Un decretazo contra la transparencia
En un país marcado por años de escándalos de corrupción que no dejan de sorprendernos, donde una de las herramientas más efectivas para combatir estos abusos ha sido la ley de acceso a la información pública, el presidente Javier Milei ha decidido ignorar la historia reciente y emitir un decreto que atenta contra el espíritu y el ejercicio de la Ley 27.275. Esta decisión sugiere una desconexión preocupante entre los compromisos de campaña de Milei y sus acciones en el poder.
Un efecto dominó de escándalos y transparencia
La reciente saga protagonizada por Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, en la que día tras día se revelan nuevos excesos, gastos injustificados y uso indebido de fondos públicos, nos recuerda la importancia vital de la ley de acceso a la información pública. Sin esta normativa, gran parte de estos hechos habría permanecido oculto, protegidos por la complicidad y el silencio de los funcionarios del anterior gobierno. La transparencia, lejos de ser un capricho, es una herramienta esencial para la rendición de cuentas y la protección de la democracia.
Un paso atrás en la lucha contra la corrupción
A pesar de haber expresado en numerosas ocasiones su compromiso con la lucha contra la corrupción, el decreto de Milei contradice directamente estas afirmaciones. La nueva normativa impone restricciones al derecho de acceso a la información, redefiniendo el concepto de lo que se considera información pública, fortaleciendo las excepciones y debilitando la obligación de transparencia activa de los organismos del Estado. Como si esto fuera poco, introduce la noción de abuso por parte de los ciudadanos si las solicitudes de información se consideran, arbitrariamente, excesivas.
El mundo avanza hacia la ampliación de derechos, y la Argentina, como signataria de acuerdos internacionales con jerarquía constitucional, está obligada a respetar estándares interamericanos en la materia. Existen consensos sobre leyes modelo de acceso a la información pública que fortalecen las instituciones democráticas. Organizaciones de la sociedad civil, tanto a nivel regional como global, monitorean de cerca el uso y la implementación de estas leyes. No es sorprendente que el decreto de Milei haya generado alarma entre organismos internacionales y defensores de derechos humanos. Se verá en los próximos días cómo estas redes activan sus mecanismos para evitar este retroceso en Argentina.
Una posición peligrosa
Con este movimiento, el gobierno de Milei se alinea peligrosamente en el frente institucional con regímenes populistas y autocráticos como el de Andrés Manuel López Obrador en México, quien ha limitado el papel de agencias como el INAI, o el de Nicolás Maduro en Venezuela, donde la ilegalidad llega al extremo. También se acerca a las prácticas del Lula de hoy en Brasil, donde se ha cuestionado la libertad de expresión y se han impuesto restricciones preocupantes. No podemos olvidar a Cristina Fernández de Kirchner, quien deliberadamente retrasó la sanción de la ley de acceso a la información en Argentina durante 15 años.
Sin perjuicio de estos límites el derecho de acceso a la información se viene ejerciendo con mucha fuerza en la Argentina desde que la reforma constitucional de 1994 incorporó a los tratados internacionales y les otorgó jerarquía constitucional a través del artículo 75 inciso 22. A partir de ahí innumerables amparos se han presentado ante la justicia ante denegatorias de información y la mayoría fueron ganados, e incluso muchos han llegado a la altura de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, con la ley se suponía que esas prácticas habían quedado atrás.
El rol de los partidos políticos y la necesidad de transparencia
Como sugirió Steven Levitsky en Cómo mueren las democracias, los partidos políticos son actores fundamentales en la defensa de las instituciones democráticas. El grupo de legisladores y funcionarios que respaldan a Milei, tanto a nivel nacional como provincial, carece de la estabilidad y cohesión necesarias para construir una agrupación política democrática sólida. La transparencia y el acceso a la información no solo son esenciales para combatir la corrupción, sino también para cimentar una democracia basada en instituciones fuertes y en el diálogo.
En conclusión, la transparencia y el acceso a la información no son meros conceptos abstractos. Son el derecho de los ciudadanos a saber, a preguntar y a exigir cuentas. Son la base sobre la que se construye una democracia real y sólida, en la que el poder no sea un refugio de privilegios, sino una responsabilidad compartida. Si el gobierno de Milei pretende ser coherente con su discurso anticorrupción, es vital que rectifique este camino y refuerce, en lugar de limitar, los mecanismos que garantizan una Argentina más transparente y justa para todos.
Periodista, master en Relaciones Internacionales de la Universitá Degli Studi di Bologna, fundadora de Directorio Legislativo
Por María Baron
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