Tierras públicas como botín de la corrupción

Desde hace ya un tiempo, un tema de central importancia se encuentra presente en la agenda pública: la entrega de tierras fiscales a precio vil o simbólico, en favor de autoproclamados grupos originarios o aborígenes; un verdadero “saqueo” a las tierras de los argentinos de orden y magnitud internacional.

El último de los hechos sospechosos, en esta serie, surge del reciente fallo de la Corte Suprema “Mapuches vs. Ejército”, que declaró la nulidad, con estado de “gravedad institucional”, de la entrega de tierras pertenecientes al Ejército Nacional a una supuesta comunidad descendiente de mapuches de Bariloche.

Apenas unos días antes, destacadas figuras de la oposición como el Auditor General Miguel Pichetto y los senadores Alfredo Cornejo e Ignacio Torres brindaron una conferencia de prensa presentando otros muchos casos de la misma o mayor magnitud, en términos de afectación a las arcas del Estado y la seguridad nacional.

Hay muchos otros casos del estilo a lo largo y ancho de nuestro extenso y rico país. Una comunidad de auto percibidos herederos de la comunidad Tehuelche reclaman el 15% de la Provincia de Neuquén; logrando un pre dictamen del INAE en su favor para hacerse de 15 mil hectáreas en la zona de precordillera, límite con Chile. Algo similar ocurre en la ciudad de Chapadmalal, donde un grupo de militantes de Juan Grabois reclama propiedad sobre 115 hectáreas con vista al mar.

Y quizás el colmo de los colmos en términos de afectación al derecho de propiedad y patrimonio del Estado Nacional se da con el caso del “campo Mamul”, donde el intendente kirchnerista Carlos Mantenga entregó a precio 0 (cero) un campo a una familia de supuestos herederos del indefinido colectivo de “pueblos originarios” a sabiendas de que al cabo de unos meses tal propiedad se vendió a precio de mercado (USD 8 millones de dólares) a una organización empresarial de origen ucraniano y rusa de sospechosa reputación e intenciones.

Toda la operación inmobiliaria, está a estudio de la justicia federal del país, donde sus principales acusados son un entramado de notarios, contadores y abogados locales y extranjeros que en connivencia de funcionarios públicos del gobierno nacional (la Dirección de Fronteras y la Unidad anti lavado) “miraban dolosamente para otro lado” mientras el convoy delictivo de corrupción y lavado a gran escala se suscita en las narices de los organismos de contralor.

Los casos en abundancia, no son una fantasía, ni una hipótesis. Es una realidad que investiga en estos días el fiscal federal Eduardo Taiano; y que ya había sido advertida con alarmas por la Auditoría General de la Nación, en sus dictámenes N° 435/2007 y N° 121531 del 2017, que por lo visto nadie en la justicia quizo o pudo oir a tiempo. Auditado el funcionamiento de la Dirección de Fronteras de la Nación (Dependiente del Ministerio de Seguridad a cargo de Anibal Fernandez) se dice, por ejemplo, que el 70% de los trámites inmobiliarios solicitados a tal oficina del estado están rodeadas de actas notariales, números de registros posiblemente apócrifos y de testaferros locales y sociedades off-shore detrás de las cuales se esconde el crimen económico y organizado local e internacional.

Se trata de un verdadero escándalo por el cual políticos inescrupulosos brindan carta blanca a criminales globales para que laven sus activos tomando posesión de tierras de inmenso valor económico, permitiendo que organizaciones criminales se asienten en tierras de extrema importancia geopolítica y estratégica para el país.

Así de claro: organismos de contralor nacional como el INAE y la Dirección de Fronteras, entregan tierras que son de todos los argentinos como prebendas para obtener lealtad política de supuestas organizaciones sociales o falsas comunidades de pueblos originarios que no son otra cosa que grupos de choque, bandas o testaferros de los funcionarios públicos que reciben a precio de mercado internacional el fruto de las sospechosas operaciones inmobiliarias.

Para peor, en los últimos tiempos, es cada vez más común ver que el debate respecto a la forma de enfrentar al crimen organizado, se limita a si las Fuerzas Armadas deben o no participar en su persecución. Pero esta es una dicotomía completamente falaz, ya que resultaría inconstitucional que eso sucediera.

La verdadera forma de luchar contra el narcotráfico y el lavado de activos es que el Estado y sus funcionarios de los distintos niveles de Gobierno dejen de utilizar las tierras fiscales (sobre todo, las ubicadas en zonas sensibles como las fronterizas) como unidad de cuenta de sus dádivas políticas, o como si fueran su patrimonio personal. Y, sobre todo, se debe cortar de raíz con las acciones (e inacciones deliberadas) que permiten que algunos de los más resonantes criminales financieros u organizaciones delictivas del mundo se apropien de amplias zonas de nuestro territorio. Todo, repito, en manos de la justicia.

Emulando al poeta salteño Jorge Dragone cabe preguntarse: ¿No será que el argentino está huérfano de patria? No estaremos huérfanos ante el avance del crimen económico y organizado.