TV oficial: picante con la oposición; mansa con los suyos

Anteayer temprano los dos títulos principales en el portal de la TV Pública eran: “El Gobierno y la UTA responsabilizan a los empresarios por el paro de colectivos” y “La ONU condenó la violencia de Israel contra civiles palestinos en Cisjordania”.

Títulos con leves sesgos; en el local, la culpabilidad se hace recaer no tan subliminalmente sobre la palabra “empresarios”, y en el plano internacional, el foco acusatorio está puesto sobre la palabra “Israel”.

De estas y otras sutilezas no tan leves está repleto el sitio del canal decano y mucho más su programación. Muy picante con los no oficialistas y extremadamente comprensivo con los propios, más allá de algunos programas valorables.

Pero también saben ser más explícitos, y hasta pasarse, como sucedió el último martes cuando titularon: “Los une la represión: Bullrich y Larreta endurecen sus discursos de cara a las PASO”.

La Fundación LED condenó que la TV Pública acusara, “en términos agraviantes”, a los precandidatos a presidente de Juntos por el Cambio de “actitudes xenófobas y racistas”. También surgieron protestas desde el Congreso y la presión crítica hizo que el medio estatal volviera sobre sus pasos y retitulara la noticia de manera más recatada.

Muchos podrán preguntarse: ¿no puede la TV Pública expresarse con el mismo voltaje que desde distintas posiciones ideológicas lo hacen las señales de noticias?

La respuesta categórica es: no debería hacerlo (aunque algunos conductores y panelistas de la emisora estatal reflexionan en voz alta con actitud militante).

¿Por qué aquellos medios sí están en su derecho de cargar las tintas a favor o en contra del oficialismo, incluso apelando a expresiones discutibles, y la TV Pública, en cambio, no debería hacerlo?

Habrá que explicarlo hasta el cansancio si es necesario: aquellas son empresas particulares; la TV Pública, como su nombre lo indica, es del Estado. ¿Y a qué remite la palabra “Estado”? A tres cosas íntimamente relacionadas: 1) comunidad, 2) territorio y 3) gobierno. Ergo, cualquier medio público debe representar a sus mandantes que lo sustentan por medio de los impuestos, es decir, a toda la ciudadanía, sin exclusiones. En cambio, un medio privado responde a la línea editorial fijada por sus dueños y avalada por su audiencia, que la consume por propia voluntad, que no es toda la sociedad, sino solo una parte de ella.

El público, en su conjunto, tiene distintas posiciones ideológicas y, por eso mismo, los medios públicos deben ser más ecuménicos y cautelosos en sus comunicaciones. No deben violentar ni a las mayorías ni a las minorías. Según los resultados de las últimas elecciones legislativas, en 2021, la mayoría no votó al oficialismo y no por eso los medios públicos tendrían que embestir contra el Gobierno. Tampoco deberían hostigar a la principal fuerza de la oposición que cuenta con tan contundente respaldo de las urnas.

Otro concepto que nunca termina de quedar claro: “medio público” no es lo mismo que “medio gubernamental”, aunque en nuestro país ambos significados se entremezclan promiscuamente. Si cada gestión que asume elige solo responsables de programación, conductores y productores extremadamente afines a su línea política, es más difícil poner en marcha ese ideal de señales estatales equidistantes y sobrias.

En su plataforma preelectoral, Raúl Alfonsín había consignado la intención de crear un ente de medios públicos, no gubernamentales, pero nunca se formalizó tan imprescindible iniciativa. Sin embargo, tanto en la primera administración de la democracia recuperada (1983-89) como en los gobiernos de la Alianza (1999-2001) y de Cambiemos (2015-19) se hicieron observables esfuerzos, si bien no suficientes, para que los medios públicos no lucieran tan panfletarios. Pero tampoco era ideal que eso solo dependiera de la buena voluntad de los funcionarios de turno, como si se tratara de gestos magnánimos por parte de ellos. Falta un estatuto claro sobre tratamiento de contenidos en medios públicos.

Por contraste, las tres administraciones peronistas (1989-99, 2003-15 y la que está en curso desde el 10/12/19) cometieron todo tipo de tropelías en el manejo de las comunicaciones estatales, a las cuales les han insuflado, sin culpa alguna, sus propias improntas ideológicas, en no pocos tramos, incluso con grosero fervor partidario.

No es casual que el canal oficial haya premiado a Marcelo Figueras, maestro de ceremonias fijo de las múltiples presentaciones de Sinceramente, el libro autocelebratorio de Cristina Kirchner, con la conducción del ciclo 40 años de democracia. En un rasgo de brutal franqueza, el director de Radio Provincia y codirector de El cohete a la luna dijo al aire que dicho programa consiste en un ejercicio de memoria “tuneado”. No hacía falta aclararlo.