Sitiar a la Corte
Un viejo proverbio árabe advierte que la palabra pronunciada no vuelve. Y otro, que después de haberla soltado, esta te domina. El Presidente de la República dio su discurso en la apertura de la 139° Asamblea Legislativa y generó polémica. Acostumbrado a la verborragia, encendió -en nombre de la paz- un nuevo capítulo de confrontaciones, teniendo como destinatario principal al sistema judicial y, en particular, al máximo tribunal de Justicia.
Muchos de los argumentos que el Presidente utilizó para justificar los cambios en el sistema judicial podrían aplicársele a la poderosa clase política y dirigente argentina: “está en crisis”, “parece vivir en las márgenes del sistema republicano”, “sus miembros (…) disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad”, “la relación corporativa que los vincula…”, “el tenor de los hechos llamativos que día a día asoman…”; solo por mencionar algunos extractos de sus palabras. En la Argentina la culpabilidad siempre es hermana de la ajenidad.
Por otra parte, pidió al Congreso, “con el solo propósito de mejorar la calidad institucional de la República”, que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Nada dijo en su alocución, en cambio, sobre fortalecer los controles dentro del Poder Ejecutivo. Nada, sobre una Oficina Anticorrupción con verdadera capacidad e independencia. Nada, sobre controles de emergencia en situaciones de emergencia. Nada, sobre la vergonzante deuda desde hace más de 12 años, de promover en el Congreso la designación del Defensor del Pueblo de la Nación. Quizás por aquello de que la palabra callada, te hace su dominador.
Desde el acceso de Alberto Fernández al poder, comenzaron a oírse voces de un sector de su gobierno vinculadas a construcciones de persecuciones judiciales y al uso indebido del Estado, fundadas en la doctrina del lawfare. Luego, se crearon comisiones para justiciar cambios y embates; se intentaron -dentro de las facultades y a veces sobrepasándolas- desplazamientos y reposición de jueces; movimientos de magistrados -vía designaciones-; pedidos de acogimiento al sistema de jubilaciones; archivo de denuncias en el Consejo de la Magistratura; ensayos de leyes de amnistía o decretos de indultos (luego desmentidos); un proyecto de reforma judicial del fuero federal que la Cámara de Diputados decidió pausar, y hasta una propuesta para disminuir las mayorías necesarias para la designación del Procurador General -jefe de los fiscales-, quien tendrá un amplio protagonismo en el inminente sistema acusatorio. Un breve, pero ilustrativo, racconto de lo que el mismo Presidente definió como la “politización de la justicia”.
En estos tiempos, la necesidad tiene forma de Corte Suprema. El juego de aumentar o disminuir el número de sus miembros, tan utilizado como evidente, se encuentra desgastado. El nuevo diseño institucional propuesto por el Presidente -de dudosa constitucionalidad- pretende solucionar la “lentitud” de la justicia incorporando una nueva instancia a través de un “Tribunal Federal de Garantías” que solo extendería aún más -e innecesariamente- la definición de los procesos. La modificación del recurso extraordinario, la definición de su “exacta competencia” y las precisiones sobre la doctrina de la “arbitrariedad” se parece más a un intento de sitiar a un Alto Tribunal esquivo, al que no logra doblegar, que a la “buena intención” de circunscribir sus funciones y “reinstalar la confianza en las instituciones”.
Algunas reglas de oro de la calidad institucional enseñan que el diseño institucional debe ser integral, que si se proponen modificaciones debe tenerse muy en claro cuál es el problema que intenta resolverse, y que para garantizar una implementación exitosa deben aprobarse por consenso (no pueden imponerse por la necesidad de un grupo). El sistema judicial debe mejorar, es cierto. Acortando los procesos, evitando la impunidad, apostando a la oralidad, promoviendo la intervención directa de los jueces, auditando y midiendo su funcionamiento. Haciendo las correcciones con su intervención y apoyo.
Ese mismo proverbio árabe también dice que no regresa la oportunidad perdida.
Director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral
Por Marcelo Bermolén
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