Un gobierno alzado contra la Constitución
Alberto Fernández y Cristina Kirchner son las dos primeras figuras de un gobierno que conspira abiertamente contra el Estado de Derecho
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LA NACIONJoaquín Morales Solá
Algunos podrán decir que el kirchnerismo solo aturde con violentas batucadas en todo el país desde que acusaron a su lideresa de comandar una asociación ilícita para robar dinero del Estado. Otros podrán argumentar que Cristina Kirchner está desquiciada porque sabe que el histórico alegato del fiscal Diego Luciani fue solo el comienzo de un proceso mucho más grave. La esperan la sentencia del tribunal en este caso y los otros juicios orales por corrupción que todavía no comenzaron (tal vez Hotesur y Los Sauces, seguramente la causa de los cuadernos, entre varios más). También algunos podrán invocar que el Presidente está a cargo de un mandato virtualmente terminado y que la agonía de su gestión necesita que sobreactúe las exaltaciones a Cristina Kirchner. Que es, en fin, solo un adulador profesional. Aunque tales datos sean ciertos, también es verdadero que se trata de las dos primeras figuras de un gobierno que conspira abiertamente contra el Estado de Derecho. Si la corrupción pública es equiparable a los delitos de lesa humanidad, como lo han sostenido no pocos jueces del país y del exterior, atacar al Poder Judicial es un alzamiento liso y llano contra la Constitución. El Poder Judicial es el más débil de los tres poderes, porque no tiene votos ni fuerzas de seguridad ni fuerzas militares. La insurrección contra el orden democrático tuvo ayer otro episodio, cuando fanáticos kirchneristas, ministros del gobierno nacional y hasta el gobernador Kicillof provocaron desmanes en la casa de Cristina Kirchner. Ella incitó a la violencia en lugar de convocar a la pacificación, mientras los vecinos viven un infierno que no merecen. El orden público fue alterado por las mismas autoridades que deben preservarlo. Estamos ante un mismo plan de destrucción del sistema.
La facultad presidencial del indulto no borra los delitos, solo los perdona. La persona beneficiada seguirá siendo delincuente
Cristina Kirchner (y el propio Alberto Fernández) no imagina un mundo de gente normal. No percibe, en fin, que hay jueces y fiscales que trabajan, tienen una familia, hacen deportes y se ocupan de sus amigos. Para ella, el mundo de todos es el mundo de ella: mirando la política del derecho y del revés desde que se levanta hasta que se acuesta, conspirando o sospechando conspiraciones y dando órdenes como supone que las reciben los magistrados. Confirma la teoría según la cual los imputados no “piensan”, sino “sienten”. Si fuera solo eso, estaríamos hablando solo de un universo de sensaciones sin vínculos con la vida institucional. Otra cosa sucede cuando se sabe que un chat compartido por las mujeres legisladoras nacionales del kirchnerismo está proponiendo “puebladas” y “escraches” a los opositores, entre ellos, desde ya, a los jueces y fiscales. O cuando la propia vicepresidenta ventila supuestas cuestiones familiares del fiscal Luciani.
¿Cuán graves son esas cuestiones? Primero hizo trascender que el suegro del fiscal es amigo de Federico Braun, un empresario honesto, cuyo pecado es ser pariente lejano de Marcos Peña, exjefe de Gabinete de Mauricio Macri. La amistad entre ellos existe desde hace 40 años. Después ella misma difundió que el cuñado muerto del fiscal era amigo de Fabián Rodríguez Simón, exasesor de Macri, a quien no se le comprobó hasta ahora ningún delito. Luciani debe ser un hombre muy limpio, porque a pesar del intenso rastrillaje de los servicios de inteligencia solo encontraron relaciones de amistad de sus parientes políticos. Cristina ya había confundido al padre con el tío del presidente del tribunal que la está juzgando, Rodrigo Giménez Uriburu. Padre y tío del juez son militares retirados y eso es, para ella, la prueba misma de la culpa.
