Un gesto de autoridad institucional

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado un gesto de autoridad institucional al poner certidumbre en el caso de la magistrada que a pesar de no haber logrado su nueva designación, con acuerdo senatorial incluido, pretendía seguir desempeñando su función jurisdiccional.

El máximo Tribunal de la República en 2017 había resuelto cuál era el sentido y alcance del artículo 99 inciso 4° tercer párrafo de la Constitución Nacional, para los magistrados que alcanzaren la edad de 75 años. Ello fue en el ámbito de un caso concreto, el precedente “Schiffrin”, y a partir de ese pronunciamiento no quedaron dudas de la plena operatividad de la norma constitucional.

No hay posibilidades de que normas legales o reglamentarias (y menos interpretaciones políticas interesadas) puedan desvirtuar esa decisión de la Corte al referirse a la aplicabilidad concreta del principio establecido en nuestra Constitución. Se trata de acatar la Constitución y de respetar las instituciones, especialmente el Poder Judicial de la Nación.

Habiendo transcurrido desde el 28 de marzo de 2017 (Schiffrin) hasta el 6 de Septiembre de 2023, 6 años, 5 meses, 1 semana y 2 días, la Corte emitió la resolución 2338/2023 (con la firma de sus cuatro integrantes, sin disidencias) y puso fin a las cavilaciones que podían existir sobre una situación determinada y que afectaba a uno de los principales tribunales penales de nuestro país, como lo es la Cámara Federal de Casación Penal.

Lo hizo como “cabeza de poder y órgano supremo de la organización judicial argentina” y lo consideró un “acto de gobierno” para declarar que la magistrada cesó en sus funciones a partir del día que había cumplido los 75 años de edad sin haber logrado un nuevo nombramiento precedido del previo acuerdo del Senado.

Dejó en claro que la norma constitucional no prevé “plazo de gracia alguno” y que “el nombramiento debe ser anterior al día en que el magistrado alcance la edad referida; de lo contrario, no habría límite temporal para la realización de ese nuevo nombramiento, con la absurda consecuencia de que el límite etario se tornaría inoperante.”

Pone en conocimiento del Consejo de la Magistratura la resolución adoptada, a “fin de que adopte las medidas que estime necesarias”, que en este caso será poner la vacante en el orden del día de la Comisión de Selección y Escuela Judicial, para abrir un nuevo concurso y proceder al sorteo de jurado, o acumular la vacante al concurso que ya se encuentra en trámite y de esa manera avanzar en el procedimiento de selección para elevar las ternas para la cobertura de las tres vacantes que existen en la Casación Federal Penal.

La Corte ha dado un gesto de autoridad institucional y puesto certeza y seguridad jurídica en un tema que hace a la organización misma del Poder Judicial de la Nación.

Consejero de la Magistratura de la Nación