Te lo digo por tu bien
El gobierno del presidente Fernández ya tomó la decisión: el próximo default de la deuda externa argentina será entre 2025 y 2028. No está definido el año preciso, pero la determinación ya está tomada.
Esta afirmación merece una aclaración: el gobierno emitió un documento que se puede bajar de la web del Ministerio de Economía que define las condiciones de sostenibilidad de la deuda externa.
Esas condiciones dependen de tres actores: los acreedores privados, el Fondo Monetario Internacional y la Argentina.
El primer paso está dado: se llegó a un acuerdo que permite un alivio en los pagos hasta el 2024. A partir de ese año suben los compromisos hasta llegar a un primer pico en 2028, luego una carga importante en 2031, que se reduce levemente de allí en adelante.
Según el citado documento, con el Fondo Monetario Internacional (sic) "la intención es buscar un nuevo programa que permita que el préstamo existente con el FMI sea refinanciado hasta que la Argentina pueda acceder a los mercados internacionales de deuda a tasas razonables". Es posible que esa condición se alcance porque el organismo sabe de la imposibilidad argentina de pagar la deuda que es demasiado grande y al fondo no le resultará posible pasar a considerarla en default.
La decisión de Fernandez es incumplir la parte argentina de las condiciones de sostenibilidad que el propio gobierno emitió. El documento menciona 18 veces la expresión "largo plazo" y "mediano plazo", y el Gobierno no está dispuesto a mirar el mediano y largo plazo para honrar los compromisos y volver a crecer. De hecho, el gobierno decidió, junto con el futuro default, que no haya crecimiento y que crezca la pobreza.
Es que en esas 18 menciones aparecen compromisos: de crecimiento sostenible de la economía, de una trayectoria fiscal coherente, de bajar la relación de deuda respecto del PBI del país, de restaurar la capacidad de pagar de los intereses, de desarrollar un mercado de capitales local en pesos y reducir relativamente la deuda en dólares, de acceder al mercado internacional de capitales a tasas razonables de entre 5% y 4.5%, de mejorar del entorno macroeconómico para los inversores, de crecimiento de las exportaciones, y de alcanzar un superávit fiscal hasta llegar a una posición de reservas de 70.000 millones de dólares para enfrentar futuros shocks externos.
Esos compromisos no son de un gobierno, porque en el mediano y largo plazo los gobiernos cambian: son de la Argentina. Los detalles de las "condiciones de sostenibilidad" comprometen la distribución del ingreso y las prioridades del gasto público, no son neutros en materia social, política y regulatoria. En lo monetario: ¿hasta cuándo seguiremos financiando el déficit con emisión? ¿qué tiempo nos damos para que ese déficit comience a bajar? En lo fiscal: ¿menos gasto o más impuestos? ¿a quién más impuestos? ¿a quién afectar con la caída del gasto? ¿a la educación y la pobreza de niños y jóvenes o a los jubilados? La política de desarrollo: ¿con qué estrategia? ¿exportación o sustitución de importaciones? ¿seguir inflando el AMBA o tener instrumentos para el desarrollo de las provincias? ¿cómo mejorar la empleabilidad frente al cambio tecnológico? Para tener una moneda y un mercado de capitales, ¿cómo, con qué decisiones? Acceder al mercado de internacional de capitales, ¿no se requerirá un consenso que muestre a la Argentina y no a un gobierno circunstancial?
Estas preguntas y muchas más, están implícitas en las condiciones de la Argentina para hacer sostenible la deuda. Demandan un acuerdo de las fuerzas políticas argentinas, para luego convocar a los gobiernos provinciales y a los sectores sociales. Nadie puede tomar en serio un compromiso de un gobierno que termina su ciclo en el poder en los años en que los pagos de la deuda son insignificantes. Menos aún, cuando ese gobierno alcanzó apenas poco más de la mitad de los votantes.
El gobierno de Fernández prefiere el default del 2025/2028, el estancamiento económico y el aumento de la pobreza antes que convocar al estudio, debate y acuerdo con la oposición, provincias y sectores sociales.
Y el motivo es conocido por todos: un acuerdo de esa naturaleza, podrá incluir el compromiso de un indulto pero no la violencia sobre el Poder Judicial para exonerar de cargos a la vicepresidente. Las pruebas son abrumadoras y la mayor parte de la sociedad no avalaría semejante atentado contra las instituciones. Y tampoco los acreedores externos que hacen un culto a la credibilidad de esas instituciones.
La opción del Presidente es clara: optó por el pacto de impunidad, antes que por su deber para con la República Argentina y su castigado pueblo.
La respuesta a la decisión del presidente Fernández la dio Edmundo Rivero, con un tango de Oscar Valles : "Avivate "frate" mío, te lo digo por tu bien".
Miembro del Club Político Argentino
Por Luis Rappoport
Conforme a los criterios de
