Un decreto a la medida de Cristina y de Macri

El DNU 690 refleja el impacto en el Gobierno de la marcha del 17 de agosto. Sobre todo en la idea más ambiciosa de Alberto Fernández: crear, con sectores de la oposición, un polo de poder equidistante de las posiciones extremas atribuidas a Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Un fundamento de esa construcción teórica puesto en crisis por la movilización de la semana pasada.

Desde las PASO de 2019, la participación en ellas es percibida como la oportunidad de pronunciarse a favor o en contra de Cristina y de Macri. Un efecto confirmado por la del lunes 17 que obliga al Presidente a dejar en suspenso el acuerdo con la oposición, observado con desconfianza por los sectores duros del Frente de Todos. El resultado de esa experiencia es el mejor argumento del kirchnerismo. La mayoría de los sondeos coincide en que favorece a Horacio Rodríguez Larreta, al que Cristina imagina como candidato presidencial en 2023. Haber elegido al jefe de gobierno porteño como socio ideal es el defecto insalvable del proyecto de Fernández.

Algunas de esas cavilaciones parecen contenidas por el decreto del 21 de agosto que se gestó el 18, según publicó Página 12 el día 22. Algo que Fernández omitió adelantar a los representantes del sector de las telecomunicaciones con los que se reunió el 19 para analizar una actualización tarifaria.

Los empresarios disimulan el malestar por la inclusión de la televisión por cable, la telefonía móvil e internet en los servicios públicos y el congelamiento de precios que rige para ellos hasta fin de año. No trascendió si el Gobierno tomó la precaución de adelantarle la medida a David Martínez. El empresario tiene inversiones en Cablevisión y Telecom. Fue uno de los que ayudaron al Gobierno con el canje de bonos. Si lo hizo, marcaría una diferencia con el trato hacia algunos aliados locales. Las autoridades de la CGT se enteraron por las llamadas que recibieron para adherir al hilo de tuits con el que Fernández comunicó esa decisión. Excepto Héctor Daer, la mayoría apeló a una buena excusa.

Los rotulados "Gordos" e independientes no tienen afición por las redes. La actividad del chat de la CGT se concentró en los detalles de los 1500 millones de pesos que la Superintendencia de Salud girará a las obras sociales para compensar las pérdidas de ingresos en mayo.

Los gobernadores no tuvieron esa suerte. A los de Mendoza, San Juan y Entre Ríos el Banco Nación les retuvo sin aviso la coparticipación para descontar un crédito de 2016 financiado por el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses. Salvo Córdoba, Santa Fe y San Luis, el resto accedió a ese préstamo. Incluida la ciudad de Buenos Aires. La mayoría tiene vencimientos en septiembre.

Pero negociaron con el Ministerio del Interior su refinanciamiento para cubrir la caída de la recaudación en la cuarentena. La Anses le ordenó al Banco Nación la restitución de esos fondos a las provincias damnificadas. Solo Rodolfo Suárez se quejó por el trámite accidentado.

Resulta comprensible. Aunque critiquen la emisión monetaria, dependen de los billetes que imprime el Gobierno. Sin embargo, el dinero no alcanza para resolver todos los problemas que enfrenta. Sobre todo si se convierte en el único recurso al que echar mano. Es la paradoja de esa sobreabundancia: ser un recurso escaso.

Esa insuficiencia pone en duda que el decreto pueda atender los reclamos que expresó la marcha. Especialmente en el primer anillo que rodea a los centros urbanos del Gran Buenos Aires, donde los electores definen su voto por el grado de satisfacción con la situación económica. Es una de las enseñanzas de los dos últimos comicios presidenciales.

Un fenómeno que preocupa en la tercera sección, el bastión de Cristina para garantizar el triunfo en 2019, pero en el que Macri dejó un precedente llamativo en La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora y Almirante Brown. Mejoró en cinco puntos el resultado en las elecciones generales con relación al obtenido en las PASO, pese al corte de boleta promovido por Juntos por el Cambio en territorio bonaerense.

El expresidente conserva un nivel de adhesión similar al de Cristina después de perder las elecciones de 2015. La mayoría de quienes dieron por cerrado su ciclo de dirigente después de ese episodio integran el Frente de Todos. Entre ellos, el exjefe de campaña de Sergio Massa y Florencio Randazzo: Fernández.

Solo Elisa Carrió parece tener en cuenta esa experiencia. Para no entrometerse en la disputa por el liderazgo instruyó a la Coalición Cívica a "ir por el camino del medio." Una curiosa evocación de Massa, de estrecha relación con Rodríguez Larreta, a quien Carrió intenta marcarle límites en sus alianzas.

Hay otra dificultad que Fernández intenta resolver con el decreto. Convencer a Cristina de que el suyo no es un gobierno débil. La familia de la vicepresidenta no lo ayuda. Este domingo recibió a Hugo Moyano a pedido de Máximo Kirchner. En apariencia, una situación incómoda. La foto del encuentro fue borrada. Al camionero le preocupa el avance de la causa por supuesta asociación ilícita con barras de Independiente que los involucra a él y su hijo Pablo.

Tras la suspensión por 90 días a Enrique Ferrari el expediente recobró ritmo. El 28 de julio la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora desestimó el recurso de los exdirectivos del club Noray Nakis y Héctor Maldonado, que impedía elevar a juicio el primer tramo de la causa. El fiscal general disolvió en diciembre la Unidad Delitos Complejos conducida por Sebastián Scalera y derivó sus expedientes a otras fiscalías. Envió el de Independiente a Elvio Laborde. La primera intervención del fiscal de Avellaneda fue el mes pasado para pedirle colaboración a Scalera, que citó a indagatoria a Pablo el 21. La impugnación de Daniel Llermanos a esa medida fue aceptada por la jueza Brenda Madrid. El defensor de los Moyano planteó que Laborde debió hacer ese pedido.

Llermanos festejó su éxito con una infidencia: la reunión que mantuvo en los días previos con autoridades del Ministerio de Justicia bonaerense. No mintió. Se habría entrevistado con Inti Pérez Aznar. Lo mismo que Toledo. El subsecretario de Justicia se subordina a Máximo. No toma decisiones sin la autorización de su jefe político. Lo que vuelve más curiosa la solicitud del hijo de la vicepresidenta a Fernández. El Presidente suele recomendar a los intendentes que traten con Máximo y Wado de Pedro los asuntos relacionados con la provincia. Es probable que esa sea la naturaleza de la inquietud que le transmitió Moyano después de las dificultades que halló su hijo Hugo para reunirse el sábado pasado con Diego Santilli.

Ese día fue recibido por Juan José Méndez y Clara Muzzio, los ministros de Obras Públicas y Medio Ambiente, cercanos al vicejefe del gobierno porteño. Hugo comparte la defensa de su padre y de su hermano con Llermanos. Santilli resolvió la conflictiva relación del clan con Macri cuando conducía la ciudad por un tema espinoso, el servicio de recolección de residuos. El vínculo de Cristina con los Moyano nunca fue bueno.

El Presidente reveló anteayer un diálogo con Macri al inicio de la cuarentena. Su antecesor le habría aconsejado "dejar la gente en la calle y que mueran los que tengan que morir". Fernández le reprochó adherir a la marcha y le sugirió medir sus palabras. Algo que correspondería a todo hombre público, aseguró. Aunque él viole esa regla con frecuencia. Es la contradicción latente en el DNU y que lo hace parecer hecho a medida de Cristina y de Macri.

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