Transparencia y confianza: reflexiones sobre la reciente reforma en la querella anticorrupción
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fundamentó la decisión del gobierno de quitarle a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Oficina Anticorrupción (OA) la potestad de querellar con una frase que amerita ser examinada con reparos. Según el funcionario, dichas facultades fueron utilizadas “políticamente en la pelea que existió entre los gobiernos para perseguir al enemigo”.
La ciudadanía toda, pero en particular las autoridades públicas, deberían saber que cuando se hacen este tipo de acusaciones genéricas se lesiona al sistema republicano y democrático. Porque, al no realizarse la denuncia pertinente, se le impide al sistema el inicio del proceso legal tendiente a su propia depuración.
La iniciativa de querellar, adoptada desde la Administración Pública Nacional, tuvo gran respaldo de la ciudadanía y de los expertos en materia anticorrupción. Más aún, la ex titular de la OA, Laura Alonso, recibió fuertes objeciones cuando decidió no querellar en aquellas causas abiertas contra su propio gobierno. En igual sentido, durante el gobierno de Alberto Fernández, los cuestionamientos tomaron aún más fuerza, cuando el entonces titular de la OA, Félix Crous, resolvió retirarse de todas las causas penales en las que intervenía como querellante dicho organismo. En esta etapa, además, la UIF llegó a pedir la absolución de la entonces vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en la causa “Vialidad”, proceso en el que recibió su primera condena.
En definitiva, las arbitrariedades cometidas por la UIF y la OA no se produjeron por haber querellado y perseguido a corruptos, sino, fundamentalmente, cuando no cumplieron con su razón de ser.
Otro de los argumentos esgrimido por el titular de la cartera de Justicia, tiene que ver con la supuesta desigualdad que se genera dentro del proceso judicial, al tener que enfrentar la defensa a varios órganos querellantes.
Este argumento parece obviar que, tanto el crimen organizado como la corrupción, gozan de recursos ilimitados para nutrir a sus defensas. En contrapartida, el Estado padece un Poder Judicial y un Ministerio Público desbordados de trabajo y con escasos recursos, humanos y económicos.
Además, la multiplicidad de órganos públicos querellantes constituye una garantía contra las posibilidades de cooptación del sistema por parte del poder criminal.
A lo expuesto, debemos agregar que el candidato propuesto por el actual Gobierno para ocupar la vicepresidencia de la UIF, Manuel Tessio, fue abogado defensor en numerosas causas de corrupción. En muchas de ellas, la UIF detenta actualmente el rol de querellante: por ejemplo, la causa “Cuadernos”. Más aún, el propio Cúneo Libarona fue abogado defensor en ese mismo proceso judicial.
Independientemente de que el Ministro Cúneo Libarona haya renunciado a sus defensas y que el abogado Manuel Tessio haya renunciado o vaya a renunciar a su rol de defensor, ambos estarían incursos, como mínimo, en un conflicto de intereses aparente que pondría en duda -de forma razonable- la imparcialidad de ambos funcionarios. Ese recelo podría expresarse de la siguiente manera: ¿la pretensión de correr a determinados órganos querellantes de las causas, está destinada a mejorar la lucha contra la corrupción o a beneficiar a los exclientes del Ministro de Justicia y del abogado propuesto como vicepresidente de la UIF?
En cualquier caso, aparece vulnerado el Principio de Prudencia, establecido en el artículo 9° del Código de Ética de la Función Pública (Decreto 41/1999). Dicha norma establece que “El ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad” y que el funcionario “debe evitar acciones que pudieran poner en riesgo … la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores.”
Por último, nos parece importante destacar que el gran -y necesario- esfuerzo que el Gobierno Nacional está exigiendo a los argentinos para reencauzar la economía, requiere de credibilidad en sus instituciones y funcionarios; de conductas prudentes, que disipen toda duda razonable sobre las intenciones del poder político de luchar contra la corrupción.
Esa corrupción que, en gran medida, es responsable de la penosa situación que atraviesa nuestro país.
Legislador CABA, (Republicanos Unidos).
Por Yamil Santoro
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