La crisis argentina. Tres propuestas de fondo para un país de largo plazo
En un escenario signado por la inmediatez y la confrontación, el autor ensaya ideas que invitan a alzar la vista y repensar el federalismo, la economía y el desarrollo humano
Nos hemos fatigado de confirmar, una y mil veces, el estado deplorable en que se encuentra nuestro país. Es posible observarlo en la estructura social, en la realidad material, en la trama institucional y en el orden simbólico: niveles de pobreza, deterioro de infraestructuras, anomia creciente, escepticismo, si no directamente angustia, ante el futuro. Atravesamos un largo período de estancamiento que se continuó en una recesión ahora agravada por la pandemia; un estancamiento que es, a la vez, el corolario de casi medio siglo de desaciertos políticos y económicos, y de casi dos décadas de divisiones en apariencia interminables. La conversación pública está trabada en la búsqueda de culpables y en la descalificación sistemática de los opositores.
Quizá sea el momento de cambiar los temas de esa conversación y poner en la agenda ideas transformadoras que movilicen a la sociedad para impulsar, desde la sociedad civil, proyectos y discusiones que la clase política no está pudiendo formular. Por eso, y deponiendo por un instante las herramientas de la crítica, pero no el diagnóstico sombrío que anima a esa misma crítica cuando ella es pertinente, esta columna contiene tres propuestas orientadas, la primera, a transformar a la vez el Estado y el territorio; la segunda, a hacer un aporte al desarrollo económico; y la tercera a favorecer el desarrollo humano. Son, buenas o malas, un intento de pensar futuros posibles para nuestro país que no sean remedos deformados del pasado.
PRIMERA PROPUESTA: federalizar el Estado. No tiene sentido abundar sobre los males de la macrocefalia argentina. Para comenzar a resolverla, el Estado nacional debe federalizarse: trasladar cada ministerio y secretaría al sitio del país que mayor sentido le dé a sus funciones: pesca a Mar del Plata, agricultura a la zona núcleo, industria a Córdoba, salud a Tucumán? Para ello deberán crearse infraestructuras físicas y servicios locales públicos y privados: edificios para la burocracia, pero también viviendas, escuelas, centros de salud, de recreación, servicios generales. Todo el proyecto deberá estar diseñado sobre bases verdes y digitales.
En torno de cada sede de gobierno se instalarían las empresas vinculadas con la problemática, a través de incentivos fiscales y financieros, creando clusters. La mirada de los funcionarios sobre la realidad dejará de estar teñida por el centralismo porteño. Se diluirá la primacía de numerosos estados provinciales como principales fuentes de empleo y por tanto de lazos clientelares, produciendo sociedades civiles robustas y dinámicas allí donde estas no existen. La distribución en el territorio forzará el desarrollo de infraestructuras de comunicación tanto para el traslado de datos como de personas y bienes, no solo como un embudo que confluye en la capital, sino en una red que vincule los diversos nodos del Estado.
Los recursos provendrían de créditos del BID y del Banco Mundial, a los que se sumaría el capital que muchos argentinos tienen en el extranjero. Para ello, el BID podría crear, según un modelo pensado por Marina dal Poggetto, un fideicomiso que reciba los activos externalizados y los preste al país, reduciendo el riesgo de los particulares. La federalización del Estado movilizaría una inmensa cantidad de energías colectivas: concursos públicos de arquitectura, inversiones privadas para el desarrollo de los servicios conexos, desplazamiento de poblaciones de los conurbanos.
