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Un antídoto para democracias en crisis
En estos meses ejercemos una vez más nuestro derecho a votar y lo hacemos en el mismo año que celebramos 40 años de democracia. Cumplir cuatro décadas de democracia ininterrumpida –luego de casi un siglo atravesado por el autoritarismo y los golpes de Estado– es una invitación a reafirmar nuestro compromiso con la libertad, la igualdad y la construcción de consensos básicos para la vida en comunidad. Y uno de los principios fundamentales para consolidar ese compromiso es el acceso a la información.
El derecho de acceso a la información pública, o “derecho a saber”, es primordial para forjar una democracia robusta. Su relevancia radica en su instrumentalidad. Gracias “a saber” podemos ejercer mejor otros derechos fundamentales, como los civiles y políticos. “Saber” para decidir de manera informada, “saber” para involucrarse y participar de la vida pública, y “saber” para controlar los actos de gobierno.
Las políticas de acceso a la información tienen relevancia a nivel local e internacional porque, en todas las sociedades democráticas, disponer de información objetiva, veraz y actualizada es esencial para construir democracias saludables. En un mundo con democracias en crisis, los países de los distintos continentes apuestan a la información como una herramienta para repensar sus sistemas políticos. Existen redes transnacionales que buscan promover este derecho en todas las latitudes y, con eso, debatir y mejorar los estándares de gobernanza que rigen en la materia para contribuir en el desarrollo de mejores democracias.
Recientemente, la capital filipina de Manila fue sede de la XIV Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC, por su sigla en inglés), evento anual que reúne a decenas de funcionarios de todo el mundo que trabajan en áreas de gobierno vinculadas a la garantía y la promoción del acceso a la información pública. De la ICIC participan como miembros más de 80 organismos de acceso a la información pública, nacionales y subnacionales. En su composición están representados los 5 continentes. Este año, al finalizar la conferencia se renovó parte de los miembros que componen el Comité Ejecutivo de la ICIC. Así la Argentina recibió la feliz noticia de que el Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ogdai) fue elegido para ocupar este puesto por los próximos tres años. Y lo hizo obteniendo el número más alto de votos entre todos los organismos que se postularon.
Es relevante señalar los ejemplos de decisiones de gobierno que se convirtieron en auténticas políticas de Estado durante estos 40 años de democracia. Uno de esos casos es la promoción del derecho de acceso a la información en la Ciudad de Buenos Aires. En esta ciudad, en 2023, también se celebra otro aniversario: los 25 años de la sanción de la primera Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 104). Desde entonces, y con modificación de la ley original conforme a los mejores estándares regionales, la Ciudad de Buenos Aires ha ido implementando los mejores procesos de transparencia pasiva y activa, y de gobierno abierto.
Hay que destacar que el Ogdai será el único organismo de carácter subnacional en el Comité Ejecutivo. El resto de los países –Estados Unidos, Filipinas, Albania, Bangladesh, Bermudas, Sudáfrica y México– están representados por órganos nacionales. Este hecho invita a reflexionar sobre algunos puntos. La posibilidad de formar parte del Comité Ejecutivo de la red internacional más prestigiosa en materia de acceso a la información supone una ventana de oportunidad para que nuestro país se proyecte a nivel mundial, contribuyendo a mejorar los estándares globales de transparencia, confianza y control ciudadano de las instituciones.
Al mismo tiempo, este rol nos coloca en el desafío de seguir fortaleciendo nuestras prácticas locales de acceso a la información y nos impulsa a seguir trabajando por una mayor articulación entre las diferentes jurisdicciones y niveles de gobierno. Los próximos años pueden ser una gran oportunidad para que otras provincias también avancen en la creación de organismos subnacionales garantes del acceso a la información pública.
El derecho a saber constituye un eje central para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); en particular, el ODS 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”. Una sociedad más abierta y transparente es, a la vez, una sociedad más justa. De igual modo, un gobierno que promueve el control y la participación ciudadana es un gobierno comprometido con los principios más imprescindibles de todo Estado de Derecho democrático y liberal.
A 40 años del retorno de la democracia, el derecho de acceso a la información pública es uno de los principios que debemos celebrar y defender con mayor convicción. En un año electoral, la lucha por este derecho debe ser una de las banderas a levantar para que la participación en las urnas y en la vida política sea informada y libre. Así podremos contribuir a la superación de las crisis de los sistemas democráticos actuales.
Profesora de Derecho de la Universidad de San Andrés y titular del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires
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