Todos estamos pagando la inseguridad
Durante los últimos diez años crecieron exponencialmente el tráfico y el consumo de drogas y la indefensión ciudadana ante el delito; la gravedad de la crisis obliga a convocar a un amplio consenso democrático para enfrentarla
PARA LA NACIONHoracio Jaunarena
Si hay algo que caracterizó a las políticas de seguridad del gobierno de la provincia de Buenos Aires fue su incoherencia y la ausencia de resultados. Así pasamos del proclamado garantismo de Arslanian al pragmatismo duro -por llamarlo de alguna manera- de Granados.
El Gobierno no le va a la zaga: Aníbal Fernández, del corazón del pejotismo de Quilmes, le entregó el testimonio a Nilda Garré. Su discurso progresista, militante e ineficaz en la práctica, soportó la intervención del teniente coronel médico Sergio Berni, quien continúa a cargo de la Seguridad con iguales fracasos, bajo la complaciente mirada del ministro Puricelli. De la "sensación de inseguridad" de Aníbal Fernández, pasamos al reconocimiento de su existencia por parte del teniente coronel Berni.
En lo operativo, el Gobierno daña a las instituciones responsables de imponer la ley, que son las policías y las fuerzas de seguridad. Anarquía en las remuneraciones, arbitrariedad en los ascensos y destinos, purgas sucesivas y cambios abruptos en el funcionamiento de los diferentes elementos, son una realidad de diez años que tiene efectos negativos evidentes y mal pronóstico.
La Gendarmería Nacional ha prestado abnegados servicios a la Nación desde 1938. En 2002, un destacamento antidisturbios de unos 200 hombres quedó cercado por aproximadamente 10.000 pobladores que protestaban en Tartagal y General San Martín, Salta. Hubo francotiradores y 22 gendarmes heridos de bala. En respuesta, sólo hubo un francotirador herido y capturado. No hay antecedentes de un contingente militar o policial que reciba semejante ataque sin responder con una represalia sangrienta. ¿Qué hubiera pasado, cuántas víctimas hubiéramos contabilizado, si en lugar de una fuerza profesional y disciplinada, hubieran estado allí efectivos de una unidad militar o policial sin una formación adecuada, que sólo se logra con años de entrenamiento?
En este marco de improvisación y demagogia electoralista, el oficialismo parece haber renunciado al uso eficiente de sus numerosas fuerzas policiales a las que dañó durante la década. Usa a la Gendarmería en funciones policiales. De un día para otro, se traen alrededor de 4500 gendarmes para cubrir partidos del Gran Buenos Aires, se los distribuye en las zonas de la provincia más conflictivas, según el criterio electoral del oficialismo. Se los aloja en condiciones de absoluta precariedad, se los hace operar en lugares que no conocen y en los que jamás han estado, para atender a un tipo de delito para el que no han sido preparados.
Como si no bastara la confusión de roles, la superposición de tareas y el desconocimiento de las competencias de las fuerzas policiales y de seguridad, para completar el desbarajuste, el Gobierno utilizará a militares para suplir, supuestamente, el rol de la Gendarmería en el Norte. Pero resulta que el Ejército -hoy integrado por unos 29.000 oficiales y suboficiales y sólo 17.000 soldados- no tiene hoy suficientes hombres para hacerlo sin descuidar sus verdaderas misiones. Las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia, no lo autorizan a realizar esa tarea. Tampoco están instruidos, equipados ni entrenados para realizarla. La perspectiva casi obvia es que, cuando haya un problema en una ruta, el jefe militar involucrado y sus hombres terminarán procesados.
Al cabo de la "década ganada", la Policía Federal tiene alrededor de 34.000 hombres. Su jurisdicción central sigue siendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 22.000 manzanas. La Policía Metropolitana suma aproximadamente otros 3000. ¿Dónde están todos estos efectivos? Centenares de gendarmes y prefectos han sido desplazados a las zonas más pobres de la ciudad. En la provincia de Buenos Aires el flamante ministro Granados ha proclamado que los 60.000 efectivos de la Policía de la Provincia son insuficientes, quiere llegar a 100.000. ¿Cómo los va a pagar? En síntesis, el país gasta mucho en seguridad, pero sus habitantes recibimos un mal servicio.
Los proyectos de crear policías municipales, impulsados desde las teorizaciones bien pensantes de la "democracia de proximidad", son prácticamente imposibles. Si es riesgoso y ha sido rechazado que hombres con funciones en la Justicia vayan en las boletas electorales partidarias, ¿qué va a pasar con los comisarios oficialistas cuando cambien el intendente? ¿Imitarán al general Milani, que suma "entusiastamente" el Ejército al proyecto de la facción que gobierna y no a la Nación en su conjunto? ¿Cómo será una campaña electoral con la policía manejada por el intendente? El reciente ataque a Massa en La Matanza es una buena fotografía de un futuro posible si prospera la idea. En lo funcional, valga un ejemplo actual. Descalzo, intendente de Ituzaingó, acaba de descalificar como "comunista" a los de Nuevo Encuentro, el partido de Sabatella, que gobiernan en Morón. ¿Podemos imaginar entre ellos una coordinación de sus policías en materia de seguridad?
En su desesperación tras la derrota electoral, Insaurralde plantea la reducción de la edad de imputabilidad de los jóvenes. ¿A alguien se le puede ocurrir, seriamente, que con 500.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, a merced de la droga y de sus traficantes, que este "modelo de inclusión" ha generado en el Gran Buenos Aires, vamos a solucionar algún problema?
Es inevitable que, ante el crecimiento de la inseguridad, la reacción social se vuelque hacia la ilusión del atajo autoritario -mano dura, tolerancia cero o balazo limpio- y, ahora, el Gobierno cree electoralmente eficiente ir en esa dirección. En el altar de la seguridad se sacrifica la libertad. Lo que no se tiene en cuenta es que en ese camino perderemos seguridad y libertad.
Durante los últimos diez años crecieron exponencialmente el tráfico y el consumo de drogas y la inseguridad. El ocultamiento, la negación y la imprudencia caracterizaron el accionar del Gobierno. El tema aparece como una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. Es necesario dejar de preocuparse y empezar a ocuparse.
Urge convocar a un amplio consenso democrático eficiente para afrontar la crisis de la inseguridad ciudadana. Los protagonistas de todo el arco político conocemos el problema, y la descripción de los males es más o menos obvia. Se deben generar los planes de acción coherentes. El apoyo político de una amplia mayoría los hará sustentables en el tiempo. Las acciones improvisadas, en el mejor de los casos, encubren la realidad momentáneamente, pero agravan la situación en el mediano y largo plazo. El tiempo juega en contra de los que queremos vivir en una sociedad en donde la seguridad sea un bien accesible para todos. Más temprano que tarde, si no nos ocupamos seriamente de la seguridad, la inseguridad se va a ocupar de nosotros.
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