Trump, una rectificación oportuna
LA NACION
Las imágenes de inmigrantes ilegales menores de edad separados de sus padres y encerrados en galpones que desde lejos parecen jaulas habían desatado una comprensible ola de indignación dentro y fuera de los Estados Unidos. Las mayores críticas al gobierno de Donald Trump, que reconoció haber separado de sus padres a 2342 menores de edad que cruzaron de forma irregular la frontera desde el 5 de mayo, procedieron de la oposición demócrata, de grupos de defensa de derechos humanos, de dirigentes republicanos y de países vecinos, en especial de las naciones de origen de los inmigrantes, como México, El Salvador o Guatemala.
Las críticas desde el mundo empresario también se hicieron escuchar. Así, por ejemplo, para el CEO de Google, Sundar Pichai, la situación era "desgarradora". Tim Cook, al frente de Apple, la calificó de "inhumana" y sostuvo que había que detenerla. Para el grupo Business Roundtable (BRT), que representa a los principales ejecutivos de los EE.UU., entre otros los de Walmart, General Motors, Boeing, JPMorgan y Mastercard, "la práctica era cruel y contraria a los valores estadounidenses".
Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) criticó la separación de familias inmigrantes en la frontera de Estados Unidos y México y advirtió que los niños podrían sufrir daños perdurables al ser arrancados de sus padres. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sostenido que el maltrato infantil son los abusos y desatenciones que reciben los menores de 18 años, incluyendo maltrato físico, psicológico o sexual, que dañe su salud, desarrollo o dignidad, o bien que pongan en riesgo su supervivencia.
Además, cabe mencionar que el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) -no ratificada por los EE.UU.- establece que ningún niño puede ser separado de sus padres contra la voluntad de estos si no está judicialmente comprobado que se hace por el bien del menor de edad.
El mundo se conmovió al escuchar las grabaciones difundidas por la Organización ProPublica en las que se oían desgarradores llantos y gritos de los niños llamando a sus padres momentos después de haber sido arrancados de sus brazos. También se estremeció frente al video difundido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de un centro de detención en Texas, que mostraba a adultos y chicos a la espera de ser separados en un gigantesco galpón.
Que los países intenten desarrollar políticas disuasorias contra la inmigración ilegal es, por impopular que suene, legítimo siempre que estas se apliquen con la máxima sensibilidad y sin vulnerar las normas internacionales ni los derechos más elementales, menos aun cuando hay menores de edad de por medio.
En este sentido, cabe destacar que la presión nacional e internacional contra la separación de niños de sus familiares tuvo efectos decisivos.
En efecto, el presidente Trump dispuso mediante un decreto dejar de separar a las familias de inmigrantes en la frontera con México y, si bien prometió continuar con su política de "tolerancia cero" contra la inmigración ilegal, su decisión de poner fin a esa controvertida práctica debe ser reconocida. Se trata de una rectificación oportuna para una inhumana situación, que no debería repetirse.
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