Temores, agravios e inconsistencias de la vicepresidenta

Anteayer, Cristina Fernández hizo uso del derecho de decir sus “últimas palabras” en el marco del proceso que se le sigue por la causa Vialidad, en la que el fiscal Luciani solicitó una pena de 12 años de prisión para ella y en la que, el martes, el tribunal oral emitirá su veredicto.

Como imputada, su alocución fue clásica, porque es normal que los imputados descalifiquen las acusaciones, desacrediten las pruebas y aun aseveren, en el caso de ser funcionarios, que son perseguidos políticos. El problema es que la imputada es la vicepresidenta de la Nación, y como tal, sus palabras y afirmaciones pusieron crudamente de relieve todas sus características personales, concepciones institucionales, temores e inconsistencias.

Ponerse por encima del fiscal y de los integrantes del tribunal juzgador, desacreditarlos, autopercibirse más relevante que ellos y victimizarse son actitudes que reflejan, en toda su dimensión, no solo el egocentrismo, el narcisismo y la megalomanía del personaje, sino también sus concepciones políticas e institucionales.

Cristina Fernández tuvo, y tiene, un profundo desdén por el Estado de Derecho y el sistema republicano de gobierno. Por el primero, porque no admite más límites que los que el pueblo puede fijar a través del sufragio, subestimando los que la misma Constitución Nacional dispone. No por nada ha manifestado, en alguna ocasión, que nuestra ley fundamental es antigua y que debe aggiornarse.

La notoria profesión de fe autócrata-antirrepublicana de la vicepresidenta se muestra nítidamente al no aceptar el rol independiente que, en un régimen republicano, tienen los fiscales y los jueces, a los que descalifica por no contar con la legitimidad democrática de origen que ostentan aquellos funcionarios elegidos mediante el voto popular. De allí su peyorativa expresión “partido judicial” para referirse a ellos.

Esa diatriba antirrepublicana también fue expuesta en su último alegato, en la causa Vialidad, al comparar a los jueces que la escuchaban con un “pelotón de fusilamiento”, como si en esta causa en la que se la juzga no hubiera tenido el derecho de defenderse a través del debido proceso que constitucionalmente se le asigna a todo acusado, por graves que fueren los delitos que se le imputan.

Las manifestaciones agraviantes espetadas por Cristina Fernández respecto de jueces que integran un tribunal de la Nación, que ni los integrantes de la Junta Militar se animaron a expresar respecto de los de la Cámara Federal que en su momento los condenó, esconden el profundo y justificado temor de ser condenada.

En efecto, las pruebas aportadas por el Ministerio Público Fiscal, tímida e inconsistentemente refutadas por la defensa de la presidenta del Senado con increíbles argumentos (por ejemplo, que la relación entre Báez y los Kirchner “era privada”), son las que le aportan a la acusada la percepción de que será condenada, a tal punto que ni siquiera ha tenido tiempo de analizar qué hará, si eventualmente fuera absuelta, con toda esta friolera de agravios y acusaciones que ha vertido, sin tapujos, contra jueces y fiscales.

Mal que le pese a la expresidenta de la Nación, y más allá de la sentencia que se dicte en esta causa, la historia sabrá qué hacer en su oportuno veredicto; es de esperar que el pueblo también haga lo suyo en las urnas.

Abogado constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional (UBA)