Sociedad civil: un actor que amplió el espacio de lo público

Los 30 años de democracia consolidaron a la sociedad civil como un actor relevante del proceso político en la Argentina. En este período, la agenda accionable, las formas de representación y las tensiones para el desarrollo de la sociedad civil evolucionaron junto con la trayectoria del Estado y los partidos políticos, y ampliaron el espacio de lo público en nuestro país.

Durante la dictadura, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y organizaciones como el CELS protagonizaron la demanda de restauración del Estado de Derecho. Por primera vez en la historia del país, la sociedad civil logró construir, con autonomía de una asociación estatal, corporativa o partidaria, suficiente legitimidad social y política para demandar al Estado por sí misma. En un país donde el Estado preexistía a la sociedad civil, ésta salió al auxilio de la legitimidad constitucional del primero. De hecho, algunos años después, la Conadep estaría formada por figuras cuya ascendencia y prestigio público tenían mayormente origen en su trayectoria en la sociedad civil. Todo este proceso dejó una marca de origen que todavía hoy agrega prestigio y poder de representación a una parte importante de las ONG en el país.

En los 90, la sociedad civil aumentó su densidad y heterogeneidad, por razones en ocasiones contradictorias. Nacieron las asociaciones de defensa de consumidores tras las privatizaciones y en mercados más sofisticados. Sin embargo, aparecieron otros agrupamientos para representar desocupados, jubilados y minorías que ganaban en visibilidad, pero tenían débil representación en la estructura político-partidaria. Si bien el activismo público creció notablemente en estos años, el Poder Ejecutivo controlaba mayormente el ritmo de asignación de beneficios.

Aunque lentamente, la reforma constitucional de 1994 inauguró la era de la democracia de derechos. La revalorización de la Constitución como ancla del proceso político, la incorporación de nuevos derechos y el respaldo de los tratados internacionales potenciaron el accionar de las organizaciones. De a poco comenzó a instalarse el litigio estratégico de actores no estatales como mecanismo de promoción de derechos en salud, medio ambiente y libertad de expresión, entre otros. Hacia fines de esta década comenzaron a ganar protagonismo las organizaciones que, además de impulsar la acción directa sobre casos testigo, promovían un debate sobre las orientaciones de política pública que los explicaban.

Demandas fragmentadas

La desintegración institucional de 2001 dejó, como ha señalado Juan Carlos Torre, un tendal de huérfanos de la acción estatal y la política partidaria. Nuevos movimientos sociales, diversas ONG de políticas públicas y un sinnúmero de esfuerzos comunitarios para la provisión de bienes esenciales irrumpieron en el espacio público. La democracia ganó en densidad participativa, pero a la vez en complejidad para la agregación de intereses por canales institucionales. Las instituciones políticas debieron procesar demandas más fragmentadas, inmediatas y a veces contrapuestas. Así, la mirada intertemporal -el mediano plazo- para las políticas públicas perdió ascendencia.

La Justicia, en especial la Corte Suprema, gana relevancia en un juego político de estas características. Diversas cuestiones impulsadas por ONG de perfil cívico llegaron hasta la Corte u otros tribunales como instancia final de orientación de políticas que atienden a un derecho constitucional. Más recientemente, y acompañadas por las nuevas tecnologías, surgieron causas y movilizaciones que, intensas pero breves, son también expresiones de la sociedad civil.

En estos 30 años, la sociedad civil contribuyó a generar espacios para el ejercicio de derechos, puso en agenda y prestó voz a intereses no representados por los partidos políticos y constituyó un espacio para ejercer la democracia a escala micro. El crecimiento de la sociedad civil ha ampliado la noción de lo público más allá de lo estatal.

El progreso de la sociedad civil no está exento de desafíos. En los últimos años, en algunos sectores opera un proceso de movilización y asimilación en el Estado que pone en riesgo la identidad y las causas originarias de creación como instancia de la sociedad civil. Es fundamental que las propias organizaciones propicien mejores procesos de rendición de cuentas y transparencia frente al Estado y al resto de la sociedad. Además, toda expresión de la sociedad civil debe asumir y reconocer que representa intereses legítimos pero parciales, lo cual supone una vocación para articular en el proceso político escenarios de agregación de intereses.

Del lado del Estado, se adeuda un marco jurídico e impositivo moderno, que promueva la sustentabilidad de las ONG en sus figuras organizativas, posibilidades de recepción de fondos desgravables e instancias de control. Un marco jurídico acorde también contribuirá a un sector social más profesional e innovador, con el que la democracia ganará en calidad.

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