Un modelo sin intermediarios

Floriano Pesaro tiene a su cargo en Brasil el sistema que logró que su país, que tenía a menos del 75 por ciento de los chicos en edad escolar asistiendo a la escuela, llegara a una tasa de asistencia del 97 por ciento.

El programa se llama Bolsa Escola (Beca Escuela) y entrega, mediante una tarjeta magnética, subsidios a las madres pobres con hijos en edad escolar.

La clave para que el esquema no derive en el clientelismo político es que los recursos llegan sin intermediarios, directamente a los beneficiarios. Hay una ley nacional que creó el esquema, que se financia con recursos del impuesto a los movimientos financieros.

Los Estados no intervienen. El equivalente en la Argentina sería que los gobernadores no tengan participación alguna. Los Consejos Deliberantes deben aprobar sus propias normas para que las Intendencias, que tienen el contacto directo con los necesitados, participen.

Hay en cada Intendencia un consejo que participa en la administración de los beneficios, conformado básicamente por las maestras, que saben mejor que nadie quiénes entre sus alumnos necesitan de apoyo del Estado.

Pesaro cuenta que hace poco hubo una muestra clara de cómo las penalidades previstas en el esquema del programa evitan el clientelismo. En el pueblo de Aguas Lindas, del Estado de Goiás -donde se encuentra la capital, Brasilia-, hubo denuncias de que el intendente cobraba los beneficios y luego entregaba el dinero a las beneficiarias. Eso está expresamente prohibido, para que nadie pueda construir poder político a partir de la entrega de planes sociales.

Ante los primeros indicios de que algo anómalo ocurría, el programa nacional recurrió a la prensa. "Hablamos con gente de O´Globo, que hizo una investigación con cámara ocultas", dijo Pesaro a La Nación. El resultado fue la comprobación de que la denuncia era cierta.

Las autoridades del Ministerio de la Educación federal intervinieron y el intendente, ante el escándalo desatado, debió renunciar. No se había quedado con los fondos, dice Pesaro, sino que los había utilizado "para hacer clientelismo".

La ley que creó el programa prohíbe expresamente la intermediación con los beneficios, que deben llegar directamente a los beneficiarios, que cobran con una tarjeta en un banco del Estado.

Hay un teléfono de llamada gratuita para denunciar presuntas irregularidades. Si se detecta que hay gente sin derecho a los subsidios que está cobrando, se suspende el pago de todos los subsidios en esa Intendencia, se hace público el motivo y se le informa al intendente que tiene 90 días para depurar el padrón. "La presión es enorme y, en general, todo se resuelve mucho antes", dice Pesaro.

Este procedimiento está previsto en la ley y en el decreto reglamentario del programa.

Las características interesaron especialmente a quienes trabajan en la Argentina en el perfeccionamiento del Plan Jefes y Jefas de Hogar.

De todas formas, la idea de imitar este programa en la Argentina no es nueva. El primero en recibirla fue el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique. La principal impulsora fue su sucesora, Patricia Bullrich, que no logró que se implementara. También el ministro de Educación de la Alianza, Andrés Delich, recibió informes pormenorizados del esquema brasileño, que aún no fue copiado en la Argentina.

La idea de Bullrich era la de una tarjeta magnética de débito, que permitiera hacer compras en comercios. El menú de opciones para las adquisiciones no incluía, por ejemplo, bebidas alcohólicas.

El programa brasileño permite a las madres beneficiarias retirar sumas de dinero del banco a condición de que sus hijos asistan a la escuela. El sistema de compra con tarjeta de débito no está suficientemente extendido en Brasil como para aplicarlo, según Pesaro.

Dinero por alimentos

El esquema de entregar dinero es más efectivo, para el funcionario brasileño, que la entrega directa de alimentos. "Tiene menos costos administrativos, la gente sabe mejor que nadie cómo comprar más barato y hacer rendir el dinero y además se reactiva el comercio de las localidades donde viven los beneficiarios", asegura Pesaro.

Estas ventajas no existen cuando un programa centralizado envía directamente los alimentos en cajas a los necesitados. "Esos sistemas tienen costos administrativos mayores, el programa Beca Escuela apenas insume el 7 por ciento del total en ese concepto, lo que es muy bajo", señala.

La idea es, además, que la tarjeta debe estar en manos de las madres, porque "es muy raro que una madre que ve a sus hijos con hambre use el dinero que le da el Estado para, por ejemplo, emborracharse. La experiencia nos indica en Brasil que es mucho mejor que sean las madres las que reciban el beneficio para los hijos".

Para los niños pobres que aún no están en edad escolar hay también un programa de subsidio, que incluye la obligación de vacunar a los pequeños y pesarlos en un control que se hace cada tres meses.

En la Argentina no hay ningún programa parecido. Pesaro señala que la recomendación es que estos esquemas sean aprobados por leyes, que se constituya un fondo y que haya mucha gente en la comunidad comprometida en su vigilancia, defensa y correcta instrumentación.

En Brasil, el padrón de beneficiarios de planes sociales está en Internet, pero no todos tienen acceso. "Habría sido como decir `aquí está la lista de los pobres´ y, en cambio, preferimos que sólo puedan tener acceso los miembros de consejos que contribuyen a administrar el programa", destacó.