Un gobierno con comportamiento y lógica de casta
Producto de la aparición de Podemos, como fuerza disruptiva en España, la política ibérica incorporó a su lenguaje durante más de un lustro términos que, sin bien eran conocidos, no formaban parte del léxico político de sus dirigentes. Las palabras “casta”, “empoderamiento”, “emancipación” comenzaron a formar parte importante y punzante en los debates de campaña cualquiera fuese el tema para tratar, no solo por los dirigentes sino también por gran parte de la sociedad. Con el tiempo, esa moda inquisidora de abordar los debates con palabras que en sí encierran una acusación fue quedando de lado, incluso por aquellos que las introdujeron en la sociedad.
Pero el término que había llegado a dominar el debate político si dudas fue “casta”. Según un artículo del diario El País, “casta” fue una de las palabras que lo españoles aprendieron y adoptaron en 2014. Una definición correcta de casta corresponde a “ubicar a un grupo de personas en un sistema de estratificación social al cual se puede pertenecer por nacimiento únicamente”. El sistema de castas se caracteriza por ser sumamente rígido, sólido e inmóvil. Un claro ejemplo se encuentra en las prerrogativas de la nobleza medieval aplicada en sus feudos. También existe la organización social por castas como en la India. En la actualidad, en Occidente, se utiliza para señalar los privilegios de cierto sector de poder. Casta, aplicado a la política, es un término procedente de politólogos italianos cuando comenzaron a hacer referencia a la élite política y a la oligarquía que disfruta de los privilegios del poder, tanto políticos como económicos.
Con el comienzo de la pandemia y las medidas restrictivas que se tomaron para afrontarla, comenzó a surgir una suerte de indignación social que fue creciendo sin pausa porque los que decidían por todos y castigaban en nombre de todos no cumplían con las normas que ellos mismos crearon. Y comenzaron a ver al gobierno de Alberto Fernández comportarse como una casta superior y autoritaria que en cada acción o expresión se alejaba de cualquier comportamiento democrático que debe demostrar un gobierno electo en ese sistema.
Hay dos hechos puntuales que ubican a Fernández y a su gobierno en la órbita del elitismo político: el vacunatorio vip y el escándalo de las visitas a la residencia de Olivos.
De la vacunación privilegiada, hasta ahora apañada por la Justicia que lo investigó, mucho se dijo y poco se hizo para castigar semejante sordidez en el ejercicio del poder. Sin embargo, en la memoria colectiva perdurará la bronca y, cada vez que recordemos la pandemia que paralizó al mundo, nuestra historia reservará un lugar privilegiado a ese hecho vergonzante que sucedió durante el gobierno de Alberto Fernández: cuando faltaban vacunas y estas llegaban al país con cuentagotas, sus funcionarios se apropiaron de ellas descaradamente, postergando a sus ancianos y grupos prioritarios de riesgo. Y, como hacen las castas, porque no tienen esa obligación, ni siquiera pidieron perdón, sino que además se jactaron de su comportamiento y de arrepentirse solo de no haberse tomado una foto en ese momento, como dijo Carlos Zannini, el procurador del Tesoro, que con su esposa se hicieron pasar por personal sanitario para obtener ilícitamente una vacuna cuando el resto de la sociedad no podía acceder a ella porque escaseaban. Un ejemplo palmario del típico comportamiento, esperable, por cierto, de un miembro de una casta de elegidos, que no solo no cumple con la norma general sino que también se vanagloria de no hacerlo.
