Terrorismo y derecho penal: a 23 años del 11-S
Se cumplieron 23 años del atentado que aterrorizó a los Estados Unidos y al mundo entero: el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Este acto de terror, ejecutado por la organización extremista Al-Qaeda, dejó una profunda huella en la historia moderna: puso de manifestó la vulnerabilidad de las naciones frente al terrorismo globalizado. El atentado, que se cobró la vida de casi 3000 personas, también desencadenó una serie de respuestas políticas y militares a nivel internacional, con importantes consecuencias a nivel global.
En la Argentina, el nuevo proyecto de Código Penal, conocido como el Código de la Democracia, incorpora un enfoque moderno y exhaustivo para la tipificación del terrorismo, su financiamiento y las conductas afines. Este proyecto, que se encuentra próximo a finalizarse en este mes de septiembre, procura realizar una reforma integral de toda la legislación penal vigente. El presente artículo está dirigido a reflexionar sobre el impacto del terrorismo global, las reformas necesarias en nuestro sistema legal y cómo el nuevo Código Penal aborda este complejo fenómeno.
El terrorismo, en sus múltiples manifestaciones, busca generar miedo, desestabilizar gobiernos y alterar la paz y la seguridad pública. A lo largo de la historia, el terrorismo ha adoptado diversas formas, desde ataques a civiles hasta atentados contra infraestructuras claves, como sucedió con las Torres Gemelas.
El atentado del 11 de Septiembre fue particularmente emblemático, ya que no solo fue un ataque directo al corazón financiero de una potencia global como Estados Unidos, sino también un símbolo de la creciente amenaza que representan las redes terroristas internacionales. Rápidamente se generó una situación de terror, vulnerabilidad e inseguridad en todos los países de la comunidad internacional. Esto evidenció la necesidad de crear marcos legales más robustos que permitieran enfrentar estas amenazas de manera efectiva y la fuerte necesidad de fortalecer las relaciones en materia de cooperación internacional.
A nivel jurídico, los países comenzaron a revisar sus legislaciones para incluir de manera más clara la definición de terrorismo y su financiamiento, adaptándose a los compromisos internacionales, como los establecidos por la ONU y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El proyecto de reforma del Código Penal de 2024 incluye un Título específico sobre el terrorismo que refleja tanto los compromisos internacionales asumidos por la Argentina como la evolución de las amenazas terroristas en el siglo XXI. El Título XIV, dedicado al terrorismo y su financiamiento, establece claras definiciones y sanciones -que incluyen para algunos casos prisión perpetua- para las conductas vinculadas a este flagelo.
Según el Artículo 314 del proyecto de Código Penal, se considera delito de terrorismo a cualquier delito grave que atente contra la vida, la integridad física, la libertad, la propiedad, el ambiente, la seguridad, la salud o el orden público, cuando se realice con el propósito de aterrorizar a la población o forzar a las autoridades a actuar de una manera específica. Esta definición sigue la línea de las convenciones internacionales en las que Argentina ha participado, y refleja la gravedad de los delitos cometidos con finalidades terroristas.
El nuevo Código también establece que, en los casos en los que el terrorismo esté involucrado, las penas se agravan considerablemente. Si bien los delitos graves ya tienen penas severas, cuando estos se cometen con una finalidad terrorista, las sanciones pueden duplicarse tanto en su mínimo como en su máximo. Y cuando se trate de delitos con penas no divisibles, el delito cometido con esta finalidad tendrá pena de prisión perpetua. Este enfoque busca asegurar que las personas que participen en actos de terrorismo reciban sanciones proporcionales a la magnitud de sus delitos.
El proyecto incluye una serie de sanciones específicas para aquellas personas que colaboren con organizaciones terroristas, ya sea mediante el financiamiento, el reclutamiento o el adoctrinamiento. Estos aspectos son fundamentales para enfrentar las nuevas modalidades de terrorismo, que no solo incluyen ataques directos, sino también la financiación de redes globales que facilitan la ejecución de atentados.
Una cuestión esencial de la lucha contra el terrorismo es cortar las fuentes de financiamiento que permiten su ejecución. Las organizaciones terroristas dependen de redes internacionales de financiamiento para operar, y muchas veces estas redes son alimentadas por actividades ilícitas como el narcotráfico, el lavado de dinero y la trata de personas. El proyecto de Código Penal aborda esta cuestión de manera integral, estableciendo penas para quienes financien directa o indirectamente actos de terrorismo, incluyendo la provisión de recursos para el desarrollo de armas de destrucción masiva.
El Artículo 318 también prevé sanciones para quienes realicen actos de financiamiento aun cuando los bienes no sean finalmente utilizados en la ejecución de un atentado, una cuestión que busca eliminar cualquier posibilidad de que estas redes terroristas puedan operar con impunidad. Además, se contemplan agravantes para el financiamiento destinado a la proliferación de armas nucleares, químicas o biológicas, que representan una de las mayores amenazas a la seguridad global en la actualidad. El texto base de este artículo dice:
En el contexto del nuevo proyecto de Código Penal, se ha puesto un énfasis particular en fortalecer los mecanismos de cooperación internacional para el tratamiento de delitos que trascienden fronteras, como el terrorismo. El Código incorpora un capítulo dedicado exclusivamente a los delitos contra el orden internacional, donde se destacan figuras como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los delitos de guerra. Estas reformas son esenciales para garantizar que la Argentina cumpla con sus compromisos internacionales, promoviendo la justicia, otorgando seguridad jurídica y, de esa forma, el atrayendo inversiones para el desarrollo del país. Precisamente, los tres pilares fundamentales que orientan esta reforma se cimentan en la inserción de la Argentina en el mundo, en la previsibilidad y en la seguridad jurídica.
El nuevo Código Penal también aborda la responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluidas aquellas que puedan participar en el financiamiento del terrorismo. Este enfoque moderno busca responsabilizar a las estructuras empresariales que faciliten actividades ilícitas. De esta forma, se busca desmantelar redes de apoyo financiero a organizaciones terroristas y garantizar una respuesta más integral y efectiva a nivel nacional e internacional
A 23 años del atentado a las Torres Gemelas, el mundo ha cambiado profundamente en su manera de entender y combatir el terrorismo. El nuevo proyecto de Código Penal recepta estos cambios y procura estar a la altura de los desafíos contemporáneos, adaptando la legislación a las nuevas formas que adopta este flagelo y cumpliendo con los estándares internacionales en materia de lucha contra el terrorismo.
El terrorismo sigue siendo una amenaza latente para las sociedades de todo el mundo. Al conmemorar los 23 años del atentado del 11 de Septiembre, debemos recordar la importancia de contar con leyes claras y efectivas que nos permitan combatir este flagelo global.
La reforma del Código Penal es un paso fundamental en ese sentido, y su implementación será clave para asegurar que la Argentina esté preparada para enfrentar las amenazas del futuro, mientras continúa promoviendo la paz, la seguridad pública y la justicia.
Borinsky, presidente y juez de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor y pos doctor en Derecho Penal, vice Presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal.
Garay, prosecretario de Cámara de la CFCP. Magíster en Derecho Penal - Asesor del proyecto de reforma del Código Penal.
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