Un camino posible para Malvinas

Un breve repaso de la historia moderna nos ubica en la resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 16 de diciembre de 1965, la cual produjo que ese organismo reconociese la existencia de una disputa de soberanía entre el Reino Unido y la Argentina en torno a las Islas Malvinas e invitaba a las partes a que resolviesen esa disputa sin demora, pero aclarando que debían respetarse los intereses de la población de las islas.

A partir de ese importante hito, cada parte tomó con énfasis la parte que le convino y con liviandad la que le era contraria; de ese modo la Argentina destacó como un gran éxito que la comunidad internacional respaldase su reclamo sobre las Malvinas e islas del Atlántico Sur al considerarlo como un caso de colonialismo, mientras que Gran Bretaña puso el acento en velar por el interés de los pobladores de esas islas, el cual lo equiparó con el deseo, y dentro de ese contexto, ambos países trabajaron hasta arribar al Memorándum de Entendimiento de 1968, que sin duda conformó un avance importante dentro de ese diferendo porque abordaba el tema de la soberanía de la República Argentina sobre las islas, toda vez que Gran Bretaña la aceptaba a partir de una fecha a ser convenida, tan pronto como fuese posible, después de que los dos gobiernos hubiesen resuelto la divergencia entre ellos respecto del criterio conforme al cual el gobierno del Reino Unido considerase que los intereses de los isleños quedaban asegurados por las garantías ofrecidas por el gobierno argentino.

Lamentablemente, ese memorándum no llegó a efectivizarse, pero se constituyó en un serio precedente para arribar al acuerdo del año 1971, el cual incluyó un conjunto de medidas prácticas que ambos gobiernos implementaron para facilitar el movimiento de personas y bienes entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas, como, por ejemplo, vuelos de LADE, establecimiento de depósitos de combustibles YPF en las islas, ampliación de la pista del aeropuerto a cargo del Estado argentino, participación de docentes argentinos en las islas para enseñar el español, etcétera.

Dicho acercamiento nos llevó a las negociaciones conocidas como la Ronda de Londres de 1973, donde la delegación argentina presentó nueve salvaguardas para los isleños que justamente buscaban atender sus intereses, pero, pese a ellas, esas conversaciones se frustraron cuando, ese mismo año, los isleños las rechazaron.

Los tres siguientes hitos fueron la denominada Misión Shackleton, acaecida en 1976, que produjo un retroceso en el interés por negociar de parte de Gran Bretaña, el plan ideado por el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos del gobierno de Margaret Thatcher, Nicholas Ridley, durante 1980, que pretendía entregar las islas a la Argentina, pero con un simultáneo contrato de arriendo (lease back) a favor de los isleños por un período definido, pero esa propuesta no se concretó por falta de conformidad de los isleños; y el tercer acontecimiento fue la guerra de 1982, que buscó recuperar por la fuerza la soberanía de la Argentina sobre ese territorio, pero sin tener presente el interés de los isleños.

Concluida la contienda, la Asamblea General de la ONU aprobó el 9 de noviembre de 1982 la resolución 37/9, que dispuso que “el mantenimiento de situaciones coloniales es incompatible con el ideal de paz universal de las Naciones Unidas”, pero también manifestó “la necesidad de que las partes tengan debidamente en cuenta los intereses de la población de las Islas Malvinas”.

Ahora bien, visto que la falta de solución solo genera perjuicios a la Argentina sobre sus intereses en el Atlántico Sur y su proyección sobre la Antártida, además de privarla de otras oportunidades comerciales con el mundo, tal vez una posibilidad podría ser firmar un acuerdo con Gran Bretaña por medio del cual ambos países se obligasen a llamar a un plebiscito, del que solo podrían participar los residentes de las Islas Malvinas, para que expresen si quieren constituirse, conjuntamente con Georgias y Sandwich del Sur, como una nueva provincia a la República Argentina. Ese plebiscito debería pactarse para dentro de unos 20 años, y solo si el resultado fuese contrario a la provincialización, el plebiscito tendría que repetirse a los 20 años, y si se mantuviese la negativa, se volvería a votar cada 20 años durante los siguientes cien años, de este modo, la Argentina tendría cinco oportunidades durante todo un siglo para lograr que esas islas sean una nueva provincia.

Con la firma del convenio las partes firmantes deberían acordar la inmediata entrega de tierras al gobierno argentino dentro de las islas, incluida alguna porción despoblada dentro del ejido de Puerto Argentino para permitir asentamientos civiles y de infraestructura, además de garantizar el derecho a poder comprar propiedades en las islas, como así también el libre ingreso, tránsito y permanencia de argentinos que provengan del continente.

El convenio debería prever que la Argentina pueda fomentar inversiones privadas y públicas que ayuden a la instalación de población con actividad industrial y comercial en las islas, además de clarificarle a la población isleña bajo qué forma se incorporarían, y en ese aspecto, parecería que lo más apto sería que se concretase con su provincialización, visto que es la estructura con mayor autonomía que reconoce nuestra Constitución nacional, pero separada de Tierra de Fuego, lo cual requeriría una reforma de la Constitución de esa provincia para concretar esa escisión, y, vista la previsión del inciso 15 del artículo 75 de la Constitución nacional, también sería necesaria la intervención del Congreso Nacional para aprobar la creación de esta nueva provincia, donde expresamente las Malvinas podrían reservarse, por pacto especial al tiempo de su provincialización, el libre cambio monetario, el inglés como idioma además del español y un régimen aduanero e impositivo acorde con su actual legislación, a lo cual se le adicionaría el derecho positivo argentino, y para darle mayor certidumbre y seguridad, bajo las previsiones del artículo 121 de la Constitución Nacional.

Creo que vale la pena el intento, después de todo, el plazo propuesto no es tan extenso para la vida de un país, solo necesitaríamos políticas de Estado que respalden la migración de continentales a las Malvinas y buena comunicación con los actuales isleños, para que, finalmente, lleguemos a ver flamear la bandera de Argentina en esas queridas islas, hoy custodiadas por nuestros 649 héroes.

Abogado, doctor en Derecho