El reciente escándalo sobre las visitas a la residencia de Olivos esconde una dosis de cinismo y de abuso de poder inconmensurable, básicamente por el momento en que sucedieron, no solo por las normas restrictivas que estaban vigentes y que el mismo Presidente dictó, sino por lo que les sucedió a algunos argentinos que sufrieron las consecuencias por no cumplirlas o desafiarlas. Más de 200 violaciones flagrantes a los derechos humanos se cometieron el año pasado durante el control del tránsito comunitario, sería muy útil que alguien del Gobierno se dignara a leer algunos de los informes preparados por los Diputados Fernando Iglesias, Omar Manzi y Karina Banfi. Allí podrán enterarse de los atropellos de la policía, de las detenciones arbitrarias, las torturas, de las muertes luego de atravesar días como desaparecidos de Luis Espinoza en Tucumán, Mauro Coronel y Nicolás Isorni, en Santiago del Estero, Facundo Astudillo en Bahía Blanca, Ariel Valerian en Jujuy, entre un total de 23 muertes sospechosas con participación de las fuerzas de seguridad provinciales. O también, tanto que se habla de misoginia, las autoridades nacionales mantuvieron un preocupante silencio ante las vejaciones y abusos sufridas por Miriam Carlsson en Trelew, Roxana Monteros, en Lasternia, en Tucumán o la joven Qom de Fontana, Chaco. Mujeres que tuvieron que atravesar hechos violentos y traumáticos acusadas de no respetar el aislamiento. Mientras todo eso sucedía, la primera dama, Fabiola Yañez, celebró en el chalet de Olivos 148 reuniones con diversos profesionales de la estética y la imagen.
Además, vale destacar que mientras este grupo de peinadores, coloristas, asesores de imágenes, diseñadores de moda, modistas y personal training podía circular, entrevistarse personalmente y trabajar al cuidado de la imagen de la pareja del Presidente, miles de médicos y enfermeros trabajaban arriesgando su vida y haciendo malabares en sus hogares con el cuidado de sus hijos, sin apoyo de personal doméstico, para quien podía costearlo, pero también sin escuela, por lo que sus hijos debían estudiar por zoom hogareños. Para ellos el pelo desaliñado y las canas incipientes no fueron un problema, enfrentaron su responsabilidad con profesionalismo y respeto, algo que las autoridades no tuvieron con ellos.
Párrafo aparte, de confirmarse la denuncia realizada por dirigentes de Republicanos Unidos sobre las visitas a la residencia oficial del adiestrador canino Ariel Alonso Zapata: estaríamos ante un caso de privilegio de nobleza medieval. Mientras millones de chicos estuvieron obligados a estudiar a distancia, con un costo inédito en cuanto a calidad educativa y a deserción escolar, la mascota del Presidente recibía clases presenciales.
La nueva “casta política” que habita el poder se siente con tanta impunidad frente a la sociedad que en lugar de disculparse y dar una explicación clara sobre los hechos denunciados piden que se disculpen con ellos, así lo hizo ayer el jefe de gabinete Santiago Cafiero, que señaló: “El daño que hacen a hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras, es inconmensurable; y nadie pide disculpas, es muy canallesco”. Ni un pedido de disculpas para los miles de argentinos que tuvieron que ver partir a sus seres queridos sin la posibilidad de despedirlos, sin poder visitar sus afectos, sin poder trabajar y estudiar porque las medidas sanitarias, que dicho sea de paso poco resultado obtuvieron, se suponían estrictas, implacables, al punto de que cualquier ciudadano que las violase no solo incurriría en un delito penal, sino que además sería señalado por no ser responsable con el resto de la sociedad.
El caso de las visitas Olivos tiene los condimentos de un comportamiento privilegiado, insolidario y arrogante que, dada la gravedad de la situación en la que se desarrollaron, pueden tener solo quienes se creen con más derechos que otros.
Como sucedió con Podemos en España, la irrupción del kirchnerismo, dominante de la escena política por más de 15 años, estuvo y está acompañada también por la incorporación de términos políticos como “empoderamiento”, “pueblo”, “igualdad” y, por supuesto, de un mal interpretado “progresismo”. Pero nunca hablaron de “casta”. Sin embargo, esta será una palabra que ya se está incorporando al debate político y popular, no porque lo quiera el partido de gobierno, sino porque muchos argentinos, cansados de tamaña desigualdad ante la norma, ya los señala e identifica dentro de esa definición.
