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Transparencia financiera y política exterior
El prestigio de una nación es un importante atributo para la implementación de su política exterior. A su vez, la pérdida de reputación se convierte en un obstáculo. La Argentina corría el riesgo de ser mal calificada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), debido a posibles atrasos/omisiones en el dictado e implementación efectiva de leyes para impedir el lavado de dinero –con foco en actividades criminales– y la financiación del terrorismo. Eso hubiera afectado su prestigio y el impacto de su accionar exterior.
El GAFI es una organización intergubernamental creada en 1989 por el G7, que procura asegurar la transparencia financiera necesaria para combatir el lavado de activos, y la financiación del terrorismo internacional y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Incluye a 37 jurisdicciones como EE.UU., la mayoría de las europeas, Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Pero también a China, India, Turquía, Arabia Saudita, Brasil, México, la Argentina, Israel, Sudáfrica, Malasia, y Rusia –suspendida por su invasión a Ucrania–. Su reducida Secretaría General está en la OCDE en París.
El GAFI realizó 40 recomendaciones en cuanto al blanqueo de capitales, y 9 especiales para impedir la financiación del terrorismo. Estas deben ser implementadas mediante las legislaciones locales. Las 40 recomendaciones alientan a los estados a condenar el blanqueo de capitales y ofrecer herramientas a las autoridades para confiscar los ingresos por el lavado, guardar un registro de las transacciones sospechosas de instituciones financieras y no financieras, verificar la identidad personal de los usuarios de bancos, establecer una unidad de inteligencia financiera (UIF), y cooperar con la persecución internacional del blanqueo de capitales. Las 9 especiales introducen requisitos relacionados con servicios bancarios como remesas, transferencias telefónicas o por mecanismos alternativos, y con organizaciones sin fines de lucro.
La Argentina evitó estar en la lista gris del GAFI, que si bien no es la lista negra, puede restringir inversiones en el país. La clasificación del GAFI sirve como herramienta para que las empresas evalúen el riesgo asociado a las diferentes jurisdicciones. Pertenecer a la lista negra –Irán, Corea del Norte, Myanmar– implica no cumplir los estándares internacionales. Pertenecer a la lista gris coloca a una jurisdicción bajo un mayor monitoreo con el compromiso a resolver rápidamente las deficiencias identificadas. Mónaco y Venezuela fueron incorporadas este año a esa lista, mientras Turquía y Jamaica salieron de la lista en 2024, y Albania, Emiratos Árabes Unidos, Islas Caimán y Panamá lo hicieron en 2023.
La Argentina fue evaluada –mediante la cuarta ronda de monitoreos mutuos– con respecto al lavado de dinero ligado a la corrupción, al comercio internacional, y a ser-vicios financieros informales. Por su cooperación internacional en temas de lavado de activos, por su identificación de beneficiarios de cuentas, por seguir transacciones sospechosas y la independencia de la UIF. También por la cantidad de procesamientos y condenas de estos delitos. Se evitó entrar en la lista gris, y hubo recomendaciones.
El cumplir con las recomendaciones del GAFI es uno de los elementos para evitar asumir la condición que Maquiavelo le atribuyó a su ciudad en sus “Historias florentinas”: Florencia no era libre porque estaba corrompida tanto en lo interno como en lo exterior, lo que le impedía practicar un autogobierno.
Por Patricio Carmody
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