauma de hace 22 años está intacto. De hecho, el dueño de un supermercado llamó afligido por teléfono al intendente de una ciudad del conurbano, donde habían saqueado su negocio en 2001. El intendente fue personalmente con algunos policías a la puerta de ese supermercado y no pasó nada. “Pero pudo haber pasado si no hubiera habido una reacción rápida”, señaló ese alcalde a LA NACION.

“La simpatía del Gobierno por Milei en comparación con Patricia está implícita en las declaraciones de los funcionarios, pero no hay un nexo directo con los asaltos e intentos de asaltos a comercios”, dice otro intendente. Alude a las declaraciones de Sergio Massa, ministro de Economía, quien destacó la actitud colaborativa de Milei ante el Fondo Monetario en comparación con la distancia que pusieron los economistas de Bullrich. El propio candidato libertario terminó votando con los diputados del oficialismo en contra de las modificaciones a la ley de alquileres que promovió la oposición de Juntos por el Cambio. Milei quería la derogación de la actual ley de alquileres, lo mismo que había propuesto inicialmente Juntos por el Cambio. Pero nunca tuvo los votos para la derogación. Esa es la información fácilmente comprobable, aunque no significa que el Gobierno haya estado detrás de los saqueos. “Los asaltos a los comercios son una puerta muy riesgosa cuando se abre. Nunca se sabe hacía dónde nos llevarán, ni cuándo terminarán, ni a cuántos afectarán”, explica un intendente que sí milita en el peronismo. Ocurrió también, para respaldar la teoría de que a veces los paranoicos tienen razón, que algunos intendentes del conurbano debieron pedir permiso al gobierno de La Plata antes de movilizar a la policía de sus municipios. “La policía de mi ciudad no podía desplazarse a ningún lugar sin la previa autorización de La Plata, que no llegaba nunca”, contó un intendente de Juntos por el Cambio.

Kicillof, sectario como siempre, solo visitó a los intendentes de su partido afectados por saqueos

Es cierto también que en varios municipios del conurbano fue notable la ausencia de las fuerzas de seguridad federales. No estuvieron ni la Gendarmería ni la Policía Federal ni la Prefectura. Nadie. Intendentes de la oposición aseguraron que con ellos no hablaron ni el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ni el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández. Kicillof, sectario como de costumbre, visitó más tarde a los intendentes propios que sufrieron la violencia y el vandalismo, pero no hizo lo mismo con los alcaldes de la oposición. Con todo, uno de esos intendentes de Juntos por el Cambio trató de encontrar la punta del ovillo de una conspiración comprobable y no encontró nada. “Busqué algún hilo político que uniera todo esto, pero no lo hay”, dijo. Fue el propio Kicillof quien informó luego que hubo 150 intentos de saqueos en el conurbano y 94 detenidos, aunque a ese balance deben agregársele los posteriores intentos frustrados de asaltos en el interior bonaerense, como los que sucedieron en Pergamino. El propio intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, le pidió la renuncia a todo su equipo de cultura porque confundió una fecha de los Juegos Bonaerenses deportivos. Más importante que el relevo fue el argumento de Montenegro: él no fue informado de ese error en tiempo y forma, dijeron en el gobierno municipal, porque “estuvo abocado en los últimos días a los saqueos” en su municipio. Montenegro, un intendente de Juntos por el Cambio que fue ministro de Seguridad de Mauricio Macri cuando este era jefe del gobierno capitalino, reconoció de esa manera que los asaltos a comercios (o los intentos) tuvieron tal dimensión que debió dedicarles todo su tiempo como jefe comunal. La conclusión unánime de los alcaldes bonaerenses, oficialistas y opositores, del conurbano o del interior, es que los saqueos y los intentos fueron obra de delincuentes que habitan las orillas sociales, que siempre están al acecho de un teléfono celular, de la cartera de una señora mayor o de la billetera de un hombre grande. La diferencia ahora consiste en el vacío de poder fácilmente perceptible para esos sectores que se mueven entre la marginalidad y el delito. Ni el Presidente ni la vicepresidenta dieron señales de vida desde las elecciones perdidosas del 13 de agosto. Alberto Fernández solo habló para informar de una decisión decididamente equivocada, como fue la incorporación formal de la Argentina al grupo de países llamado Brics (un acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). El país ingresará formalmente a esa alianza el 1ª de enero de 2024, cuando ya otro gobierno se habrá hecho cargo de la Argentina. Alberto Fernández no consultó su decisión con Bullrich ni con Milei ni, por lo que sabe al menos, con el propio Massa. Con nadie. Bullrich y Milei ya anticiparon su rechazo absoluto a esa decisión, que significa que la Argentina será un aliado explícito de Rusia, donde manda el déspota Putin, culpable del genocidio en Ucrania, y de Irán, a cuyo gobierno la Justicia argentina culpa de la masacre en la AMIA. Putin no asistió personalmente a la reciente reunión cimera de Sudáfrica porque podía ser detenido por crímenes de guerra en Ucrania. Salvo en Brasil, en el resto de esos países no se respetan los derechos humanos. Hasta tales extremos morales (o amorales) están llevando al país.

De todos modos, los problemas del Gobierno viborean dentro de las fronteras nacionales. Según un estudio de la consultora económica de Orlando Ferreres, la inflación de agosto estaba en la tercera semana del mes en un nivel de aumento del 8,9 por ciento. Ese estudio es coherente con otros que pronostican un aumento mensual de la inflación durante todo agosto de entre el 10,5 y el 11 por ciento. Varios economistas auguran una inflación mucho mayor en septiembre, porque la de agosto solo tomará las dos semanas posteriores a las elecciones y la devaluación que sucedió inmediatamente después.

Al mismo tiempo, según un informe de FIEL, la industria registró en julio una caída del 2,5 por ciento. La caída industrial de agosto podría ser peor, no solo por la recesión que provocan los elevados índices de inflación, sino también por el cerrojo a las importaciones de insumos, esenciales para la industria, que aplicó Massa tras comprobar que no le quedaban más dólares en el Banco Central. Un informe del centro de estudios Idesa aseguró, a su vez, que el mayor ajuste del gasto público hecho por Massa, en el primer semestre de este año, se debe a la licuación de las jubilaciones y pensiones. El gasto en esos rubros cayó en 500.000 millones de pesos de los 800.000 millones en total. La misma Idesa señaló que en agosto las jubilaciones serán un 30 por ciento inferiores a las de diciembre de 2019. Una caída vertical del poder adquisitivo de los jubilados. Sucede siempre. Los jubilados no pueden hacer huelga ni tienen ganas de convertirse en piqueteros. “El Banco Central gasta más pesos en pagar los intereses de las Leliq que la Anses en pagar jubilaciones”, precisó Idesa. Es el tamaño de la injusticia.

Es probable que los saqueos de los últimos días hayan sido solo el resultado de la evidente ausencia de un gobierno. Del eclipse de una autoridad en condiciones de hacerse cargo de los derechos y de los deberes de los ciudadanos. Pero esa sola deserción no explica que todo un país haya estado en vilo durante un tiempo dramáticamente largo.

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