El Presidente hace su propio aporte a la desinformación. Por ejemplo, dijo que es absurdo juzgar a un gobierno por asociación ilícita. Luciani nunca acusó a un gobierno por asociación ilícita. Solo colocó en esa tipificación jurídica a cinco personas: Cristina Kirchner; el exministro de Planificación Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José López, y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti. Esos son, a su vez, los únicos funcionarios que permanecieron inamovibles en el gobierno durante los 12 años del primer kirchnerismo. Cambiaron los ministros de Economía y los cancilleres, pero jamás los que administraban la obra pública. La quinta persona imputada por Luciani como integrante de esa asociación ilícita es Lázaro Báez, pero este nunca integró el gobierno; su participación fue como un seudoempresario que en realidad era socio o testaferro de los Kirchner. Hay otros imputados por Luciani en el juicio de la Obra Pública (como Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas), pero fueron acusados de defraudación al Estado, no de asociación ilícita. Ningún jefe de Gabinete de los Kirchner ni ministros de Economía, de Salud, de Educación o de Relaciones Exteriores fue imputado en esa asociación ilícita. ¿Dónde está, entonces, el gobierno acusado de asociación ilícita? Simplemente, no está.
El mayor fastidio del Presidente y de la vicepresidenta es porque Luciani tomó pruebas de otras causas por corrupción que estaban directamente relacionadas con la que él investigó. El centro de la causas penales está en las pruebas y a partir de ellas se puede recrear en la Justicia una amplia empresa criminal (para usar la jerga jurídica) con varias investigaciones en curso. Es una teoría que ya escribió en un dictamen el juez de la Cámara Federal Mariano Llorens. ¿Qué sería Báez si solo fuera un empresario que alquiló hoteles en la Patagonia? Inocente. Ahora bien, si ese mismo empresario recibió el 80 por ciento de las obras públicas de Santa Cruz; si es también el mismo que pasó de blanco a negro más de 60 millones de dólares y si después los lavó para blanquearlos de nuevo en los hoteles de la familia Kirchner, jefes del gobierno que le adjudicaba las obras públicas, entonces deja de ser inocente. Por eso, la causa de la “ruta del dinero K” y la de Hotesur y Los Sauces tienen una enorme importancia, pero duermen en la Cámara de Casación. Los jueces “tiempistas” están desnaturalizando la función esencial de la Justicia, que no es solo condenar a los culpables, sino también hacerlo en tiempo y forma. La causa de los cuadernos, la célebre investigación del periodista Diego Cabot, es la que cierra el círculo de esa empresa criminal.
La conspiración del Gobierno contra la Justicia no refiere solo al fiscal Luciani, sino también a los tres jueces que deberán condenar o absolver en el caso Vialidad. El tumulto que está armando el kirchnerismo es un mensaje a esos jueces: imagínense lo que sucederá si ustedes la condenan a Cristina Kirchner cuando el alegato del fiscal provocó semejante furia, les mandan a decir claramente. Es probable que los jueces ni se den por enterados de tal mensaje. Pero el caso provocó una marea de preocupación en la política por la seguridad de los fiscales y los jueces. Elisa Carrió le envió un mensaje directo al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para que cambiara la jurisdicción de los custodios de los magistrados. Le pidió, sin decirlo, que la custodia de los magistrados pasara a la policía metropolitana. Carrió argumentó que Aníbal Fernández, actual ministro de Seguridad, era jefe de Gabinete cuando mataron al fiscal Alberto Nisman. “Confío en mi custodia, que es de la Policía Federal”, le respondió, sin embargo, el fiscal Luciani al procurador general, Eduardo Casal, cuando este se interesó por su seguridad. A la propia Carrió le ratificó la Justicia su custodia personal (y se la aumentó) después de que fuera cuestionada por algunos dirigentes de Juntos por el Cambio. Mañana notificará de esa decisión a Patricia Bullrich, a Rogelio Frigerio y al jefe de la Policía Federal en tiempos de Macri, Néstor Roncaglia, que impugnó la custodia de Carrió.
El alzamiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial ha provocado también cierto temor en algunos sectores sociales, quizás bien intencionados. Si un indulto a Cristina Kirchner preservara la democracia, ¿por qué no decretarlo?, se preguntan. Ese temor social es lo que también azuza la vicepresidenta y hasta el Partido Justicialista cuando se alzan contra la Constitución. Llamó la atención que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que tenía fama de serio y razonable, se haya unido al berrinche del peronismo. La democracia no corre peligro. Busquen otro pretexto para poner el indulto sobre la mesa. Debe recordarse, se moleste quien se moleste, que la facultad presidencial del indulto no borra los delitos; solo los perdona. La persona beneficiada seguirá siendo delincuente, perdonada por un poder arbitrario, clasista y discriminatorio.
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