Un fallo que contradice todo lo que Lanata representa

Además del disparate jurídico y del atropello a un derecho sagrado como el de la libertad de expresión, el fallo que impide mencionar a Jorge Lanata en los medios de comunicación tiene algo de paradoja y de triste ironía: choca de frente contra todo lo que Lanata representa como uno de los símbolos del periodismo profesional e independiente.

El fallo sintoniza, sin embargo, con un clima en el que se profundizan los ataques contra la prensa, se restringe el acceso a la información pública y se imponen bozales legales en desafío a la propia Constitución.

La resolución de la jueza civil Lucila Córdoba apunta, en su confusa y desprolija argumentación, a “proteger la intimidad” del periodista en un momento especialmente doloroso de su vida, en el que afronta un delicado cuadro de salud que ha derivado, además, en un conflicto familiar. Hay que escuchar al propio Lanata para entender hasta qué punto rechaza esa tutela. Durante décadas ha combatido contra los cepos a la libertad de expresión y contra cualquier otra forma de censura. Lo ha hecho con talento y con coraje. Si no estuviera internado, hoy sería el primero en cuestionar el fallo: saldría a gritar su propio nombre en todos los medios de comunicación. No lo haría en defensa propia, sino en defensa de la libertad.

La intimidad es, por supuesto, un derecho y un valor que debe ser preservado. Toda la jurisprudencia, sin embargo, coincide en que ese derecho cede en el caso de las personas con actuación pública. No desaparece, desde luego, pero queda subordinado al derecho a informar y el derecho a saber. En el caso que ha promovido este fallo disparatado, existe además una causa judicial a partir de una denuncia que han realizado las hijas de Jorge Lanata. ¿No se puede informar en la Argentina sobre un proceso judicial? ¿Basta que una persona denunciada pida un bozal legal para que la Justicia ordene a la prensa no hablar de determinados casos? El fallo parece retrotraernos a un imperio preconstitucional, donde la arbitrariedad se impone sobre las normas y los derechos superiores quedan sepultados por intereses y caprichos particulares.

A esta altura del Estado de Derecho, resulta desmoralizante tener que recordar que la censura previa lesiona los resortes más sensibles del sistema republicano. Por supuesto que el periodismo tiene estrictas obligaciones y le caben responsabilidades por lo que dice o lo que publica. La libertad de expresión no es una patente de corso; tampoco es un derecho de los periodistas. Es un pilar esencial de la democracia, aunque algunos jueces, impregnados de ideología y de afanes de protagonismo, olviden los principios básicos que se enseñan en las facultades de Ciencias Jurídicas.

Hace unas pocas semanas, el señor Alberto Fernández también intentó imponer un cepo a la libertad de expresión y, revelando su desapego a principios y conductas elementales, pidió a la Justicia que les prohibiera a los medios difundir imágenes e información sobre su “vida privada”. La ciudadanía tuvo la suerte de que el pedido no le llegara a la jueza Lucila Córdoba, sino a otra magistrada, María Eugenia Capuchetti, que rechazó en el acto semejante pretensión. Si Fernández hubiera obtenido un fallo como el que consiguió la abogada Elba Marcovecchio, la ciudadanía probablemente hoy no sabría quién la gobernó durante cuatro años o, al menos, no contaría con toda la información para formar su propio juicio.

El fallo que prohíbe nombrar a Lanata parece abrir un nuevo surco para sectores del poder que intentan amedrentar al periodismo y que buscan obstaculizar el acceso a la información pública. De hecho, un gobierno que se atribuye la defensa irrestricta de la libertad no dijo una sola palabra sobre esta decisión judicial que recorta de una manera grosera el derecho a informar y opinar.

Tal vez se trate de un “cepo” o un “bozal” que a sectores libertarios les resulta simpático, además de funcional. El discurso de anoche del presidente Javier Milei estuvo en buena parte dedicado, después de todo, a insultar al periodismo y a fogonear una reacción contra la prensa en general.

¿Se podrá informar en la Argentina sin que un ningún juez imponga una mordaza? ¿Se podrá ejercer el periodismo sin exponerse a ataques, agravios y amenazas desde la cima del poder? Son preguntas que deberían sonar extemporáneas. Sin embargo, tienen penosa actualidad.