Un país de inmigrantes

La expulsión de extranjeros indeseables ha tomado gran actualidad ante la decisión del Gobierno de endurecer las condiciones de inmigración. El principal antecedente, con semejanzas y diferencias, es la ley de residencia 4144 de 1902, cuyo autor fue el senador y escritor Miguel Cané.

Las razones de su sanción hay que buscarlas en la perturbación social provocada por la llegada a nuestro país de numerosos inmigrantes expulsados de Europa por la miseria, pero también por sus ideas anarquistas, socialistas y de otras vertientes revolucionarias, muchos de los cuales reiniciaron su militancia política y gremial de este lado del mar. Eso favoreció que en 1902 se organizaran las primeras federaciones obreras, anarquista y socialista, que promoverían la lucha por mejores salarios y mejores condiciones de trabajo a través de acciones de protesta junto con la creciente organización sindical. Ese año fueron a la huelga estibadores de Buenos Aires y similares conflictos se plantearon en Bahía Blanca, Zárate y Rosario. El gobierno de Roca puso en acción el mecanismo represivo y detuvo a algunos huelguistas. Eso generó un movimiento de solidaridad y los peones de las barracas y del Mercado Central de Frutos de Avellaneda fueron también a la huelga.

La protesta continuó creciendo y la Federación Obrera Anarquista (FOA), la más importante en aquel tiempo, decretó la huelga general, que fue exitosa en la Capital Federal y ciudades provinciales. El gobierno, exasperado ante una situación novedosa y amenazante, declaró el estado de sitio, clausuró locales sindicales y detuvo a numerosos dirigentes; también prohibió la circulación de sus publicaciones.

La sanción de la ley de residencia fue el siguiente paso. Aprobada el 22 de noviembre de 1902, sus consideraciones establecían:

*Artículo 1°: el Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida del territorio de la Nación a todo extranjero que haya sido condenado o sea perseguido por los tribunales extranjeros por crímenes o delitos comunes.

*Artículo 2º: el Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida de todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público.

*Artículo 3º: el Poder Ejecutivo podrá impedir la entrada al territorio de la República a todo extranjero cuyos antecedentes autoricen a incluirlo entre aquellos a que se refieren los artículos anteriores.

*Artículo 4º: el extranjero contra quien se haya decretado la expulsión tendrá tres días para salir del país, pudiendo el Poder Ejecutivo, como medida de seguridad pública, ordenar su detención hasta el momento del embarque.

La clave estaba en el artículo 2º y el concepto "comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público". El presupuesto de la expulsión resultaba tan amplio que al Poder Ejecutivo no le era requerido mencionar alguna sentencia judicial, sino que le bastaba con expresar su opinión sobre el individuo en cuestión para fundamentar su decisión. Ello facilitó que la ley fuese utilizada contra los extranjeros que bregaban por la conciencia revolucionaria de la clase obrera y el crecimiento de los gremios.

Una vez decidido su extrañamiento, el inmigrante quedaba en custodia y era embarcado sin dilaciones. La ley Cané fue derogada en 1958, durante el gobierno de Frondizi, en cumplimiento de una de las cláusulas del acuerdo de Puerta de Hierro con Perón. Pero fue puesta nuevamente en vigor por Onganía en 1966 y finalmente anulada por Cámpora en 1973.

Escritor y psicoanalísta

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