SEGUNDA PROPUESTA: una inmigración para el siglo XXI. La Argentina necesita dólares, y no ha conseguido diseñar una estrategia de desarrollo económico que los aporte en la cantidad necesaria. Solo una combinación de políticas inteligentes e innovadoras podrá lograrlo. Una de esas políticas es el fomento de la inmigración. Pero no de personas que vengan a buscar trabajo, sino a generarlo: adultos mayores procedentes de países ricos, que se radiquen temporalmente, serían a la vez una importante fuente de divisas y de empleo. Es una población que no para de crecer (y crecerá aun más después de la pandemia), por la que compiten numerosos países. La Argentina puede convertirse, por su condición contraestacional, la diversidad de sus regiones y el atractivo de Buenos Aires, en un destino importantísimo. Para ello, habrá que crear pueblos rurales o semirrurales para la tercera edad en Córdoba, Mendoza y el noroeste. Grandes emprendimientos financiados con capital público y privado, nacional y extranjero, en el marco de acuerdos bilaterales y amparados en legislación fiscal y migratoria ad hoc. Al empleo necesario para el desarrollo de las infraestructuras se le sumaría luego un empleo de calificación baja, media y alta: personal de mantenimiento de viviendas, parques, etcétera; especialistas en recreación; personal paramédico y médico; administradores, cuidadores, artistas. Los residentes temporarios harán también turismo interno y recibirán amigos, hijos y nietos. La Argentina podría, en un plazo de diez años, crear infraestructuras para recibir a 200.000 jubilados. Eso supone un ingreso directo del orden de los 300 millones de dólares mensuales, durante al menos seis meses al año, a lo que hay que agregar los efectos sobre la demanda agregada del mercado de trabajo asociado con esos emprendimientos y, por supuesto, los efectos virtuosos del desarrollo territorial, atendiendo también a criterios verdes y digitales.
TERCERA PROPUESTA: salario estudiantil. Consiste en devengar, en cuentas de ahorro personales de cada estudiante, un salario mensual desde el inicio de la educación preescolar hasta la terminación de la educación secundaria. Dicho salario estará indisponible para el estudiante hasta su graduación, momento en el que no puede retirarlo en efectivo sino aplicar el capital acumulado a objetivos específicos: una inversión para iniciar un negocio -por ejemplo, instalar un local, comprar un vehículo de trabajo o herramientas-; convertir el fondo acumulado en una beca para proseguir estudios terciarios o universitarios, o invertir en un terreno o una vivienda. A su vez, los recursos disponibles en el sistema serán actualizados con un índice que preserve su valor, y constituirán un mercado de capitales para microcréditos destinados a los sectores vulnerables.
El salario estudiantil tiene varias virtudes. En primer término, constituye un incentivo para la permanencia en el sistema: dado que el capital se incrementa con el tiempo, se alinea el objetivo pedagógico de continuar los estudios con el económico que lleva a muchos jóvenes a abandonarlos para generar ingresos. También se alinea el objetivo del grupo familiar con el del estudiante. Se genera solidaridad intergeneracional, porque los adultos financian el salario de los jóvenes, pero estos a su vez permiten que haya recursos crediticios para los mayores. Se introduce un principio de equidad distributiva, ya que todos los jóvenes que terminan la educación media cuentan con un pequeño capital para iniciar la vida adulta, en el espíritu de la dotación de capital para la juventud propuesta por el economista francés Thomas Piketty.
En familias con varios hijos, en pocos años el grupo podría disponer de un capital no desdeñable; también, si varios compañeros de curso se asocian para dar inicio a un proyecto. Se ponen en valor el ahorro y el largo plazo, desplazados actualmente por el consumo y el corto plazo, contribuyendo así a cambiar pautas de comportamiento. Y, finalmente, se establece un equilibrio entre los esfuerzos que la sociedad ha venido haciendo para apoyar a los adultos mayores, entre los cuales los índices de pobreza son muy bajos, y el desdén con el que ha tratado a la juventud.
Cada una de las tres propuestas exige análisis detallados, y todas ellas serán objeto de controversias y descalificaciones. En muchos casos, las objeciones serán consistentes: atentas a las propuestas mismas y a las dificultades que presentan. Pero muchas veces pondrán en marcha las resistencias de sectores de poder que verán amenazados privilegios: desde sindicatos hasta sectores empresarios o actores políticos.
¿Son estas las soluciones de los problemas argentinos? De ningún modo. Pero, más allá del interés que puedan tener, señalan un camino que la clase política ha elegido no tomar desde hace mucho tiempo: el de imaginar ideas que, aunque parciales, rompan la trayectoria de fracasos en que está nuestro país.
Para eso es necesario aunar imaginación, valor y liderazgo, mirar el largo plazo y disponerse a sufrir los ataques de todos aquellos para los cuales cualquier camino de reforma amenaza sus prebendas y sus privilegios. Es necesario formular proyectos ambiciosos e innovadores. Tanto el capitalismo argentino como el Estado argentino están agotados: si no somos capaces de reinventarlos, el juego de pinzas que, entre ambos, practican, terminará asfixiando por completo a la sociedad.