Sin voluntad política no hay gestión cultural

En estos días se convoca a discutir en distintos foros regionales el proyecto de una ley federal de cultura que, entre otras cosas, prevé fijar un porcentaje determinado del presupuesto nacional -el 1%- para su financiación. Es entonces conveniente evocar el origen de la sacralización de esa cifra precisa, que ha sido bandera de las demandas sectoriales en diversos países del mundo, a tal punto que la propia Unesco ha terminado por recomendarla.

Cuando en 1958 Charles de Gaulle, presidente de Francia, decidió dotarse de un área de cultura de rango ministerial, con el propósito de unificar una nación dividida entre resistentes y colaboracionistas, convocó al escritor André Malraux para hacerse cargo de esa tarea. El autor de La condición humana había desarrollado una intensa actividad antifascista antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial; participó más tarde en la liberación de su país y en la invasión a Alemania, para terminar, finalmente, formando parte del proyecto de De Gaulle con diversas responsabilidades políticas.

Cuentan que hubo una primera reunión de gabinete, en la cual De Gaulle sentó a Malraux a su diestra y abrió el juego a sus futuros ministros, burócratas implacables que no tomaban en serio al escritor, para que expresaran sus aspiraciones presupuestarias. En esa oportunidad, el general les solicitó que elevaran sus aspiraciones presupuestarias a quien iba a manejar la cartera económica. Como en una reunión de la mafia en Chicago, cada funcionario acercaba su papelito doblado a quien iba a presidir el área de hacienda. Al recibirlo, el economista resoplaba, ponía caras de contrariedad y echaba miradas furibundas a quien se lo había enviado, a lo que seguía una sorda reconvención acompañada por una cifra sugerida que ponía de nuevo las cosas en su lugar. Mientras esto sucedía, Malraux se atormentaba pensando qué monto proponer para un ministerio inexistente, cuyos límites no se podían precisar aún. Finalmente llegó su turno y envió el billete confidencial, esperando el gesto adusto o la reconvención oportuna, ya que su conocimiento en materia de programación presupuestaria era para ese entonces nulo. Y lo inexorable sucedió: el futuro ministro de finanzas abrió el papelito, vio la cifra y tuvo un sobresalto acompañado por una fuerte negación con la cabeza, a lo que siguió una cara avinagrada. Finalmente miró con fijeza a Malraux y le espetó: "Eso es una locura, ¡ponga el 1%", sin dejar demasiadas opciones para el debate o la concertación. Malraux asintió y su 1%, tan científicamente determinado, se convirtió en un nuevo canon universal, similar al del "metro patrón" de platino iridiado de nuestros estudios juveniles.

Lo curioso del caso fue que Malraux nunca alcanzó el famoso 1% recomendado entonces por el ministro de economía (logrado finalmente por Jack Lang en el gobierno de Mitterrand) y nunca, al parecer, superó el 0,34% del presupuesto nacional francés, una cifra inferior a la que disponía el área de Bellas Artes antes de la Primera Guerra, según lo señala Vincent Dubois. A pesar de esto, el escritor llevó a cabo una labor infatigable a favor de la cultura, que siempre contó con el apoyo político de De Gaulle, quien veía en esa acción de gobierno una manera de volver a reunir a los franceses en torno a sus tradiciones culturales y su creatividad.

De lo cual puede deducirse que, en este delicado campo de acción política, lo importante no es, básicamente, el porcentaje del presupuesto nacional que se solicita para una actividad, sino los contenidos, el sentido de la inversión y el gasto, la planificación de aquélla y, en suma, la razón de ser de una nueva estructura administrativa del Estado que debe justificar su existencia y sus propósitos, sobre todo al alcanzar un estatus ministerial. Varias provincias argentinas han promovido en estos años leyes en este sentido que luego no contaron con la decisión del Ejecutivo para solventarlas, lo que prueba que no basta con tener un soporte jurídico cuando una actividad no forma parte de las prioridades de la voluntad política. Consideremos, por ejemplo, la utilidad de haber creado un Instituto Nacional de la Música, que administra un fondo creado por una ley de la Nación. Su existencia deberá redefinirse, a lo mejor, en el marco de la nueva ley de cultura que se propone para el futuro.

Por consiguiente, lo importante no es tanto reclamar recursos adscriptos -algo que aborrecen los ministros de economía-, sino justificar para qué se quieren utilizar, ya que provienen de los impuestos de los ciudadanos y a ellos deben volver en acciones y servicios que los beneficien, más allá del interés restringido que el colectivo de los artistas tenga al respecto.

¿Cómo promover el desarrollo y la difusión de las artes? ¿Cómo integrar la tradición de la cultura burguesa con la vitalidad de las expresiones populares contemporáneas? ¿Cómo sostener nuestra identidad en un mundo globalizado a la fuerza por los centros mundiales de creación de contenidos? ¿Cómo acercar a la vida de cada ciudadano las expresiones de su propio legado cultural y las manifestaciones de los creadores e intérpretes de su tiempo, para devolverle el orgullo de su cultura? ¿Cómo lograr que las expresiones de la cultura de los argentinos y el producto de sus industrias de contenidos se difundan en el mundo? Son algunos de los interrogantes que nos obligan a considerar el futuro de la administración cultural de la Argentina y el fortalecimiento de la creación, el reconocimiento de los valores heredados y el estímulo a todos aquellos que, como artistas y creadores o como públicos activos, desean mirarse cada día no al uno sino al ciento por ciento en el espejo de su propia vida cultural, la de su tiempo, la de la comunidad que integran.

El autor es músico y especialista en políticas culturales