Un golpe al corazón de los argentinos
La muerte del fiscal Nisman en el punto culminante de su exposición pública ha causado un daño incalculable a la sociedad argentina y también a la credibilidad del país y de sus instituciones, dentro y fuera de nuestras fronteras. El mayúsculo desasosiego en la sociedad resulta sin dudas transversal a toda ideología política. Lo sucedido es un verdadero golpe al corazón de los argentinos.
De entrada se trató de imponer la teoría del suicidio para minimizar los impactos de esta muerte que se ha convertido en todo un símbolo. Pero esto no funcionó. Guiada por sus propios instintos, la opinión pública de aquí y de otras partes del mundo se pronunció en forma contundente: el fiscal Nisman murió por confrontar al poder.
El embate a las instituciones republicanas es inconmensurable. La gente se pregunta: si un fiscal de la Nación perdió la vida por investigar a los más altos funcionarios de gobierno, ¿qué queda para el ciudadano común? ¿Habrá a partir de ahora otros fiscales y jueces que se atrevan a confrontar al poder o imperará el temor? Reflejo del ánimo social imperante, una gran mayoría considera que tanto la desaparición física de Nisman como la imputación a las autoridades en la que estaba trabajando naufragarán en la mayor impunidad.
Sin embargo, esto está aún por verse. El hecho de que la Corte Suprema autorizara hacer público el texto completo de la denuncia radicada en la órbita del juez Lijo es a todas luces esperanzador.
Las disrupciones en el fluir de los procesos judiciales no son nuevas en la tortuosa investigación del atentado a la AMIA y sus eventos colaterales. El pacto con Irán aprobado a rajatabla por el Congreso nacional en marzo de 2013, en medio de una gran conmoción pública, cuya génesis y motivos investigaba Nisman, es un ejemplo más.
No fue lógico que el Gobierno intentara abrir una vía de investigación paralela a la de la justicia argentina con el protagonismo del régimen sospechado de instigar y dar soporte al atentado. El ímpetu de los esfuerzos argentinos frente a la muy menor relevancia del tema para la República Islámica siempre fue evidente. El interés de Irán estuvo reducido, en principio, a la caída de los pedidos de captura internacional de Interpol, las llamadas circulares rojas, de cinco prominentes personajes íntimamente allegados al poder. Al mantenerse tales circulares rojas, Irán perdió el poco interés que pudo haber tenido en el tema y nunca lo ratificó.
Este pacto, que representó un sugestivo cambio de dirección en la política exterior argentina, estuvo lejos de traer algún beneficio estratégico para el país. Muy por el contrario, contribuyó a retrasar el avance de la investigación y a profundizar la división entre los argentinos. En el ámbito externo, restó al país oportunidades al poner en duda nuestra alineación estratégica en un tema de gran preocupación internacional, como es el terrorismo fundamentalista. Mucho más grave sería aun el caso si se confirma la presunción de Nisman de una intención subyacente de desviar la investigación para impunidad de los actuales sospechosos. Por todo ello y por muchas más razones, el pacto debe ser derogado inmediatamente.
Mirando hacia adelante, hay que tener presente que los atentados a la AMIA y también a la embajada de Israel son actos del terrorismo internacional con el auspicio de un Estado cuyo apego a las normas internacionales y a los derechos humanos es, cuando menos, dudoso. Esto dificulta, sin dudas, lograr un cierre acorde con las expectativas de los afectados, ya que se torna poco realista la posibilidad de un efectivo castigo de los responsables, dado que en términos doctrinarios y prácticos tal posibilidad excede los resortes nacionales.
En cambio, sí está totalmente en manos argentinas el esclarecimiento inmediato del caso Nisman para lo cual se debe proceder sin dilación. En este año tan especial, quizá más que nunca, la sociedad argentina no debe acostumbrarse a tomar como moneda corriente hechos como éste, que ponen en grave riesgo la supervivencia misma de las instituciones nacionales.
Es imprescindible lograr consensos amplios en la sociedad para asegurar que los que deben velar porque la cosa pública se maneje con la debida ética y responsabilidad puedan seguir haciéndolo sin amenazas ni peligros, ahora y siempre.
La autora es presidenta de la Fundación NPSGlobal
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