Un irrefrenable deseo de libertad

Nada es más contagioso que un proceso de liberación. La frase con la que Giselle Hallimi resumió el proceso que precedió a ley del aborto en Francia cobra en la actualidad un significado mucho más universal que 50 años atrás. Contribuye a describir con eficacia el urgente deseo de un nuevo orden que las ciudadanías imponen con su voto, pero sin reparar demasiado en las consecuencias. Una renovada reacción cíclica al aparente ritmo exasperante de la democracia para abordar y, sobre todo, resolver problemas concretos.

Ese fenómeno global que Javier Milei capitalizaría en el plano local surte efectos inesperados en Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, sus competidores en las elecciones del 22 de octubre. En algunas versiones, los saqueos de la semana pasada dejarían traslucir la impronta de Emilio Pérsico para mostrar por anticipado el escenario de la crisis que sobrevendría si el próximo gobierno avanzara sobre la ayuda social que concentra en este dirigente del Movimiento Evita.

Sergio Massa se apresuró a replicar la decisión del intendente Ariel Sujarchuk en Escobar: suspender esa asistencia a quienes participaron de los incidentes. Tal vez con la idea de desbaratar otro teorema: la influencia que Massa conservaría donde ocurrieron la mayoría de los hechos: municipios pertenecientes a la primera sección electoral en un radio alrededor del partido de Moreno. Aunque se subordinó al pedido del Ministerio de Economía, Victoria Tolosa Paz no escapó a las críticas que le efectuaron en el congreso del Frente Renovador.

Allí se aludió a la supuesta desidia del Ministerio de Desarrollo Social, expresada en la atención a comedores sociales, el supuesto malestar que se aceptaría oficialmente como la razón detrás de los saqueos. La hipótesis de una agitación narco detrás de ellos que investiga la Justicia merecería ser revisada y corregida. En 2020 se allanaron dos comedores del Movimiento Evita en la villa El Pueblito de Lanús, sospechados de ser pantallas para la venta de estupefacientes.

El narcopuntero se impondría a otras figuras para interpretar las mutaciones de la intermediación política en la creciente marginalidad dentro de la pobreza estructural. Una dimensión cuyo comportamiento desorienta y hace flaquear la convicción de los intendentes peronistas del conurbano, hasta el 13 de agosto los supuestos expertos en adelantarlo. Ninguno niega haber contribuido al voto a Milei, auxiliándolo en la fiscalización y con la impresión de boletas. Pero no saben si retacear bastará para detener lo que presienten como una ola capaz de arrasarlos.

Esa corriente subterránea que cobró visibilidad solo en las PASO abre dudas sobre la utilidad de pactar treguas con La Libertad Avanza. Como la explorada por el concejal oficialista Gastón Lasalle y Alejandro Ricatti, candidato a consejero escolar de Milei en Lomas de Zamora. El liberalismo multiplicó por 11 el resultado que obtuvo en ese municipio en 2019. Pasó de 2 a 22 puntos. Los intendentes desconfían del voto que Massa se propone captar entre quienes se abstuvieron en las primarias. Temen movilizar electores que no elijan al oficialismo.

La discrepancia con la estrategia de Massa expresada antes en el corte de boleta desnuda la insuficiente adhesión que logra en la opinión pública. Esa es la principal debilidad de su candidatura y lo que le impide proyectarse como líder al resto del oficialismo fuera de la administración central. No hay otra causa para el rechazo de gobernadores e intendentes a pagar con fondos propios la suma fija de 60.000 pesos a sus empleados dispuesta por el Poder Ejecutivo.

Axel Kicillof fue de los pocos en plegarse a esa iniciativa, que, llamativamente, demora en anunciar. El gobernador habría quedado en una posición incómoda. Les confirmó a los intendentes de la UCR que no habrá para el bono que sí concederá a los empleados bonaerenses con haberes inferiores a 400.000 pesos, lo que demandaría una erogación de 30.000 millones de pesos, según cálculos de la oposición. La mitad de lo que haría falta para cubrirlo en los municipios de Juntos. Y cuatro veces más de lo que costó a la Provincia el plan Previaje.

Ana María Figueroa podría destrabar este conflicto en ciernes. Se especula con que el gobernador podría cambiar de opinión sobre los fondos a los municipios si la oposición accede a que se vote la ley de alquileres junto a 70 pliegos de magistrados. La propuesta de extender cinco años el mandato de Figueroa es uno de ellos. La titular de Casación es un voto clave en las causas Hotesur y memorándum con Irán, que involucran a Cristina.

La repercusión que la abolición de reglas tiene en Juntos le transmite a Kicillof cierta tranquilidad. El exhaustivo control del escrutinio definitivo que exigió Diego Santilli con la expectativa de revertir la derrota que sufrió ante Néstor Grindetti le permitió al gobernador sumar otros cinco mil votos en mesas de La Plata, Lomas de Zamora, Quilmes, Esteban Echeverría y Florencio Varela.

Santilli le presentó a Grindetti un plan de seguridad con el que participará en la campaña como ofrenda de paz. El robo de motochorros que sufrió la custodia del diputado nacional a la vuelta de donde almorzaba con el intendente en Lanús fue el baño helado de realidad que prefirió no comentar en la cena servida anoche por Maxi Abad en La Plata. La UCR que lidera respaldó a Grindetti en el escrutinio definitivo. Ernesto Sanz, Emilio Monzó, Miguel Ángel Pichetto y Gustavo Posse fueron algunos de los que asistieron a la reunión.

Juntos podría encontrar motivos para festejar. Además del escenario abierto después de las PASO, la Cámara Federal decretó la nulidad de lo actuado por el juez Ernesto Kreplak en la denominada causa Gestapo: la supuesta mesa judicial animada por funcionarios bonaerenses en el gobierno de María Eugenia Vidal. El fallo por la mayoría de Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens dejó sin efecto los procesamientos dictados por Kreplak y le ordenó al juez redactar un nuevo fallo.

Pero el impacto mayor de la decisión de la Cámara Federal es en otras dos causas relacionadas con esta y que tomaron a la mesa judicial como fundamento de sus fallos. Uno es el que anuló la elevación a juicio oral y público de la supuesta asociación ilícita entre Pablo Moyano y otras autoridades del club Independiente con sus barras.

Víctor Violini redactó el voto al que adhirió Daniel Carral para fallar a favor de la presentación efectuada por Héctor Maldonado, exdirectivo del club. El mismo tribunal rechazó la apelación presentada por María Laura Di Gregorio, fiscal en ese fuero. La nulidad decretada en la causa Gestapo dejaría habilitada la posibilidad de recurrir en queja a la Corte.

Lo mismo podría ocurrir con el sobreseimiento a Juan “el Pata” Medina, el dirigente de la Uocra-La Plata condenado por extorsionar a empresarios de la construcción. La decisión de la Cámara Federal ya había sido apelada en junio de este año por el fiscal Raúl Pleé. El 16 de agosto el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi también había resuelto la nulidad de lo actuado por su par de Lomas de Zamora Federico Villena, en otra causa conexa: la de supuesto espionaje ilegal a dirigentes políticos, sindicales y periodistas.

Un círculo que parece cerrarse sobre otra teoría difícil de aceptar, aun en este contexto de irrefrenable deseo de libertad: la de cuentapropistas autónomos de cualquier poder.

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